El 2 de julio se cumplió un año de la injusta detención del profesor universitario Javier Tarazona, quien además es un defensor de derechos humanos que contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2020 ante los graves riesgos, amenazas e intimidaciones que sufría por el ejercicio de su vocería crítica.
Quiero aprovechar la oportunidad para recordar que los universitarios críticos, así como los defensores de derechos humanos, suelen ser puestos en la mira de los regímenes autoritarios, pues obviamente, en las dictaduras no son bienvenidos ni el conocimiento científico crítico, ni los informes o declaraciones públicas que hacen visibles las violaciones de derechos humanos. La situación es muy parecida a la de Cuba y Nicaragua.
La detención de Tarazona es un ejemplo más de la reducción del espacio cívico en Venezuela, la cual es tan grave que ha sido reiteradamente denunciada, inclusive por órganos internacionales de derechos humanos, entre estos varias Relatorías de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la CIDH.
Tal como ha sido reiterado en Venezuela contra los “enemigos del gobierno”, también llamados “contra-revolucionarios”, a Tarazona junto a otros activistas de Fundaredes, le imputaron delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio, reflejos de la crisis gravísima del sistema de justicia en el país.
Las violaciones han sido muchas, no solo por la detención arbitraria y las irregularidades en relación al debido proceso, sino por la comisión de posibles torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el profesor universitario Tarazona, lo cual debe ser investigado y sancionado.
¿Por qué Tarazona era tan incómodo para el gobierno de Maduro?
Tarazona es profesor de Educación Integral en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y docente invitado de pregrado y postgrado en universidades de Chile, Colombia, México y Bolivia. Ha combinado la docencia universitaria con el activismo crítico en materia de derechos humanos.
En los últimos años, sus denuncias llegaron a la prensa nacional e internacional, así como a instancias internacionales. Entre ellas destacan trabajos sobre esclavitud moderna en Venezuela, las mafias organizadas que controlan el suministro de gasolina en las regiones fronterizas del país, la vinculación de funcionarios del Estado con grupos armados irregulares y la crisis educativa, tanto de escuelas y liceos, como de universidades.
¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios?
La sociedad civil y la comunidad universitaria de Venezuela han exigido la liberación de Tarazona y su equipo desde el primer día de la detención arbitraria. Han manifestado preocupación por su salud, ante la necesidad de atención médica especializada.
Esta labor de denuncia debe seguirse haciendo desde las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.
El caso del profesor Tarazona representa un ejemplo más que demuestra que los universitarios críticos, así como los defensores de derechos humanos, son sujetos que requieren especial protección en contextos autoritarios, porque en casos como éste se transgreden además de los derechos humanos ya referidos anteriormente, la libertad académica, la libertad de expresión y de pensamiento. Los nuevos principios interamericanos sobre libertad académica son claros al vincular el valor de estos derechos con la democracia.
Luego de 365 días tras las rejas, el profesor universitario y director de la ONG @Fundaredes, Javier Tarazona, es víctima del patrón de persecución a la disidencia en Venezuela. Su salud y su vida están en riesgo. Él no cometió ningún crimen. ¡Defender derechos humanos no es un delito! #LiberenaJavierTarazona
DAVID GÓMEZ GAMBOA | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
El Pitazo no se hace responsable ni suscribe las opiniones expresadas en este artículo.