Foto: Cortesía

La tarde de este martes, 30 de junio, se conoció que los tribunales del estado Falcón dieron libertad a las tres personas detenidas en la población de Churuguara, municipio Federación, durante una protesta por la falta de gasolina en la Serranía falconiana ocurrida en el mes de abril.

Luego de pasar 73 días recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Coro, Miguel Vargas, agricultor; Edgary Viera, comerciante; y Edgar Flores, abogado, fueron excarcelados después de afrontar una audiencia oral por el Juzgado Cuarto de Control. Los tres quedaron bajo régimen de presentación cada 45 días.

El pasado 5 de junio, la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público (MP) había ratificado la privativa de libertad contra los detenidos, a pesar de no poseer antecedentes penales, por los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y lesiones genérica. Para entonces ya habían transcurrido los 45 días de investigación.

El pasado 15 de abril, productores agropecuarios y habitantes de varios caseríos protestaron en la vía principal de Churuguara debido a la falta de gasolina, pues alegaban que se estaba poniendo en riesgo cosechas y ganado por la imposibilidad de trasladarlos a la capital del estado. También denunciaban la carencia por agua potable que padecen desde hace varios meses en la localidad.

En esa oportunidad, se viralizó en las redes sociales un video en el que se mostró como la comunidad se unió a los productores agrícolas frente a un cordón de seguridad de efectivos de la Guardia Nacional, que intentaron impedirles el paso hacia la sede de la Alcaldía del municipio Federación, destino de su protesta.

Como resultado de la protesta, el 18 de abril, alrededor de las 4:00 am, una comisión del Cicpc y efectivos de la GN detuvieron a Vargas, Viera y Flores en sus residencias, acusados presuntamente de haber sido quienes incitaron la protesta. Según informaron luego habitantes de Churuguara, los arrestos ocurrieron sin que los funcionario mostraran en ningún momento alguna orden de aprehensión.

Desde entonces, familiares de los detenidos denunciaron actos intimidatorios hacia la población, que incluyeron asesinar al perro de uno de los perseguidos y derribar el portón de una propiedad privada sin ninguna orden legal. Además rechazaron las imputaciones, alegando que ninguno de los tres detenidos eran criminales, y solo ejercieron su legítimo derecho a la protesta.

En el caso del abogado Edgar Flores, sus familiares aseguraron que es un paciente psiquiátrico, evaluado por el director del área de psiquiatría del Hospital Universitario de Coro y diagnosticado con esquizofrenia, por lo que su familia responsabilizaban a la fiscal y al alcalde del municipio Federación, Casto Díaz, por lo que pueda ocurrirle durante su encierro, debido a que posee tendencias suicidas.

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