¿Bloqueo o embargo? Ya comenzó la nueva etapa

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Para la mayoría de los venezolanos, la semántica es hoy una materia muy importante, especialmente si de política se trata. Muchas discusiones en redes sociales empiezan o terminan por el empleo de una palabra o una frase que, supuestamente, delata el bando de quien la emite.

Por esto, usar la expresión “gobierno de Maduro” automáticamente nos coloca en la mira como defensor de la catástrofe venezolana o referirse a Juan Guaidó solo por su nombre representa casi un insulto para todo opositor “al narcorégimen castrochavista”.

Es por esto que frente a un micrófono en una entrevista, de entre tantas preguntas importantes que nuestra volátil realidad produce, puede que la primera pregunta que le hagan sea: ¿lo que hizo el gobierno de Trump es un bloqueo o un embargo?

La verdad es que la pregunta no tiene un impacto importante en nuestra realidad, pero no por eso carece de validez. Para saciar esta necesidad creo que llegó la hora de aclararlo: los activos de Venezuela en EE.UU. fueron congelados y esto ni es embargo, ni mucho menos bloqueo.

Las medidas de EE.UU. no fueron emitidas por un tribunal especial que investiga hechos de corrupción o narcotráfico, ni tampoco le fueron embargadas a la república. Existe una suspensión del derecho absoluto de disposición de estos activos y bienes venezolanos en territorio estadounidense, pero el mismo será restituido una vez que se solvente la situación política de usurpación por parte del gobierno de Maduro.

Una de las características imprescindibles para considerarse embargo es que el mismo se realiza de forma previsiva o ejecutoria para asegurar el pago de una obligación pecuniaria.

Esta medida emana del máximo representante del poder ejecutivo estadounidense, el presidente Donald Trump, por tanto es una decisión política, con fines obviamente políticos sobre Venezuela, que involucra además al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento del Tesoro estadounidenses.

Esta decisión pudo tomarse meses o incluso años atrás, pero está vigente desde el pasado 5 de agosto, pocos días después de que Venezuela formalizó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su intención de volver al Tiar y un día antes de que se efectuara la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, donde participaron más de 50 Estados de los cinco continentes y algunos organismos multilaterales.

¿Qué soluciona la congelación de activos?

A corto plazo no es más que una nueva medida de presión política y económica sobre el gobierno de Maduro y la élite que lo apoya. La Orden Ejecutiva bloquea toda negociación, venta, compra, pago o reclamo que se pueda hacer sobre bienes o intereses de Venezuela o empresas venezolanas estatales en suelo estadounidense; además, amenaza con sancionar a cualquier persona o empresa que intente establecer negocios de este tipo, sean de los EE.UU. o transnacionales con sucursales en ese país. Adicionalmente, prohíbe el ingreso a los EE.UU. de venezolanos o extranjeros relacionados al gobierno de Maduro.

A mediano plazo pone en serios problemas de financiamiento a Maduro y eso a la mayoría de los venezolanos nos complace, no como la materialización de una revancha, sino como la ejecución de una defensa justa sobre los bienes de la república en el extranjero que, hasta hace pocos meses, eran usados a disposición absoluta del ocupante de Miraflores.

Muchas de las cosas que se han hecho con las reservas internacionales, bienes, empresas o recursos venezolanos en el exterior se han hecho a espaldas del pueblo y solo han obedecido a la necesidad constante de flujo de caja de la élite que gobierna una Venezuela cada vez más empobrecida y vulnerable financieramente. Esa forma de hacer política y negocios en los EE.UU se acabó.

No hay que perder de vista que esta medida corresponde a la decisión soberana de un Estado de relacionarse comercialmente con otros, nada de lo decretado por Trump vulnera la posibilidad del resto de la comunidad internacional para establecer relaciones comerciales con Venezuela, solo será cuestión de sopesar la relación costo beneficio, la misma que en este momento deben estar calculando México, Bolivia, Nicaragua y Uruguay, por poner algunos ejemplos.

De hecho, estas sanciones aún no llegan a la gravedad de las aplicadas a Cuba, Siria, Irán o Corea del Norte, ya que en estos casos todos los negocios, públicos o privados, están prohibidos; con la evidente salvedad que en ninguno de esos casos hay un verdadero sector privado pujando por entrar en el mercado global, ni tampoco posibilidades reales de cambio político.

