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lunes, 26 octubre, 2020

Tres activistas de Red de Derechos Humanos en Lara denuncian persecución

Alcides Pérez y José Miguel Romero de Barquisimeto y Omar Escalona de El Tocuyo son asediados por hacer públicas denuncias desde sus comunidades

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Barquisimeto.- Este viernes, 25 de octubre, la Red de Derechos Humanos del estado Lara —integrada por 17 organizaciones no gubernamentales— consignó un documento en la Defensoría del Pueblo en el cual advierten del aumento progresivo del hostigamiento y acoso a integrantes de la coalición por parte de altos funcionarios vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Los activistas Alcides Pérez y José Miguel Romero de Barquisimeto y Omar Escalona de El Tocuyo son asediados por hacer públicas denuncias desde sus comunidades.

“Intentan bloquear su labor a través del acoso y la amenaza”, declaró a El Pitazo el sociólogo Nelson Freitez, integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara.

Señaló que detrás de la persecución estarían implicados el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes; la alcaldesa de El Tocuyo, Gisela Rodríguez y la gobernadora Carmen Meléndez.

Bajo amenaza

Alcides Pérez es dirigente vecinal de La Carucieña, un sector popular ubicado al oeste de Barquisimeto. Miembros de la Comuna Ataroa le dieron un ultimátum por denunciar en medios de comunicación la carencia de servicios básicos y oponerse al cambio de nombre de la parroquia Juan de Villegas que fue impulsado por el chavismo a través de un proceso minado de irregularidades.

El 9 de octubre, Pérez fue agredido por oficialistas mientras hacía un video a las cuadrillas de Hidrolara que esperaron por nueve meses para reparar tuberías. “Me dijeron que se iban a poner payasos y violentos porque no aguantarían mi comportamiento de denuncia. Me golpearon una mano e intentaron quitarme el teléfono”, contó Pérez.

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A los pocos días, dos vehículos sin placa rondaban por su residencia.
Esta es la segunda amenaza contra Pérez en menos de un año.

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José Miguel Romero es paciente crónico y forma parte de la ONG Fundaconvive. El 15 de octubre sus vecinos le alertaron que tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a bordo de dos motos interrogaron a varias personas de su comunidad para ubicar la vivienda de un hombre que tenía sus mismas características.

Romero había participado en las protestas contra el cambio de nombre de la parroquia Juan de Villegas. En marzo de este año fue arrestado en una manifestación convocada por Juan Guaidó y le otorgaron la libertad a cambio de suscribir un documento en el cual le prohibían participar en actos políticos o marchas.

Omar Escalona es tío de Cristian Ramos, el estudiante de bachillerato torturado y asesinado por la Faes el 25 de enero en el caserío El Bosque junto a los hermanos José y Anderson Torres. Escalona ha exigido una investigación por estas tres ejecuciones extrajudiciales registradas en el marco de las protestas antigubernamentales.

Una fuente de la Alcaldía de El Tocuyo le indicó que había una lista de 40 personas que serían buscadas por la Faes y estaban incluidos testigos de la incursión violenta del grupo policial en el caserío.

La advertencia surge después de que el diputado de la Asamblea Nacional Guillermo Palacios consignara nuevas pruebas del caso que desmontan la versión oficial. El parlamentario hizo mención a la impunidad del hecho al cumplirse ocho meses del procedimiento y reiteró la autoría intelectual de la alcaldesa Gisela Rodríguez.

“La alcaldesa ha continuado las prácticas de acoso contra los familiares de los jóvenes asesinados por las Faes y tiene responsabilidad en los hechos”, agregó Freitez. Recordó que Lara es uno de los estados con mayor número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a este grupo: 238 asesinatos entre agosto de 2018 y agosto de 2019.

Lara ha sido uno de los estados más activos y reprimidos en protestas. En el documento consignado a la Defensoría del Pueblo alertan de las violaciones de DDHH en este contexto. Foto: Liz Gascón

Alertan a la Oacnudh

En el documento consignado por la Red de Derechos Humanos, con el respaldo de Provea y Civilis, a la Defensoría del Pueblo solicitan la apertura de una investigación y el “cese de las listas persecutorias, criminalizadoras, de vigilancia, seguimiento y las amenazas a defensores, activistas y la población en general mediante la aplicación de operativos y búsqueda por parte de los organismos de seguridad del Estado”.

La coalición de organizaciones también reportó estas incidencias a la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), presidida por Michelle Bachelet.

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