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domingo, 16 enero, 2022

La equivocada polarización frente a las vacunas contra el COVID-19

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Por: Angeyeimar Gil

El COVID-19 llegó para quedarse y debemos aprender a vivir con él, como ya hemos hecho con la influenza, el sarampión, la poliomielitis, entre otras enfermedades y virus. Dos años lleva el mundo haciéndole frente a una pandemia que ha generado mucho daño en todos los ámbitos de la vida. Primero, la esperanza reposaba en la creación de una vacuna. Hoy, con casi 5.5 millones de muertes y 307 millones de personas contagiadas en el mundo, nos encontramos con la discusión entre quienes se vacunan y los antivacunas.

Se trata de una discusión que debe darse con enfoque de derechos humanos, que sale del ámbito de lo científico, ya que la base del mismo radica en la salud pública que coloca en jaque otros derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud individual, la educación, el trabajo y el desarrollo, en el marco de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Y cuando hablamos de DDHH siempre aparece la libertad como un valor esencial.

La libertad individual estará supeditada a la libertad colectiva porque somos seres sociales, vivimos en sociedad y nuestros actos repercuten en las demás personas. Recordemos la idea de que “los derechos de uno llegan hasta donde comienzan los del otro”. Además, esta coyuntura nos permite comprender con mayor precisión que la libertad está más relacionada con reconocer las normas que debemos cumplir, los límites que no debemos cruzar para una convivencia armoniosa y asumir las consecuencias si los pasamos.

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De manera que, frente a una diatriba que se centra en un derecho colectivo como la salud pública, la alternativa va a ir encaminada a tomar decisiones que afectan colectivamente, que incluyen a todos. Acciones con base en la solidaridad social, incluso sobre los prejuicios particulares.

La vacunación obligatoria o las limitaciones contra los antivacunas

Costa Rica fue el primer país del mundo en establecer la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, incluyéndola en el esquema de vacunación nacional para niños y niñas en noviembre de 2021 (aplicándose la medida en 2022). Ecuador hizo lo propio a finales del 2021 y Austria fue el primero de Europa en establecer la obligatoriedad. 

Otros países han establecido limitaciones como la exigencia de un pase COVID-19 para poder ingresar a espacios públicos o no esenciales o multas ante la no vacunación (Grecia) y algunos están aún discutiendo nuevas leyes que potencien las medidas preventivas dirigidas a disminuir el número de contagios y de muertes (Francia, Alemania, Letonia, entre otros). Frente a las nuevas  variantes del virus y las olas de contagios que avanzan con mucha rapidez se generan medidas para ponerle freno y ante la renuencia, la coerción y la obligación, se presentan como opciones para países que no han logrado importantes tasas de vacunación.

La amenaza de despido por parte del banco Citigroup a los empleados que no se vacunen antes del 14 de enero o la detención y limitaciones para participar en el Open de Australia del tenista serbio Novak Djokovic, han generado un revuelo importante en los medios de comunicación y en la opinión pública porque se trata de medidas extremas. Pero en ambos casos las medidas, aunque extremas, buscan contrarrestar la propagación del virus, lograr la protección de las personas y también disminuir el gasto de empresas y Estados frente a enfermedades graves que pueden prevenirse o minimizarse los riesgos. En definitiva, disminuir las complicaciones y las muertes no parece una medida descabellada. Aunque es mínima, la población que se niega a vacunarse, hacen bastante ruido con argumentos refutables científicamente.

La salud pública como prioridad frente al COVID-19

Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que la salud debe ser preservada a través de medidas sanitarias y sociales que incluyen alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, en correspondencia a los recursos públicos y comunitarios disponibles. De allí que se establezcan medidas sociales para proteger la salud, como la necesidad de vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar a varios países del mundo, si eres procedente de Venezuela.

Si decides no vacunarte, no viajas a esos países porque pones en riesgo al resto de personas. De igual manera debe pasar con el COVID-19, si no te vacunas, asumes limitaciones de movimiento, no poder viajar o acudir a lugares públicos porque pones en riesgo a la comunidad.

La exigencia de la vacuna obligatoria parece ser la mejor medida, ya que no limita el ejercicio de otras libertades. Pero es una decisión política y de los Estados. Estos son los responsables de garantizar los DDHH. En países en los que se optó por las limitaciones de acceso a espacios públicos y pases de COVID las protestas aumentaron. Pero cuando se estableció la obligatoriedad de la vacuna, aumentaron los vacunados y disminuyeron las manifestaciones. Parece ser una medida más clara y de rápido cumplimiento.

Esta medida supone que exista disponibilidad de vacunas, operativos públicos y accesibles y que las vacunas sean de calidad. Igualmente, debe contemplarse la educación de la comunidad, la gente debe saber por qué, cómo funciona, su efectividad, entre otras informaciones que brindan seguridad y certeza y que promueven la vacunación voluntaria, aunque obligatoria.  


ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil

Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)

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