COLUMNA BLINDADA | Maracaibo, la foto de un estado fallido

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Sin luz, sin agua, sin ley. Así estaba Maracaibo el 11 de marzo. La segunda ciudad del país e importante eje petrolero del continente sufrió una ola de saqueos a empresas de todo tipo: desde un centro comercial hasta una planta de cigarros o un hotel. 

Sumergida en la total anarquía, el estado de facto, de manera voluntaria o por negligencia, se quedó de brazos cruzados mientras cientos de personas saqueaban con total impunidad. ¿Dónde está la Gobernación del Zulia? ¿Dónde quedó la Guardia Nacional? ¿El ejército? No hubo respuesta sino hasta mucho después de que el daño se hubiese materializado.

Parte de la población, dejada a la deriva por el régimen, vio con impotencia cómo su fuente de empleo, propiedad o simplemente parte de su ciudad se iba destruyendo. Otra parte, decidió defender sus propiedades como en una película del lejano oeste, a tiros. La ley se hacía a punta de plomo. Barbarie total. 

¿Se volvió Venezuela un Estado fallido?

Un estado fallido, de manera amplia y coloquial, se refiere a la situación en la cual un Estado no tiene control sobre el territorio y/o no es capaz de proveer de los servicios públicos más básicos a la ciudadanía.

En cierta medida, Venezuela es un Estado fallido. El régimen de facto no puede proveer de servicios básicos a la población, como se hizo evidente durante el mega apagón. Lo ocurrido en Maracaibo demuestra que tampoco tiene (o quiere lograr mantener) cierto orden en un territorio. 

Más aún, el llamado de Maduro a grupos paramilitares —llamados erróneamente colectivos— a estar en “resistencia activa” también sugiere que el régimen de facto no tiene un control sobre los cuerpos de seguridad del Estado para acciones de gran escala. O peor aún, que estos no tienen capacidad para contener manifestaciones sociales o alteraciones al orden público.

Sin entrar en la arena política, la imposibilidad de mantener control sobre un territorio, como quedó demostrado en Maracaibo, puede tener importantes impactos negativos en la sociedad y deja al Estado venezolano en un estado de precariedad notable. Un Estado fallido.

¿Qué implica ser un Estado fallido?

La situación en materia de seguridad es ya compleja. Como fue resaltado en un anterior artículo de esta columna, la presencia de grupos irregulares y de crimen organizado ya supone un reto a la autoridad de cualquier Estado que no esté involucrado en actividades criminales, como el régimen actual.

Si bien pareciera que la crisis económica ha llevado a una disminución en algunos delitos, como fue reseñado por el Wall Street Journal, no se puede gobernar efectivamente sin tener el monopolio de la fuerza y sin control sobre el territorio nacional. La imposibilidad de proveer servicios públicos básicos, entre ellos cierto orden público, es signo preocupante de la capacidad que tiene el Estado, especialmente fuera de Caracas, en donde los conatos de saqueos y saqueos fueron controlados de manera mucho más veloz que en el interior.

La Guardia Nacional, ese extraño componente militar que sirve para “mantener el control interno”, no logra realizar su función básica. El ejército también brilla por su ausencia. ¿Quién mantiene el orden interno? 

Parcialmente pareciera que el régimen utiliza los grupos paramilitares para cumplir con la extraña definición de orden interno del régimen (reprimir manifestaciones pacíficas). El régimen delega a organizaciones criminales funciones inherentes de cualquier estado democrático o dictatorial. Se escribe y no se cree. Se lee y tampoco se cree.

¿Qué hacer?

De manera prioritaria, se debe investigar y conocer en profundidad por qué se permitió que Maracaibo fuese saqueada. Muy probablemente la capacidad operativa para hacer frente a este tipo de situaciones esté comprometida, pero se debe saber qué tan comprometida está para tomar acciones y realizar un plan de acción para la restitución del monopolio de la fuerza.

Como sociedad, nada distinto a la destitución y/o renuncia inmediata de todos los encargados de permitir la inmersión de Maracaibo (y el país) en la anarquía es moralmente decente, siquiera aceptable. Sin embargo, para el próximo gobierno, es necesario que la protección de la propiedad privada y la integridad de las personas sobrepase cualquier cálculo político y sea el centro de las políticas tanto de seguridad ciudadana como de defensa. El camino a una restitución integral del monopolio de la fuerza y control territorial probablemente sea largo y complejo. Solo hace falta ver cuánto está costando a Colombia o México, pero en esos casos el Estado es probable que tenga capacidad de actuar para mantener un orden mínimo.

El ejemplo de Maracaibo debería ser un punto de inflexión.

Si pasó en Maracaibo, ¿qué pudiese pasar en San Carlos, Cumaná, Mérida o tantas otras ciudades y poblados en Venezuela?

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