Democracia y expectativas: el rol de la comunicación política ante una eventual transición

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Por Saúl Barbosa

¿Qué tan complicada sería la conducción política del país durante una hipotética transición y cuál sería el papel de la comunicación política para un adecuado manejo de la opinión pública? Más importante aún, ¿cómo se instrumentaría la relación entre costes sociales-aguante y expectativas en la población venezolana a la hora de realizar reformas en el ámbito político y económico? Pues bien sabido por todos es que una eventual transición supondría un esfuerzo dantesco de parte de nuestra sociedad ante los desafíos políticos y socioeconómicos que actualmente atraviesa el país.

El simple hecho de contar con una población depauperada, sumamente vulnerable, sensible, con una profunda desconfianza hacia las instituciones políticas y con altas expectativas a una mejora cuando menos significativa de las condiciones materiales, son -entre otras cosas- algunas de las particularidades que pueden dificultar cualquier intento de una reinserción democrática exitosa.

Sobra decir que tener una población que se estima, según un reciente informe del Banco Mundial, padece de una pobreza por ingreso del 90% no ayudaría mucho a la hora de realizar las reformas anteriormente mencionadas; el aguante de amplios sectores ante los costos sociales sería muy bajo y -en algunos casos- nulo.

A esto se suman décadas de una política comunicacional vertical, antidemocrática, maniquea, simplista, revanchista y economofóbica que ha sido diseminada por el gobierno y asimilada por muchos venezolanos, permeando su matriz epistémica y con ello su forma de percibir los distintos fenómenos que se presentan en el país, impidiendo que pueda comprenderse lo acontecido en la actualidad.

Es ante esta situación donde la comunicación política jugaría un papel fundamental, pues serviría para procesar tensiones, para priorizar objetivos, para marcar una agenda, para sincerarse dentro de lo posible, y más importante aún, para desmentir cualquier mito demagógico que impida llevar a cabo reformas económicas necesarias o un proceso de reestructuración del cuerpo político. En resumen, su papel es evitar o al menos intentar neutralizar el surgimiento de la anti política y de falsas expectativas dentro de la opinión pública, ya que sólo desembocaría en frustración para la población.

Dicha política comunicacional nociva debe ser contrarrestada y reemplazada por una comunicación política democrática si se desea iniciar un proceso de cambio sostenible en el tiempo para el país. De no hacerlo se corre el riesgo de fracasar y peor aún, se corre el riesgo de desmoralizar aún más a la población en un mediano plazo y de generar una sensación de incapacidad colectiva en la misma como consecuencia del desconocimiento y la desgracia previamente citada, tal como afirmaba el antropólogo Conrad Kottak, en su libro Antropología Cultural, al decir que: «Los prejuicios y la ignorancia propagan la creencia equivocada de que la desgracia y la pobreza son el resultado de falta de capacidades» (Kottak, 2002).

Un ejemplo histórico de lo que sucede cuando no se articula correctamente la comunicación política es el tristemente conocido Caracazo, un suceso que, por antonomasia, se encuentra fresco en la memoria colectiva del país, pues en la actualidad seguimos pagando sus consecuencias, este hecho histórico se originó y fue posible, en parte, por la ausencia de una política comunicacional clara y eficiente que hiciera posible llevar a cabo cambios institucionales estructurales de manera sostenible.

El mismo, en esencia, constituyó una reacción entrópica de la sociedad, fue producto del descontento de una parte de las élites del país acostumbradas a los privilegios del proteccionismo económico. En especial de los dueños de los medios de comunicación, que ya desde los años 70 mantenían una álgida relación con el entonces presidente Pérez, articulando para ello una marcada agenda setting en contra de la administración electa en el 88 visibilizando de manera notable la abundante corrupción y el malestar colectivo. Esto facilitó que un sector vulnerable de la población, que para aquel entonces se encontraba descontento por el deterioro de sus condiciones de vida y viendo frustradas sus expectativas iniciales, estallara violentamente en contra del proceso de transformación económico iniciado tras una contundente victoria electoral en el año 1988, momento en que el bipartidismo venía presentado un agotamiento crónico y la falibilidad de las instituciones políticas se daba por sentado en la opinión pública.

No hay que olvidar nunca que la política es verbo y acción, y que precisamente dos de los vicios que pueden vulnerar su ejercicio son la lentitud y la transmisión inadecuada de información; la primera muchas veces puede ser vista como sinónimo de inacción e ineptitud por la opinión pública. La segunda, en cambio, es letal y puede viciar la acción condenándola al fracaso, incluso desde mucho antes de que esta comience a ser llevada a cabo.

Saúl Barbosa, estudiante de Historia en la UCV
Twitter: @Derepublica2000.

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