¿Policías o delincuentes?: el crimen con uniforme en Venezuela

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Por. Nehomaris Sucre

La línea que separa a delincuentes de policías se ha hecho muy delgada en nuestro país. Durante este mes un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue descubierto como integrante de la banda de secuestradores «los Efectivos de Mariche». El hombre se dedicaba a secuestrar comerciantes junto a dos expolicías de la misma institución. Este caso es solo uno en la enorme lista de funcionarios que cometen crímenes en Venezuela.

A principios de abril ocurrió otro suceso que nos dejó perplejos: en el estado Sucre seis miembros del Cicpc asesinaron a un joven disparándole en el corazón, pues presumieron que la víctima iba a sacar un arma de fuego, aunque realmente estaba buscando su portachequera. Así la mala praxis policial se llevó la vida de un ciudadano inocente.

En Miranda detuvieron a 5 policías y 2 militares mientras sustraían 3.000 kilogramos de hierro desvalijando un galpón. Parece una fechoría de delincuentes comunes, pero fue perpetrada por hombres “formados” para defender la justicia.

Mientras tanto, Zulia es uno de los estados con más casos de funcionarios procesados por delitos. Entre los meses de enero y abril fueron detenidos seis policías y seis militares vinculados a los crímenes de contrabando, venta de cupos para surtir combustible y tráfico de gasolina. A estos números se suman siete policías solicitados por extorsión.

Lo paradójico del asunto es que, mientras los uniformados delinquen, existen grupos irregulares que imponen su ley, como ocurre en el sur del país donde las comunidades indígenas denuncian que paramilitares controlan las minas.

Así funciona el caos fabricado por el Estado-Psuv. Bajo la bandera del socialismo prometieron crear al “hombre nuevo”, pero solo abonaron al aumento de la delincuencia en todos los niveles, incluso dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.

La policía y los derechos humanos

Otro mal que caracteriza a los cuerpos de seguridad del país es la violación a los derechos humanos. Según Provea y el Centro Gumilla, en 2021 hubo 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los estados con mayor número de víctimas fueron Aragua (158), Carabobo (221) y Zulia (234).

Asimismo, el informe señala que el Cicpc fue, en el lapso analizado, la instancia más letal, 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales, un 24.54% del total.

Sucede que el gobierno de Nicolás Maduro se ha centrado en utilizar a los organismos de seguridad y defensa como piezas claves para el control social, limitando el ejercicio de los derechos civiles por parte de los ciudadanos. En sus inicios, mientras esto se fraguaba, las bandas se estructuraban en las Zonas de Paz y algunos policías y militares, con dudosa formación, se fueron sumando al crimen organizado.


NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe

Politóloga y militar retirada.

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