Por: José Aguilar
Durante la revolución energética y la continuada crisis (desde 2005 hasta el presente), el Sistema Eléctrico de Venezuela ha sufrido de un libertinaje del cual se han aprovechado los antiéticos para cometer actos corrupción, sobrecostos, retrasar o abandonar proyectos, dejando megavatios (MW) desinstalados en almacenes en el país y en el extranjero o simplemente expuestos a la intemperie. El país enfrenta diariamente una escasez de energía que afecta gravemente la calidad de vida, la economía, la salud pública, las telecomunicaciones y los servicios de agua.
Esta tragedia ha sido a menudo atribuida por el Gobierno, así como por pseudo expertos incompetentes (alegando independencia del gobierno), principalmente al nivel del agua de la represa hidroeléctrica de Guri, lo que alimentó una expansión desordenada y mal concebida de la flota térmica sin la debida coordinación con el suministro de combustible requerido. Actualmente, el nivel de la presa Guri está cerca del 80% de su volumen útil, pero abundan los cortes de energía. Si uno quiere asignar la responsabilidad de este desastre, no necesita ir más allá de la administración actual que durante más de dos décadas ha estado en el poder.
A continuación mostramos la contabilidad de MW, partiendo del estudio que hemos hecho desde EE. UU. como parte del equipo de asesores para la recuperación del Sistema Eléctrico Venezolano:
- MW prometidos: 20.149 MW
- MW completados: 12.158 MW
- MW abandonados o dejado incompletos y variados estados de desorden: 7.987 MW
Irónicamente, 2.023 MW compuestos por 76 turbinas de gas están almacenados en depósitos o dispersos a la intemperie, la mayoría de ellos en el país.
Se gastaron más de 50 mil millones de dólares, muchos proveedores e instituciones no recibieron el pago completo por una suma cercana a 4 mil millones de dólares y los 7,987 MW incompletos requerirán nuevos financiamientos en deuda externa estimada en unos 4 mil millones de dólares si uno eligiera perseguir todos estos proyectos -algo que no es necesario en una nueva realidad-, sin contar con las engorrosas disputas contractuales que sin duda surgirían de proseguir con estos.
Esta fue una aberración técnica, dañina ambientalmente con un excesivo enfoque en la generación de energía, además del negligente descuido de las redes de transmisión y distribución del sistema interconectado que han recibido cantidades insuficientes de recursos para mantener la requerida calidad, confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico.
Los 50 mil millones de dólares habrían sido más que suficientes para completar todos estos proyectos y algunos otros. Pero la codicia y la corrupción desenfrenada arruina a una nación que alguna vez fue próspera y que ahora tiene la capacidad insuficiente para satisfacer sus más elementales necesidades energéticas.
A Venezuela se le prometió una revolución energética, lo que recibió a cambio y lo que agónicamente vive es una severa depresión energética, que ha dejado en un 38% las necesidades energéticas del país insatisfechas, ruinosa situación que ha obligado al éxodo masivo de la población cercana a 7 millones a otras naciones.
Lamentablemente, esta impunidad sin parangón está generando más “acuerdos de corrupción” en obras que no resolverán la escasez energética de Venezuela, sino que la perpetúan.
Para colmo de males, solo unos pocos de los actores responsables después de este colosal abuso al tesoro, confianza pública de Venezuela y vidas perdidas están siendo señalados por sistemas de justicia de otros países. Ese es el único rayo de justicia que vieron a muchos actores beneficiarse de este robo sin precedentes.
Por el contrario, el disfuncional sistema de justicia venezolano ha estado trabajando horas extras para “exonerar” a las partes responsables, lo que revela que la corrupción solo se paga con más corrupción y también evidencia la falta de ética y pequeñeces de algunos profesionales que deberían saber mejor que prestarse a semejante travesía contra sus personas, su profesión y la nación.
JOSÉ AGUILAR | @SoyJoseAguilar
Consultor internacional de sistemas eléctricos y empresas de servicio público.