Las sanciones: lo que no dijo la relatora de la ONU sobre Venezuela

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LOS PITAZOS DEL DIRECTOR


Por: César Batiz

Antes de incrementar el nivel de indignación que produjo el informe de los resultados preliminares de la visita a Venezuela, presentado el 12 de febrero por la relatora especial de la ONU para el estudio del impacto negativo de las sanciones, sobre los derechos humanos en nuestro país, afinemos el foco para conocer a la funcionaria que estuvo 12 días en el país, lapso en el cual se reunió con al menos 50 personas, sobre todo con los miembros del gobierno de Nicolás Maduro, algunos líderes políticos de oposición, representantes de ONG y víctimas de la violación de DD. HH. Además, estudiemos el propósito de su visita, para luego abordar lo que no dijo o las medias verdades que plasmó en el documento.

Alena Douhan nació en Bielorrusia. De la universidad estatal de ese país egresó con un PHD en Derecho Internacional y Europeo. Hasta 2019 fue vicerrectora de una pequeña universidad fundada hace 90 años, la International University Mitso. 

También trabajó para la ONU en la oficina en Minsk, capital de Biolorrusia, y en el Tribunal Económico de la Comunidad de Estados Independientes, conformada por 15 naciones de la ex Unión Soviética. 

No perdamos de vista que todo esto ocurre en un país gobernado por Aleksandr Lukashenko, un mandatario autoritario, amigo antes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quien se mantiene en el poder desde julio de 1994. 

¿Cómo se selecciona a la relatora?

Ligia Bolívar, fundadora de Provea y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que los candidatos a relatores se presentan de forma independiente, pero cuentan con el apoyo de sus gobiernos para poder obtener el respaldo de otras naciones integrantes de la ONU. 

Se interpreta entonces que Lukashenko tuvo que dar el visto bueno a su nominación y, por lo tanto, también puede retirarle la silla, cuando Douhan sea incómoda para el dictador bielorruso.

Bolívar apunta otros aspectos muy importantes para poner en contexto la visita y el reporte de la relatora especial. Dice la experta que la ONU procura la cobertura equilibrada de los países. Por eso no debe extrañar que un chino, ruso o bielorruso esté al frente de una relatoría.

Un aspecto aún más importante es que, según Bolívar, existe una serie de países a los que no les interesan los derechos fundamentales, los cuales tomaron lugar en el Consejo de DD. HH. de la ONU y desde allí crean relatorías especiales que distraen recursos y esfuerzos, sin lograr una protección real o efectiva de las víctimas de violación de los DD. HH. 

Ese análisis de la fundadora de Provea permite ir al origen del asunto. No se podía esperar más del reporte presentado por Douhan, cuando su descripción de actividad indica que es la “relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. 

Vino a lo que venía, no hay más. Únicamente vio las consecuencias de las sanciones, pero jamás las causas, como lo indicó en entrevista con El Pitazo, Mariela Ramírez, vocera de Dale Letras e integrante del Foro Cívico Nacional. 

Las consecuencias, sin causas

El relato de lo obviado por Douhan puede ser extenso, pero intentaremos ser lo más preciso posible:

