Ante el abuso de la niñez venezolana: ¿justicia, venganza o prevención?

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La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Redhnna, entre 2020 y 2021, conoció que un promedio de 24 abusos sexuales ocurrían mensualmente. La indignación social, por lo menos en las redes sociales, es la muestra no solo del rechazo al delito sino una demostración de la aspiración colectiva de justicia y de querer que no sigan sucediendo. Lamentablemente, el Estado actúa como cualquier usuario de Twitter, incluso incumpliendo las leyes. La publicación de la imagen del adolescente, en el caso de la violación de la niña de 5 años, es inaceptable: viola ley vigente y promueve el linchamiento social como método de justicia.

Por: Angeyeimar Gil

Las noticias en redes sociales vuelven a ser un disparador de la indignación social frente al abuso sexual. No es la primera vez. Hace pocos meses nos indignó el abuso sexual sufrido por un chamo en situación de calle en Caracas. Pero todos los meses hay muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de abuso sexual.

En la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Redhnna, gracias el seguimiento de medios que hicimos entre 2020 y 2021, conocimos que en promedio 24 NNA sufrieron abuso sexual cada mes, es decir, el abuso sexual es una amarga realidad.

La indignación social, por lo menos en las redes sociales, es la muestra no solo del rechazo al delito de abuso sexual, es también una demostración de la aspiración colectiva de justicia y de querer que no sigan sucediendo. Pero en oportunidades, ese deseo social de justicia pierde de vista a la propia justica, porque el límite entre obtener justicia frente a un acto de agresión y la venganza es muy delgado.

Por eso existe el Estado, para que garantice a través de su órgano de justicia, que las sanciones frente a la violación de los derechos sean las correspondientes, regulares para todas las personas y preestablecidas.

Lamentablemente, a los representantes del Estado, esta máxima se les olvida y actúan con base en la lógica común, como cualquier usuario de Twitter, incluso incumpliendo las leyes. La publicación de la imagen del adolescente, señalado como responsable del delito por el Fiscal, es inaceptable. Fue un acto de promoción del linchamiento social como método de justicia

Esta práctica se ha hecho norma, como la publicación por redes sociales de todos los casos atendidos por el CICPC o el Ministerio Público, con imágenes y datos exactos de las personas detenidas, como si ese fuera un mecanismo apropiado para informar a la colectividad sobre el trabajo de estos organismos. Una práctica que parece sustituir las estadísticas formales, que tienen años sin publicar.

La detención de la persona responsable de un delito, no es la justicia. Porque en la mayoría de los delitos, y especialmente en el abuso sexual o en el homicidio, es necesario que se adelanten acciones tendientes a la reparación de la víctima, que reciban atención especializada para procesar y superar lo que vivió. Incluso, corresponde al Estado garantizar indemnización, como contraprestación por la ausencia de las políticas públicas que pudieron haber garantizado que la agresión no se hubiese presentado.

Pero un asunto al que debemos prestar atención como sociedad, frente a estos hechos que indignan, es a las acciones que el Estado, la sociedad y las familias han desarrollado para que estas situaciones no se repitan o, por el contrario, ver cuáles han sido sus omisiones para que pasen. Y de la misma forma debemos identificar cómo evitar que sigan sucediendo.

Frente a los abusos sexuales, que ocurren diariamente en el país, de manera constante e, incluso, repetidos en una misma persona por años, la mirada no puede ser individualizada, como si de un hecho aislado se tratara, porque es un asunto social.

No es la creación de leyes, la mano dura o la severidad de las medidas lo que va a producir una reducción del abuso sexual. Mucho menos el linchamiento social. Ni siquiera medidas como las propuestas en redes sociales sobre la castración química.

Porque para establecer una propuesta de atención frente al abuso sexual, debemos evaluar las condiciones presentes en el contexto, que son múltiples y dinámicas. Esto hace que su interacción en la vida de las personas sea diferente. Por eso, la alternativa debe ser estructurada, universal e integral. La alternativa es la prevención y prevenir supone tomar acciones que protejan a los NNA:

  1. Promover espacios seguros en la familia.
  2. Los cuidadores de niños, niñas y adolescentes (NNA) deben asumir sus responsabilidades y solo delegarlas en personas con capacidad y en las que se confía.
  3. Creer siempre en las palabras de los NNA, en sus gestos y temores.
  4. Ejercer una crianza sana, respetuosa con base en la confianza y la comunicación segura.

Y por parte del Estado:

  1. Promover como política pública acciones para los espacios de socialización de NNA.
  2. Mitigar riesgos presentes en las familias, en las comunidades y en las escuelas, como el abandono, la negligencia y la desatención de las infancias. Esto supone mejorar las condiciones de vida de las personas.
  3. Educar a los NNA para su autoprotección, para que sepan defenderse y decir que no. Esto incluye que la sociedad modifique la forma de relación con ellos; creerles y valorar sus opiniones.
  4. Educar a madres, padres y cuidadores sobre cómo identificar riesgos o señales de abuso sexual.
  5. Promover la educación integral de la sexualidad. Que los NNA sepan qué está bien y qué está mal, y pidan auxilio cuando corren riesgo. Además de un montón de aspectos adicionales sobre la sexualidad que se convierten en factores de protección.
  6. Dotar a los órganos de protección de condiciones para la atención de emergencias o de situaciones de vulneración de manera rápida y con calidad.
  7. Promover procesos de acceso a la justicia seguros y confiables para las víctimas.
  8. Sancionar penalmente a los victimarios/as en juicios con celeridad y sin vicios legales.

ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil

Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)

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