La inmolación de las prestaciones sociales y el “sacrificio” del empresariado

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En nuestro país, las prestaciones sociales son reconocidas legalmente desde 1936. Hoy, de conformidad con el artículo 92 constitucional, son un derecho que busca recompensar a los trabajadores por su antigüedad y ampararlos al momento de quedarse cesantes o sin empleo. Aunque vigentes, han desaparecido de los beneficios laborales de los trabajadores venezolanos en una economía que sobrevive a punta de bonos.

Por: Pedro Arturo Moreno

El 27 de octubre Nuevo día titulaba: “La OIT propone ley para aumento de salario”. Esta “travesura” de redacción —cuesta creer que fuera por ignorancia, conociendo la mano chavista que mece esa cuna— corrió como fuego en paja seca.

Representar a Fedecámaras en la OIT no autoriza a Jorge Roig a hablar a nombre de esa estructura tripartita. Él representa los intereses de la mayor corporación empresarial venezolana, hoy en coyunda con los intereses de la administración de Maduro. Lo que dijo Roig la semana pasada ya lo había expresado el 9 de septiembre:

Yo estoy proponiendo que haya una ley de emergencia laboral que, por lo menos por un espacio de dos años, permita que se aumenten los salarios pagando bonos por fuera, sin que eso tenga una repercusión en las prestaciones. Y no es nada novedoso, pues se permite que se pueda pagar mejor cada mes y al final las prestaciones sociales en dos años [lo] discutiremos, pero en estos tiempos de inflación, donde los salarios no alcanzan, creo que sería una solución que al actual patrono le permite pagar salarios sin tener que estar aterrado por la influencia en las prestaciones”.

Huelgan comentarios. El obrero entiende: comida pa’ hoy y hambre pa’ mañana. Roig, mirando la plebe desde arriba, añade: “… para que no diga que lo estás olvidando”. Se sigue a pie juntillas las orientaciones antiobreras y liberalistas de Maduro: bonos para medio sobrevivir, mientras el empresario se llena las faltriqueras de churupos, negando cualquier indemnización a futuro.

Orlando Camacho, de Fedeindustria, también lo confesó: “Para mantener a los obreros enganchados, pagamos por fuera del salario bonos que no aparecerán en ningún papel”. Los intereses de clase son algo muy serio: están por encima de esas palabrejas: libertad, democracia, trabajo decente, soberanía e independencia.

Quien más duro les respondió, desde su misma acera, fue María Corina Machado: “… un empresario es quien genera riqueza, empleo y valor a la sociedad. Esto solo es posible en libertad; con estado de derecho e igualdad ante la ley. Hacer plata en un sistema mafioso, a punta de privilegios, es fácil. Ésos no son empresarios”. Con el simplísimo error, decimos nosotros, de que no son los empresarios los que crean valor, sino que es el trabajo vivo, la fuerza de trabajo del asalariado, la única fuente de elevación del valor: ¡máquinas e insumos serían nada sin ella!

Un poquitín de historia

La seguridad social tuvo sus inicios en tiempos precapitalistas. Basada en la solidaridad de esclavos, siervos de la gleba o miembros de algún gremio de artesanos. Así nacieron los montepíos, las sociedades de auxilio mutuo, las mutuales y otras asociaciones dirigidas a atender al trabajador y su familia, en caso de muerte, enfermedad, accidente o incapacitación.

Los sistemas de seguridad social modernos nacen a fines del siglo XIX, de la mano del canciller prusiano Otto von Bismark. Precisamente, se inician con el fin de cortar la influencia de comunistas y socialdemócratas en las luchas de los asalariados por mejores condiciones de vida y de trabajo.

En nuestro país, las prestaciones sociales son reconocidas legalmente desde 1936. Hoy, de conformidad con el artículo 92 constitucional, son un derecho que busca recompensar a los trabajadores por su antigüedad y ampararlos al momento de quedarse cesantes o sin empleo.

Un evento de significación en el país, en cuanto a prestaciones sociales, se dio alrededor de la Agenda Venezuela (1997). Gobernaba Caldera, fundador de la democracia cristiana, junto a un enorme chiripero que incluía al MAS y el PCV.

El ser Teodoro Petkoff uno de sus principales impulsores hacía creer que nos dirigíamos a una mejor consistencia del ingreso salarial, difuminado por la extrema bonificación. En mayo de 1997, el salario mínimo era 15 mil bolívares, apenas una quinta parte del ingreso que llegaba a 75 mil, por los cinco bonos del Ejecutivo.

No fue así. La eliminación de la retroactividad en prestaciones no trajo mejores salarios, como ofreció Fedecámaras. Quienes laboraban en universidades, industria petrolera y fuerzas armadas prefirieron quedarse con la retroactividad.

Queda para la historia y los análisis precisar hasta qué punto lo infructífero de esos acuerdos tripartitos dieron fuerza al mesías que un año después llegaría.

¡Hasta cuándo solo concesiones contra el trabajador!

El reto del movimiento obrero y sindical venezolano ante estas circunstancias no es sencillo ni fácil. No tenemos el apoyo de los partidos que se oponen al oficialismo. El dictador está envanecido y se ufana hasta de arrodillar a la justicia estadounidense.

La unidad de clase aún está en preparativos. Las estructuras sindicales requieren de una urgente renovación. Hay que armarse de propuestas con la reciedumbre histórica de los cambios que requiere nuestro país.

Que el diálogo y las negociaciones beneficien a los trabajadores depende de la fuerza y decisión que mostremos en la conquista de los derechos, estrechamente vinculada al logro de un cambio sustancial en el rumbo de Venezuela.

PEDRO ARTURO MORENO | @pedroxmoreno / instagram: pedroxmorenobr

Secretario Ejecutivo de la CTV, responsable de DDHH. Trabajador gráfico: corrector de pruebas y editor

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