COLUMNA BLINDADA | La seguridad ciudadana: ¿cuestión de militares?

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Para entender las prioridades de un gobierno, más que leer discursos se deben examinar los presupuestos. Políticas públicas sin recursos son retórica y en Venezuela, la seguridad ciudadana bajo el mando de la policía es retórica y la militarización, la realidad.

Analizando los presupuestos de la nación entre 2011 y 2017 (no se consiguen públicamente los presupuestos para 2018 y 2019), es evidente como la prioridad del gobierno jamás fue la seguridad ciudadana o el sector policial sino únicamente el ámbito militar. Para 2017, mientras el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz tenía -según el presupuesto de la nación- 27.282 plazas para personal policial (Policía Nacional Bolivariana principalmente), el Ministerio del Poder Popular para la Defensa tenía más de 489 mil plazas para personal militar. Dicho de otra manera, por cada PNB hay 18 militares; situación difícil de explicar para un país que no está en guerra.

A continuación, una tabla donde se detalla el personal militar, policial (PNB) y de investigación (CICPC) según datos extraídos de las leyes de presupuesto entre 2011 y 2017.

En apenas seis años, se cuadruplicó el personal militar en Venezuela, mientras que el aumento en personal policial descendió (tres veces) y la cantidad de personal de investigación (CICPC) disminuyó. La preponderancia del sector militar sobre el civil es, desde la óptica de la seguridad ciudadana, un error en el cual el gobierno -ahora usurpador- se ha afincado.

En la gráfica se puede observar el crecimiento desmedido del personal militar. Alrededor del 1,67% de la población del país es personal militar. Por cada 60 personas, una es militar. Por cada 1.000 personas, una sola es personal policial. Esta distorsión del personal militar pudiese corresponder a lógicas políticas-partidistas y no de políticas públicas, volviendo al sector militar desproporcionadamente más grande frente a otros sectores y crear, al igual que PDVSA, un para-estado con sus propias empresas mineras (CAMPINPEG), bancos, televisiones, radios, hospitales, entre otros. Es probable que exista más personal militar que personal docente. Las prioridades son las incorrectas, pero se observan bastante claras.

¿Es esta situación una condena a que jamás tendremos un país donde la seguridad ciudadana sea predominantemente civil? ¿Será imposible revertir el peso del sector militar? No será fácil, pero sí es posible. A continuación, algunas propuestas para la desmilitarización de la seguridad, inicialmente expuestas en un trabajo realizado por Ernesto Herrera y Santiago Rosas para Amnistía Internacional en su capítulo Venezuela.

Desmilitarizando la seguridad ciudadana

El proceso de desmilitarización de la seguridad ciudadana debe ser progresivo, continuo y debe ser entendido como un proceso de transformación institucional del Estado. Para ello se propone:

  1. Transferir competencias adquiridas informalmente de la Guardia Nacional Bolivariana a la Policía Nacional Bolivariana: Como ya fue sugerido en la CONAREPOL (2006), la Guardia Nacional Bolivariana no debe cumplir funciones de seguridad ciudadana. Se propone que, de manera progresiva, la Guardia Nacional transfiera las funciones de seguridad ciudadana a la Policía Nacional Bolivariana, limitando su campo de acción a lo establecido en la constitución. Esta transición sólo puede realizarse en medida que se fortalezca la Policía Nacional Bolivariana.
  2. Recapacitar a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana para su incorporación progresiva a la Policía Nacional Bolivariana: Se propone que aquellos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que vengan realizando labores de seguridad ciudadana puedan re-entrenarse para incorporarse a la Policía Nacional Bolivariana. Este proceso de re-adaptación debe realizarse de manera progresiva y no debe aplicar a todos los guardias nacionales sino aquellos que cumplan con unos requisitos pre-definidos y con un proceso de selección y formación de carácter completamente civil.
  3. Eliminación progresiva de los cuerpos militares no establecidos en la constitución y entes descentralizados específicos: Cuerpos tales como la Guardia del Pueblo o la Milicia Bolivariana tienen dentro de sus objetivos la prevención, seguridad ciudadana, la vinculación con el pueblo o hasta “orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los consejos comunales a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas”, suplantando funciones propias de los órganos de policía y en ocasiones, de otros componentes de la fuerza armada o de otros organismos no militares del Estado. También se propone la eliminación de ciertos entes descentralizados tales como el banco de la fuerza armada o la televisión de la fuerza armada si bien se sugiere mantener instituciones de protección social del personal militar.
  4. Fortalecer a nivel presupuestario e institucional al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia frente al de Defensa: Se propone reducir de manera progresiva los más de 450.000 miembros de la fuerza armada y aumentar los policías (PNB) y personal de investigación (CICPC) adscritos al ministerio de relaciones interiores, quienes, en su conjunto, no superaban los 40.000 efectivos para 2017. A nivel presupuestario, también debe aumentarse el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana, en particular se debe mejorar los sueldos y beneficios del personal policial y de investigación.
  5. Sustituir los directivos militares de los cuerpos de seguridad civiles: De manera progresiva, se debe sustituir a los directivos o titulares militares activos de la cabeza de los organismos de seguridad ciudadana, empezando por todos aquellos de formación policial.

Con voluntad política y personas formadas y con experiencia a la cabeza, la desmilitarización es posible y debe ser prioridad de gobierno.

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