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lunes, 21 septiembre, 2020

Corte Penal Internacional tiene en la mira a Maduro

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Finalmente la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, se refirió a las denuncias interpuestas ante ese organismo contra Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios por delitos de lesa humanidad, señalando que el examen del caso se encuentra en su etapa final y habrá decisión en los próximos meses.

La declaración la dio Bensouda en una entrevista para el grupo de periódicos de América y, aunque no ofreció más detalles, esa poderosa declaración indica que en los próximos meses habrá una decisión, algo que llena de esperanza a millones de venezolanos, puesto que una condena de la CPI contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad o violación de derechos humanos puede significar el fin de su régimen.

La propia CPI abrió de oficio, el 8 de febrero de 2018, una investigación preliminar para determinar si en Venezuela, al menos desde abril del 2017, se habrían cometido crímenes que fueran de su competencia.

Posteriormente en noviembre de 2017, por separado, el TSJ en el exilio y Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, pidieron a la CPI que investigara denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos que involucran a Maduro y a sus funcionarios.

La presión sobre la CPI siguió acentuándose cuando en septiembre del 2018 Argentina, Canadá, Paraguay, Chile y Perú presentaron un recurso para que se investigara al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad, petición que se sustenta en los informes elaborados por expertos de la OEA, la CIDH y los altos comisionados de la ONU.

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Aunque la percepción que tienen los venezolanos sobre la CPI, alimentado por los sectores de oposición, es que es un organismo inservible y alienado a Maduro, su pronunciamiento final puede determinar la continuidad del régimen.

Las condiciones del país, que hoy en día nadie duda de calificarla como de tragedia humanitaria, la postura que tienen la mayoría de los países en el mundo de que en Venezuela hay un gobierno que usurpa el poder y que viola los más elementales derechos humanos pesarán mucho a la hora de que la CPI emita su veredicto final, que no puede ser otro que la culpabilidad de Nicolás Maduro.

Si me preguntan, yo diría que la decisión de la CPI es la más firme esperanza que podemos tener los venezolanos, aunque esa coletilla de próximos meses nos aturda, ya que la situación actual es insostenible y la oposición no parece encontrar un camino a corto plazo para liberar al país.

Los venezolanos le envían al mundo un mensaje de SOS, la pandemia del COVID-19 se le ha escapado de la mano al gobierno de Maduro, los casos en el estado Zulia, aunque el régimen intente ocultarlo, ya es de alarma y la población se encuentra indefensa. Los migrantes viven en las calles de los países donde se fueron en busca de bienestar y las decenas de miles que quieren regresar se encuentran estancados en las fronteras de Colombia.

Mientras tanto la oposición se encuentra aturdida, rebasada por sus problemas internos, con renuncias de importantes fichas del partido que ostenta la presidencia interina. Los que conforman el llamado G4, sus propios partidarios acuden al brazo político del gobierno: al TSJ para que reconozca otras autoridades a las establecidas. En estos tiempos de tragedias se limitan a proclamar un gobierno de emergencia, algo que nadie entiende y que lógicamente no va a solucionar nada.

Esta falta de unidad de la oposición no permite que se aprovechen las fracturas del gobierno que se evidencia con la detención del colombiano Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro, por lo que el anuncio de la fiscal del CPI es también un llamado para que las fuerzas que adversan a este gobierno recobren la vitalidad de la lucha en la calle por nuestra libertad.

Marco Hernández es periodista y fundador de la ONG Periodistas por la Verdad. @hmarcovalor

El Pitazo no se hace responsable ni suscribe las opiniones expresadas en este artículo.

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