Esta última semana Chile se ha visto desbordada de violencia, una situación atípica en uno de los países con mejores indicadores económicos de la región y con una estabilidad política superior a la del resto de sus vecinos. Pero ¿quiénes integran las protestas? ¿cuáles son sus demandas? Y sobre todo ¿Qué opciones le quedan al gobierno de Piñera?
Esto es más complejo que el descontento por el aumento del pasaje de solo dos céntimos de dolar, el aumento paulatino de los precios de la gasolina o un alza inesperada del dólar con respecto al peso chileno. La realidad es que el chileno se siente cada vez más asediado por las empresas en su país.
Empresas privadas de servicios públicos que han logrado establecerse como monopolios como Transantiago, oligopolios como Enelchile y Chilectra, incluso el terrible negocio de la seguridad social entre Isapre y AFP.
En este caso no se trata de un paquetazo, tampoco es inteligente suponer que todas las manifestaciones se deben a un plan de la izquierda latinoamericana para socavar a la derecha. Chile es un país de históricas y profundas raíces de desigualdad y en estos últimos años esas raíces se han extendido. Los políticos chilenos son normalmente gente de negocios o están muy vinculados a ellos y en primera instancia parecen ser los responsables de que la crisis se haya convertido en violencia.
La presión de los precios en los servicios públicos empujan el presupuesto familiar casi hasta el límite de la pobreza y Sebastián Piñera cometió en este sentido el mismo error de Mauricio Macri en Argentina, tomar medidas pensando solo en el crecimiento económico es el camino más corto al descontento de la sociedad (aunque ciertas políticas estén más que justificadas). Se trata de un debate algo viejo ya en teoría económica, esto es: la diferencia entre crecimiento y desarrollo economico.
El PIB, PNB, superávit de balanza de pagos, tasas de interés activas y pasivas, condiciones del mercado financiero, encaje legal y otros indicadores macroeconomicos son hoy en día menos relevantes que la brecha entre ricos y pobres (que llamamos índice Gini), tasa de inflación, desempleo, acceso a servicios básicos (agua, electricidad, aseo o internet).
La realidad del ciudadano común sobre su propias posibilidades, aspiraciones y poder adquisitivo es cada vez más importante y paradójicamente está siendo ignorada torpemente por lo tecnócratas liberales.
Por eso es que el reclamo de los chilenos no cesará solo con deshacer el ligero aumento del pasaje o en convocar al dialogo político, porque además estás manifestaciones aún no tienen un liderazgo aglutinador con el cual dialogar, ni siquiera la izquierda chilena se ha atrevido a atribuirse la dirección de las protestas que ya han acabado con la vida de 10 personas y han destruido decenas de edificios e intatalaciones de empresas privadas de servicios públicos.
Una destrucción que algunos verán como justificada pero que definitivamente debilitan la infraestructura del país.La respuesta tampoco puede ser la estatización por que ese extremo también ha demostrado ser perjudicial a largo plazo. Pareciera que el secreto, cuando menos en lo económico, sería propiciar el surgimiento de nuevos proveedores de servicios que den cuando menos la sensación al ciudadano de que nuevamente tiene la posibilidad de escoger y no solo la necesidad de pagar.