  • Olvidó que las sanciones comenzaron en 2014, luego de la represión a las protestas que se iniciaron, precisamente, el 12 febrero hace nueve años, tras el asesinato de Juancho Montoya y Bassil Da Costa, este último muerto por una bala disparada por un funcionario del Sebin. Ni siquiera porque el día de la rueda de prensa se cumplía un aniversario más de esos acontecimientos, la relatora tuvo la consideración de mencionar tal antecedente. 
  • Las sanciones se incrementaron tras hechos como el desconocimiento a tres diputados de Amazonas, electos en diciembre de 2015; la represión de 2017; y la elección presidencial de mayo de 2018, desconocida por más de 50 países. 
  • En ninguna de las 17 páginas, la relatora realiza alguna mención a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, la cual investigó 223 casos y examinó otros 2.891 para conocer los patrones de violaciones y crímenes. Por supuesto, ni una reseña a la masacre de Óscar Pérez y de sus compañeros en El Junquito, ni a Fernando Albán, ni al capitán Rafael Acosta Arévalo. 
  • La relatora destaca la caída de los ingresos petroleros y responsabiliza de esto solo a las sanciones. La destrucción de Pdvsa se inicia en la década pasada gracias a la corrupción y la ineficiencia, hecho que se agrava en 2014 cuando comienza la progresiva caída de la producción. También habla de la poca posibilidad de acceder a la gasolina importada. Este país tuvo refinerías que abastecieron cerca de 80% el mercado interno hasta 2010. Hoy, el Gobierno importa 90% de la gasolina que consume el parque automotor que logra estar activo debido a la falta de combustible.
  • También obvia los efectos de la corrupción e ineficiencia en los sectores eléctricos, gasíferos y hasta en la educación y salud. Además, habla de medicinas gratuitas repartidas por Nicolás Maduro, cuando en realidad, antes de que su gobierno entregara la importación de medicinas y alimentos al sector privado, era casi imposible hallar antihipertensivos y antiansiolíticos, por ejemplo. 
  • Un ejemplo que demuestra la intención de la visita se observa cuando la funcionaria compra por completo el discurso oficial al pronunciarse acerca del hecho de que 53 niños no han podido recibir el trasplante de hígado y médula ósea por “el desvío de los activos de la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo”, cuyo control está en manos de la gestión de Juan Guaidó. Ignora Douhan que la estatal petrolera incumplió desde enero de 2018 con el pago a la fundación italiana encargada, a su vez, de cancelar a los hospitales de Italia que operaban a los niños. Tal como lo informó El Pitazo, Pdvsa incumplió pago para el trasplante de médula ósea mucho antes de las sanciones.
  • Una obviedad muy reveladora fue la no mención de la reunión con Juan Guaidó de una forma diferenciada, como sí lo hizo con miembros del Ejecutivo de Maduro. Al líder de la oposición lo nombra solo en el cuarto párrafo de la página tres, porque en enero de 2019 EE. UU. lo reconoció como presidente interino, lo que refuerza la criminalización de su accionar político. 

La revisión de las sanciones

Pese a destacar los hechos obviados e ignorados por la relatora especial y que resulta evidente que la funcionara puso el énfasis en las consecuencias y no en las causas, también es cierto que debe considerarse la efectividad de las sanciones para lograr la necesaria transición política en paz y con democracia.

En primer lugar, tal como lo demuestra el estudio realizado por Consultores 21 para el Foro Cívico Nacional, estamos en una Venezuela de la sobrevivencia y ese solo hecho lleva a que los ciudadanos se concentren en resolver el día a día y no en participar en acciones colectivas u organizarse para procurar el cambio democrático. De esa forma las sanciones ayudan a desarticular y no a articular la protesta.

Las sanciones que no estén coordinadas entre los países y con objetivos y metas claras, poco pueden lograr, sin que además no se cuente con la presión interna, lo cual una vez más nos lleva a la articulación de la protesta.

En entrevista con Crónica Uno, el representante del Grupo Wola, Geoff Ramsey, expresó que: “Sabemos bien, estudiando casos de países sancionados como Corea del Norte, Irán, Cuba que las sanciones raras veces producen un cambio político, deben ser acompañadas de algún incentivo claro para la cúpula que está en el poder”. ¿Cuál será ese incentivo? ¿Cómo puede la sociedad civil y las organizaciones políticas llegar a esa cúpula que sería determinante para lograr la transición?

Finalmente, aunque el reporte preliminar de Douhan provoque indignación, el texto debe servir para reconocer que un gobierno como el de Maduro necesita de terceros para que le enmiende la plana en materia de DD. HH., lo que también significa que a su gestión le quedan pocos argumentos. También es una oportunidad para reconocer que existen oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos presionen por una solución democrática a la crisis venezolana. 


CÉSAR BATIZ | @CBatiz

Periodista egresado de la Universidad del Zulia, especializado en Periodismo de Investigación. Director de El Pitazo.

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