Douglas González: otro luchador preso por Maduro

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Por: Pedro Arturo Moreno

Encontrándome a medio camino de un escrito sobre la importancia de Guayana en el impulso de un plan de desarrollo nacional —el pasado viernes 5 de agosto se realizó un debate a propósito en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz—, y ante la inminencia de otro evento sobre la unidad de la clase obrera en esa región —a realizarse el venidero sábado 13 con el nombre de “II Zonal sindical y gremial”—, me veo en la obligación moral de cambiar el tema. La “justicia” de Maduro ha puesto tras las rejas a otro luchador social. Y, aunque distante más de 600 km, este sindicalista irá a hacer compañía a Reynaldo, Alcides, Gabriel, Néstor, Emilio y Alonso.

Hace diez días, el martes 2 de agosto, una comitiva de dirigentes sindicales se dirigía de San Félix hasta Caracas, en representación de una asamblea donde participaron 43 sindicatos de Guayana. Venían con la encomienda de interponer ante el TSJ un recurso de amparo contra la imposición arbitraria del instructivo ONAPRE a los trabajadores amparados por contratación colectiva de la región suroriental. Reforzaría, aunque no propiamente en aspecto jurídico pero sí políticamente, el recurso de nulidad interpuesto por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Averu, y las otras solicitudes de amparo.

Encabezaba el grupo el compañero Fidel Brito, presidente de FetraBolívar, y entre los sindicalistas se encontraba Douglas González, dirigente de los trabajadores de la empresa Venalum. En una alcabala cerca de Puerto Píritu, el compañero Douglas, luego de mostrar su cédula de identidad, es detenido por la policía de Anzoátegui, sin dar muchas explicaciones. Posteriormente nos enteramos de que su apresamiento se debía a una acusación hecha por la fiscalía de Puerto Ordaz, por la realización de un paro laboral el 15 de agosto de 2018 motivado al incumplimiento de beneficios laborales.

Douglas estaba entre los sindicalistas y trabajadores procesados por el “delito” de adelantar un paro de brazos caídos por la negación de la empresa CVG-Venalum de pagar los salarios como lo convenía el contrato colectivo. “Debieron haber pagado 40 % de sus sueldos y por decreto 25 % de la diferencia del aumento salarial de acuerdo con la tabla salarial, pero la empresa no hizo ni lo uno ni lo otro y canceló menos de 25 % de lo que había cancelado la semana anterior”, informó José Villasana, para ese entonces delegado del Comité de Higiene y Seguridad Industrial.

La actitud de los trabajadores al declararse en huelga de brazos caídos fue tomada pasando por encima de la dirigencia sindical, varios de ellos acusados de esquiroles y de estar al sevicio del patrono-Estado. El paro fue total, aunque tuvieron la precaución de tomar las medidas necesarias para no producir daños estructurales a la planta industrial.

Vemos que las oleadas de protestas que este año 2022 se han levantado —en reclamo de salarios dignos y respeto a la contratación colectiva y la libertad sindical— tienen el mismo origen que las desarrolladas en 2018, cuando fueron motivo para las acciones que hoy el régimen de Maduro castiga en la persona de Douglas González, otro luchador social que cae en las garras de la “justicia” de Maduro.

El memorando 2792 del ministerio del Trabajo saldría dos meses después del paro realizado por los compañeros de Venalum en 2018. Era la respuesta de Maduro para cubrirse “legalmente” las espaldas, y poder a diestra y siniestra mochar y desconocer la “progresividad” de las reivindicaciones laborales. Además, dicho memorando era la base para que Maduro, ahora a través del instructivo ONAPRE, siguiera con su política de desconocimiento y violación de reivindicaciones conquistadas en décadas de lucha, y asentadas en principios de la relación laboral aceptados en todo el planeta… aunque en muchas partes sea solo en la letra de las leyes.

La tarde del martes 9 de agosto —una semana después de ser detenido, en abierta violación de los lapsos legales— se pudo realizar la audiencia de presentación del compañero Douglas González, imputación hecha por el Fiscal 1ro. de Puerto Ordaz, acusándole de seis delitos.

La Juez 4ta. de Control ratificó lo solicitado, dictó privativa de libertad y estableció como lugar de reclusión la Policía Nacional, con sede en San Félix. Habrá un lapso de 45 días para que se realicen las diligencias probatorias sobre los hechos investigados: 1) supresión y paralización de industria del Estado; 2) supresión ilegal del  trabajo; 3) daño a la  propiedad  pública; 4) desacato; 5) obstaculización de la vía pública, y 6) agavillamiento.

Este jueves 11 de agosto, el pueblo trabajador vuelve a levantarse en son de protesta y para ratificar sus reclamos sobre el robo de sus vacaciones y demás violaciones contractuales. A estas banderas, ahora hay que unir la exigencia de libertad para Douglas González. Ya basta de tanta agresión, saña y desvergüenza, por parte de este régimen oprobioso.

Nuestra apuesta debe ser para que la unidad que va fraguándose entre todos los trabajadores sea lo más amplia e incluyente. Que levante un pliego de demandas, en donde se combinen la exigencia de salarios dignos, seguridad social y respeto a la contratación colectiva y la libertad sindical, con la bandera de salvación de nuestra escuela, de nuestra universidad, de nuestra industria, en fin, de nuestra Venezuela libre y soberana.

PEDRO ARTURO MORENO | @pedroxmoreno / instagram: pedroxmorenobr

Secretario Ejecutivo de la CTV, responsable de DDHH. Trabajador gráfico: corrector de pruebas y editor

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