Chile: un país de desigualdades

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Chile es un país que transitó por grandes dificultades políticas y económicas en el siglo XX: desde un temprano gobierno socialista, en comparación con el resto de la región, hasta una de las dictaduras de derecha más represivas del continente. Pero sus problemas estructurales siempre estuvieron presentes. Estos son: una geografía complicada que empuja al océano y ofrece poca agua potable y una sociedad conservadora con muy poca movilidad social.

Desde finales del 2019, Chile fue el escenario de masivas protestas, casi absolutamente juveniles, producto del hartazgo causado por privilegios económicos y poca esperanza de mejora. El detonante fue el aumento de apenas unos céntimos de dólar en el pasaje urbano de la empresa Transantiago, pero en realidad esta fue la gota que rebasó el vaso.

Detrás del aumento del transporte había una inflación continuada del combustible, una depreciación del peso con respecto al dólar, abusos de empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y aumento de los precios de la energía eléctrica, producto de un oligopolio en el sector entre Enelchile y Chilectra. Pero sobre todo estaba la perspectiva del chileno común de que estas empresas privadas podían hacer a sus anchas sin que nadie intermediara por los derechos del trabajador y del ciudadano común.

Esa situación fue tan evidente que apenas unos días después de las manifestaciones, que en muchos casos se convirtieron en saqueos, Sebastián Piñera redujo el costo del transporte público y prometió un impuesto especial a las empresas más grandes en Chile.

Elecciones y cambio

Pero la sociedad chilena no se conformó con solicitar la renuncia del presidente por considerar que había manejado mal el poder que se la había dado, no solo por hacer caso omiso al descontento, sino por haber reprimido por la vía de fuerza las manifestaciones ciudadanas. Claro, con la salvedad de que cualquier gobierno democrático debe respetar el derecho de la protesta hasta que estas dejen de ser pacíficas.

Pero la juventud chilena, que ya ve solo en cines y libros los tiempos de la dictadura, siente que los tiempos de Augusto Pinochet están muy lejos y que tanto ese rancio paradigma del Estado que “pone orden” como su constitución ya eran obsoletas. Por supuesto, aún quedan voces en Chile que atribuyen el crecimiento y el desarrollo de este país precisamente a esa constitución, pero ellos no son la mayoría.

Al principio de las protestas, la oposición socialista a Piñera no estaba ni cerca de capitalizar el descontento y menos aún de dirigirlo, pero con la pacificación de las calles tuvieron su momento para hacer de las quejas ciudadanas un clamor por el cambio constitucional. Así, en el 2020 Chile participó en un plebiscito para cambiar la constitución. En realidad la participación fue más bien escueta, con un 51% de casi 15 millones de convocados, pero la respuesta fue rotunda: 78% de los votantes cubrieron con el “Si” casi todo el país, con excepción de dos localidades fronterizas. Las elecciones de los constituyentistas, que debían realizarse a finales de ese año, quedaron pospuestas para marzo del 2021 por motivo de las cuarentenas producto de la pandemia.

La izquierda que había apoyado el “Si” a la nueva constitución sentía que en marzo de este año la convención constituyentista quedaría bajo su control, pero la sociedad chilena volvió a sorprender a sus élites políticas eligiendo sobre todo a candidatos gremiales. La coalición de Gobierno quedó bien posicionada, seguida de cerca por los promotores socialistas, pero detrás de ellos una constelación de nuevas agrupaciones políticas y, sobre todo, un nutrido grupo de independientes que hace imposible que cualquiera de los frentes políticos tradicionales pudiera hacerse una constitución a la medida.

El presidente también será diferente

Como se puede ver, los chilenos no solo piden un cambio en su acuerdo social, sino que además no quisieron que este cambio fuese dominado por un partido o un frente político. Y por si el mensaje no había quedado claro, en las elecciones primarias del pasado 21 de noviembre decidieron rezagar en cuarto y quinto lugar al partido gobernante y a la coalición socialista clásica, respectivamente. En los tres primeros lugares quedaron opciones verdaderamente nuevas. Revisemos rápidamente estos resultados: José Antonio Kast, del Partido Republicano, tuvo 27.91%; Gabriel Boric, de Convergencia Social, 25.83%; y Franco Parisi, del Partido de la Gente, 12.8%. Mientras, el partido gobernante tuvo 12.7% de apoyo, para Sebastián Sichel, y la oposición del Nuevo Pacto Social un 11.6%, para Yasna Provoste.

