Confirman un plan terrorista en Venezuela y muestran la cadena de mando

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El equipo de investigación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela determinó con precisión la cadena de mando de los actos de lesa humanidad de los que se acusa el Gobierno venezolano. El mando va desde el más alto poder y los funcionarios públicos de mayor jerarquía política en el Gobierno. Desde el mismo presidente hasta los funcionarios directos que participaron en el plan terrorista. Sí, terrorista porque se llama Terrorismo de Estado y está tipificado en las leyes internacionales como tal.

Por: Jesús Hermoso Fernández

Son 122 páginas y más de 400 entrevistas las que utilizó el equipo de investigación para determinar el plan y los responsables. En ellas se sustenta con precisión las formas y características de un plan terrorista que se desarrolla en Venezuela para atentar contra la paz social y los ciudadanos.

La misión de investigación fue creada en septiembre de 2019 para trabajar por un período de un año y confirmar así que desde 2014 hasta la fecha, se ha ejecutado un plan terrorista cuya misión es la violación sistemática de los derechos humanos contra los opositores en Venezuela.

Como era de esperarse, la misión requirió de una renovación de dos años más, dada las condiciones difíciles en las que una investigación de este tipo puede hacerse en Venezuela, país que padece un régimen político que acumula las mismas acciones de una dictadura sanguinaria, pero impide que se le califique de esta forma y apela a “la izquierda internacional” para disfrazarse de “gobierno obrero” y de democracia social.

El equipo de investigación también determinó con precisión la cadena de mando. No es un funcionario de baja calificación. El mando va desde el más alto poder y los funcionarios públicos de mayor jerarquía política en el Gobierno.

Desde el mismo presidente hasta los funcionarios directos que participaron en el plan terrorista. Sí, terrorista porque se llama Terrorismo de Estado y está tipificado en las leyes internacionales como tal.

Pero como era de esperarse, la respuesta del régimen ha sido calificar el informe, que tiene detalles demasiado precisos e ineludibles, sustentados con testigos directos, de ser “falso y sin fundamentos”. Además, prepara una contraofensiva y un plan contra los resultados de la investigación que busque atenuar la culpa internacional, ineludible ya a este nivel.

Amenazó además a los que hicieron el informe y quienes lo promueven, de “que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes (…) frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión”.

El lunes, 26 de septiembre, se sometió a prisión a un grupo de dirigentes sindicales y luchadores sociales, casi todos militantes de Bandera Roja, con un expediente cuya “prueba contundente” son conversaciones poco fiables de grupos de Whatsapp de los que proliferan en el país.

El régimen los somete, según declaran los familiares y los propios prisioneros, no solo a torturas directas y físicas sino a un régimen de tortura derivada, que somete al hambre, la sed y las condiciones y el hacinamiento más degradante que pueda padecer un ser humano, preso político en este caso; además de someter a la familia a un sistema penitenciario privatizado, descrito también en el informe de la ONU.

Sin embargo, el régimen de Miraflores asegura ser un “Estado democrático y social, de derecho y justicia, que asume la promoción, respeto y protección de los derechos humanos”. Mientras, descalifica un informe que muestra lo que se ha hecho, y que tiene la confirmación actual directa de que sigue en plena ejecución. Es el cinismo más abyecto el que muestran.

Este mismo día, 26 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó de manera formal el informe, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Este es su tercer informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. En su presentación informa de manera detallada que el plan terrorista continúa con “casi total impunidad”.

En la presentación, la misión de investigación señaló lo siguiente: “Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido información sólida con respecto de la participación de funcionarios de la DGCIM y el SEBIN, como autoridades del más alto nivel político, en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas”. Pero ¿quién las investigará? Queda de los venezolanos actuar de forma decidida para parar la acción de este grupo terrorista.

JESÚS HERMOSO FERNÁNDEZ| @Jesus_Hermoso
Periodista de investigación. Editor. Escritor

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