Maracaibo.- A la concejala del chavismo, Milagros del Valle Bedoya Cantero, de 36 años, la asesinaron en el municipio Catatumbo, una zona comandada por paramilitares y quienes disputan ese territorio con otras células de la guerrilla colombiana, que también pretenden delinquir del lado venezolano.
La tarde del jueves 6 de junio, dos presuntos sicarios procedieron asesinar a su nueva víctima, quien además era representante electa ante el Concejo Municipal por el Partido Socialista Unido de Venezuela y organización política que respaldó la elección de Nicolás Maduro.
Según fuentes policiales, fueron dos hombres armados quienes esa tarde llegaron a la vivienda de la edil en una motocicleta. Uno de ellos bajó, corrió al interior del inmueble y mató en plena sala a Milagros. Allí quedó tendida en medio de un charco de sangre y en posición decúbito lateral. La disputa por alimentos del Clap le habría costado la vida, según las preliminares sobre el caso.
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El crimen ocurrió en la vivienda número 11 de la calle Petare del barrio 3 de Mayo, en la comunidad fronteriza de El Guayabo. La casa se la construyeron por medio de la Misión Vivienda Venezuela, según fuentes consultadas por El Pitazo. La dama fue asesinada en presencia de familiares y de su hija de sólo nueve meses de nacida.
La noticia corrió como pólvora y en Catatumbo reinó la consternación. De inmediato, el hecho cobró notoriedad en los portales noticiosos, pues se trataba de un crimen selectivo en contra de una dirigente del chavismo leal a Nicolás Maduro. Ella era la concejala del partido oficial de gobierno y activista del movimiento Somos Venezuela.
Fue además miembro del Concejo Nacional Electoral y estaba involucrada en lo que el gobierno denomina poder popular organizado. “Ejecutaba distintas tareas de calle, buscaba la gente, los incluía en las misiones, conformaba las patrullas, movilizaba y defendía los votos. Por eso se ganó el respeto del alcalde Wilmer Ariza, quien intercedió ante el buró nacional y regional del Psuv para que fuese la representante del circuito de la parroquia Udón Pérez”, comentó una dirigente política en la zona que prefirió no identificarse para la investigación.
Saber quién fue el asesino era prioridad
Pero conocer el o los responsables de su muerte ocupó durante las últimas semanas a funcionarios de los organismos detectivescos, tanto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), base San Carlos, como del recién creado Servicio de Investigación Policial del Estado Zulia (Sipez).
En dos ocasiones, los agentes del Sipez se enfrentaron con hombres armados cuando acudían a las zonas intrincadas donde podían recabar evidencias y testimonios para esclarecer el hecho.
Entre el 9 y 11 de junio se emprendió la primera revisión a las posibles zonas donde huyeron los matones. Antes de avanzar por los caminos verdes de El Guayabo, una patrulla del Sipez fue atacada. No hubo heridos ni detenciones.
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Sin embargo, la noche del 13 de junio, Richel Josué Fernández Bravo fue asesinado por uniformados cuando éste, al parecer, les disparó. No se le asoció como autor de los hechos, sino que fue perseguido cuando indagaban el crimen.
“Los policías le dieron la voz de alto a dos hombres que se desplazaban en la motocicleta. En lugar de detenerse atacaron a los agentes. Las balas impactaron contra Richel, quien a pesar de ser llevado al hospital de El Guayabo murió, mientras que el conductor de la unidad de dos ruedas huyó por el río Zulia. Allí incautaron un arma y un cargador con balas 9 milímetros”, refirieron los investigadores.
Otro fue señalado por discutir con ella por el Clap
El 19 de junio, la policía científica vislumbró más evidencias ante la opinión pública. Con los mensajes hallados en el teléfono celular de Víctor Alonso Parra Contreras, natural de San Cristóbal, estado Táchira, y dueño de una empresa de servicios funerarios en el poblado zuliano de El Guayabo, los agentes afirmaron concluir parte del caso. Ese fue el eje central de las indagatorias oficiales.
Parra, quien también militaba en las filas del partido rojo, fue quien, aseguran testigos, tuvo diferencias personales con Bedoya dos semanas antes de su asesinato a tiros. La discusión se produjo, al parecer, cuando ambos disputaban la distribución de alimentos que despachan a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Parra Contreras fue detenido por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el 10 de junio, cuatro días después de la tragedia. En su teléfono habrían localizado mensajes contundentes que supone era colaborador de los “paracos” que la habrían matado. La investigación no lo cita como autor intelectual, porque no hay pruebas definitivas, pero sospechan que esté vinculado con el asesinato que enlutó al chavismo en el estado Zulia. En la población, sin embargo, hay lugareños que refieren que Víctor Alonso es indefenso y que no tenía problemas con nadie. “Sólo trabajaba con los servicios fúnebres”, dijo un ciudadano de la zona.
Milagros fue enterrada el sábado 8 de junio en El Guayabo y fue la propia empresa de Parra la que se encargó de su entierro. A ese sepelio no logró acudir el alcalde de Catatumbo, Wilmer Ariza, porque se encontraba fuera de la jurisdicción cuando mataron a Bedoya Cantero.
Los elementos que manejan las autoridades concluyen sólo una parte de la investigación, aunque no deja claro quiénes fueron los verdaderos ejecutores del hecho.
La policía insiste en que se trata de irregulares que aún son buscados por los caminos verdes de la frontera colombo-venezolana, donde los civiles o detectives no tienen acceso por la amplia presencia de hombres armados al margen de la ley en el apartado territorio de Zulia.
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