Cota 905: ¿»Zona de Paz» o valle de balas?

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En agosto de 2017, como parte de las políticas de seguridad del Estado que venían implementándose desde 2013, la Cota 905 se declaró como una “Zona de Paz”. Más allá del lenguaje propagandístico, esto implica en términos prácticos que ninguna fuerza de seguridad del estado entraba al territorio a cambio de que el crimen organizado no matara a los policías.

El estado entregó, voluntariamente, a un grupo del crimen organizado (la banda de “el Coqui”) su función más elemental: el monopolio del uso de la fuerza. Esto siempre es una mala idea y el pasado 26 de julio, el Cicpc lo experimentó en carne propia cuando decidió incursionar en la Cota 905.

De manera resumida, cuatro (4) funcionarios del Cicpc entraron en la “Zona de Paz” como parte de sus investigaciones criminalísticas y fueron recibidos a punta de plomo por los integrantes de la banda de “el Coqui”. El relato se puede consultar aquí. Ahora bien, este caso sirve de ejemplo para resaltar varios aspectos preocupantes de las instituciones de seguridad en Venezuela, especialmente en las “Zonas de Paz”:

  1. Bien relataron los miembros del Cicpc una realidad conocida ampliamente: los grupos criminales están más y mejor armados que los cuerpos de seguridad ciudadana del estado. Por negligencia -grosera- del Estado, hay sectores del país donde sólo pudiesen entrar la Faes, el BAE o algún componente de la fuerza armada. Este es el caso de la Cota 905. Por haber otorgado la soberanía sobre un territorio al crimen organizado, los cuerpos regulares de seguridad ciudadana o investigaciones criminalísticas ya no pueden entrar a hacer sus labores.
  2. El Estado es cómplice de los grupos criminales al armarlos con equipos solo accesibles para el Ejército o tiene controles tan laxos que se permite que el crimen organizado esté tan armado.
  3. Las Zonas de Paz, junto con los penales, son centros de operación del crimen organizado por omisión y voluntad del Estado venezolano. Tienen licencia oficial para operar con impunidad.
  4. La visión del régimen es únicamente política, lo cual afecta ampliamente la moral de los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana y, en especial, al Cicpc, probablemente el cuerpo más respetado de todos. Los videos alusivos a Óscar Pérez así lo demuestran. Igualmente, es desmoralizante para los funcionarios ver cómo el crimen organizado presume de su impunidad y poderío en las redes sociales, sin que el Estado tome acción.

Y entonces, ¿qué se hace?

Al igual que en política, no existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las Zonas de Paz son una de las peores estrategias en la región para reducir la violencia y la delincuencia. Sin embargo, de manera sorprendente, Venezuela no ha sido el único lugar en donde se ha intentado. En El Salvador se intentó algo similar en 2015, en donde, si bien los efectos positivos fueron muy breves, dejaron problemas estructurales que solo afincaron el problema una vez el Estado quiso rectificar.

En particular se sugiere:

  1. Reestructurar las fuerzas de seguridad del Estado, comenzando por las cabezas directivas y políticas a cargo de la seguridad ciudadana. Se debe liderar con el ejemplo. Mientras las instituciones de seguridad ciudadana y defensa estén a cargo de personas que no tengan necesariamente el mérito académico, profesional y ético; es imposible que las fuerzas del Estado no se encuentren desmoralizadas y sintiéndose impotentes.
  2. Alinear las prioridades del Estado con las prioridades presupuestarias: la seguridad en Venezuela no es prioritaria. Se invierte significativamente más en el sector de defensa que en el de seguridad ciudadana. Los beneficios y condiciones laborales del ejército y, en general las FFAA, son desproporcionadamente superiores a los de los policías en Venezuela. Mientras no se tome en serio, desde la perspectiva presupuestaria, la seguridad ciudadana, es muy complejo que las instituciones respondan al nivel que requiere el reto que tienen por enfrente.
  3. Tener una estrategia clara e integral para atender la violencia y la delincuencia. El crimen organizado debe ser enfrentado con todo el peso de la ley y toda la inteligencia que permita el análisis de información. Se sabe quiénes son los delincuentes, cómo se ven, cómo operan. Falta voluntad. Se debe velar por aproximaciones que vayan desde la prevención del delito hasta la reinserción social, pasando por patrullajes basados en evidencia y una investigación y judicialización efectiva. Las Zonas de Paz deben ser eliminadas, pero se debe tener una estrategia para retomar el control de los territorios con la menor letalidad posible y entendiendo el rol social que juega el propio crimen organizado en las comunidades donde está.
  4. Dignificar la función policial: No sólo hablamos de sueldos, un servicio profesional de carrera bien elaborado, infraestructura y equipamientos decentes, entre otros. En Venezuela, la policía es mal vista socialmente. Como sociedad, somos muy poco empáticos con nuestros policías y generalizamos de manera frecuente las actuaciones corruptas o incorrectas de algunos funcionarios. Portar el uniforme no solo es peligroso sino también puede llegar a ser vergonzoso. Esto debe cambiar. Los policías deben, sin duda, profesionalizarse y evitar conductas ilegales, pero la sociedad también debe valorar y apoyar a sus funcionarios, quienes arriesgan diariamente la vida para protegernos. Es quizá uno de los cambios más difíciles, pero más importantes. Basta ver el respeto que merecen los policías en Colombia, Ecuador o Chile para tener una referencia de lo que deberíamos aspirar como sociedad en el mediano plazo.

¿Imposible? Para nada. ¿Difícil? Sin duda. Necesitamos parte de nuestras mejores mentes y voluntad política vertidas para transformar la realidad que afrontamos como sociedad. Sin embargo, ¿cuántos políticos o técnicos escucha realizando propuestas en materia de seguridad o prevención? Más aún, ¿cómo reaccionaría usted si su hijo, hermano, amigo le dijera que quiere ser policía o que se quiere dedicar a trabajar en una policía o fiscalía? Temas para reflexionar…

Cambiar el «valle de balas» por una verdadera Zona de Paz requiere de voluntad política, presupuesto y nuestras mejores mentes.

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