La sanción que protegió a Citgo

Parece que ni siquiera es necesario recordar que hace pocos días la canadiense Crystallex exigía el pago de 1.400 millones de dólares a Citgo, ya que el gobierno venezolano no respondía a la sentencia emanada de la Ciadi con respecto a un contrato sobre explotación de oro que le había concedido la república a Crystallex en 2002 y que en 2008 incumplió por las expropiaciones llevadas a cabo por el expresidente Hugo Chávez.

Pero ¿son los ejecutivos de Crystallex unos oportunistas que pescan en río revuelto? No, es una empresa privada exigiendo el pago de una deuda, previa sentencia de un tribunal internacional especializado del que Venezuela es parte, sobre el incumplimiento de un contrato y las pérdidas que eso le han podido generar. Solo que llegan en muy mal momento y sus deberes recaen jurídicamente sobre una industria estatal muy maltrecha.

No hay que olvidar que la concesión, la expropiación, la mala defensa y la irresponsabilidad en este caso fueron y son de Caracas. ¿Qué tiene que ver esto con la orden ejecutiva de Trump? Es fundamental, Crystallex como cualquier otra empresa que tenga un reclamo sobre una empresa estatal o un bien venezolano no podrá hacerlo efectivo hasta tanto no se deje sin efecto la medida estadounidense, es decir, Venezuela, a través de Citgo, tendrá que pagar su deuda, pero no en este mal momento.

Chavistas fuera del imperio

La orden ejecutiva también pone en muy mala situación a las personas que han tenido o mantienen relación directa o indirecta con empresas vinculadas al Estado venezolano, corren el riesgo de que sus activos, su dinero, queden represados. Ya no podrán hacer negocios en territorio estadounidense, no podrán entrar a EE.UU. y hasta los testaferros serán perseguidos.

Pareciera justo, ya que después de criticar públicamente por más de dos décadas su sistema económico, su forma de vida, sus instituciones, a sus líderes y todo lo que representan en el mundo, era una grosera hipocresía que muchos funcionarios venezolanos decidieran comprar propiedades en EE.UU. y que toda una nueva clase económica (los bolichicos) se beneficiaran de negocios producto de la malversación de fondos y la corrupción.

EE.UU. está dando un claro ejemplo a la región sobre el tipo de sanciones que se pueden ejecutar sobre Venezuela para que el impacto sobre los funcionarios chavistas sea el máximo sin olvidar las necesidades del pueblo llano. En este sentido, son medidas inteligentes, guiadas al sector público, ya que no afectan las operaciones de las empresas privadas venezolanas y sus negocios con empresas estadounidenses; además, hacen la excepción sobre la importación de cualquier bien que tenga importancia humanitaria.

A muchos venezolanos nos preocupa que las sanciones de otros países deterioren más los índices socioeconómicos de nuestro país, pero estas medidas no buscan eso. Como es de esperarse, muchos gastos del gobierno se verán disminuidos de ahora en más y eso sí puede afectar a muchas familias en Venezuela.

La compra de productos alimenticios que se le hacían a México o Colombia se verán afectadas y eso tendrá una clara repercusión sobre la estrategia política de los Clap, la importación de suministros o contratación de servicios por Pdvsa sufrirán un gran revés, lo que afectará aún más la situación de la industria petrolera nacional y todos los bienes que ofrece, la importación de medicamentos (únicamente por parte de los entes estatales) se verá afectada, aunque tampoco era algo que se viniera haciendo con regularidad.

No hay que olvidar que la responsabilidad del deterioro de la industria agrícola del país, las dificultades en la producción y suministro de petróleos y sus derivados, la ausencia total de mantenimiento preventivo en sectores vitales como la electricidad y el agua, la decadencia de la producción nacional de casi cualquier producto, incluyendo los medicamentos, son enteramente de ciudadanos venezolanos.

La corrupción, la mala administración, la merma de la productividad y los estándares de calidad, la emigración de personal altamente calificado en todas las áreas y, sobre todo, la pésima elección de los líderes políticos que al final fungen como pésimos administradores de las riquezas de la nación, han sido enteramente la responsabilidad de venezolanos. El imperio no tendrá que responder por esos crímenes.

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