La derecha no-extrema

Ciertamente, Kast es un político de derecha conservadora, que no solo cree en un Estado pequeño y eficiente, sino que promete reducir de 24 a 12 los ministerios, disminuir los impuestos y el gasto público, incluyendo algunas ayudas económicas que empezaron a otorgarse por las cuarentenas, pero que a su juicio ya no son lógicas, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal y el cuarto retiro (retiro anticipado de los fondos de pensión) de las AFP.

El conservadurismo que él representa, y que es apoyado por su socio, el Partido Conservador Cristiano, se hace palpable cuando se le pregunta por algunas libertades civiles recientemente conquistadas en Chile, como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el aborto despenalizado, dado que en los tres casos está en contra. No obstante, dice ser un hombre demócrata que respeta la ley, y a pesar de tener fuertes convicciones morales, reconoce que son solo personales y que en ningún caso puede imponérselas a la sociedad.

En la materia que nos ocupa a los venezolanos, José Antonio Kast aboga por una vigilancia fronteriza mucho más rígida. Sus ideas van desde construir una zanja en el límite entre Perú y Chile hasta la deportación de cualquier inmigrante que no cumpla con los requisitos chilenos (que aún no ha definido). Su posición sobre la inmigración venezolana no es simple. Reconoce que puede ser útil para el desarrollo nacional, pero argumenta que la entrada descontrolada de los inmigrantes causa un peso importante sobre los servicios públicos y la seguridad ciudadana. Además agrega que la condición principal del migrante venezolano es el deseo de volver a su país y por eso prioriza la ofensiva diplomática contra lo que denomina “la narcodictadura venezolana”.

La izquierda poco comunista

Gabriel Boric, el candidato más joven de todos lo que participaron de la primera vuelta, aboga por un Estado benefactor que mejore las condiciones de las pensiones con dinero público, aumento de los impuestos a las grandes empresas, la lucha contra los oligopolios que están presentes en algunos sectores de la economía chilena, apoyo al surgimiento de la pequeña y mediana empresa, pero a su vez un Estado mucho más planificador de la economía.

Todas esas propuestas de Boric se inscriben en una clásica línea socialista, pero no se acerca a ser radical porque reconoce que la intervención directa por medio de expropiaciones aleja la inversión privada, que, asegura, es necesaria para el crecimiento del país. Argumenta que el crecimiento económico debe estar acompañado de una equidad tributaria que haga pagar más impuestos a los mayores capitales. En su opinión, solo así se logra el bienestar y la estabilidad social.

En cuanto a Venezuela, prefiere no hacer referencias directas, pero sí acusa al Gobierno chileno actual de no establecer relaciones diplomáticas con Bolivia, ya que considera que el problema de la inmigración ilegal venezolana debe ser atendido por toda la región, con énfasis en los países que sirven de tránsito, como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En cuanto al trato a los migrantes, en realidad es también proclive a la deportación, con la diferencia de que rechaza el uso excesivo de la policía y el ejército en estos casos y pone por delante el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los migrantes mientras sean procesados en Chile.

No se trata de extremos

Como vemos, no se trata de posiciones radicales; de hecho, ambos candidatos comparten el fortalecimiento de la policía y la lucha contra el narcotráfico, y hasta cierto punto son críticos de las élites políticas chilenas. Lo que sí comparten, obviamente, es que ambos son outsiders (desconocidos), son políticos con una experiencia reciente y escasa dentro de las instituciones chilenas, y es justo esto lo que la ciudadanía chilena ha estado buscando en las últimas elecciones.

En todo caso, ambos candidatos necesitan, más allá de convencer a los que se abstuvieron de votar en la primera vuelta (un 53% de los inscritos), el apoyo expreso del tercer outsider, el excandidato Franco Parisi, un pragmático de centro, que fue candidato presidencial en 2013, que no ha ocupado ningún cargo público y que ha propuesto a sus votantes que le hagan saber, a través de una encuesta digital, a cuál candidato apoyar.

Moisés Chocrón Fernández | Twitter: @chocterapia
Internacionalista y oficial retirado de la Armada

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