Barquisimeto.- Yenny Barrios, paciente oncológica de 51 años diagnosticada con linfoma no Hodgkin, cumple 56 días detenida en el estado Lara, la mayor parte del tiempo en el Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo de Barquisimeto. Barrios, dirigente del partido Voluntad Popular, fue arrestada el pasado 9 de septiembre en su hogar, ubicado en Carora, en el marco de las detenciones poselectorales en Venezuela (2024).
Las aprehensiones por parte del Gobierno se produjeron para acallar las manifestaciones ciudadanas que se originaron inmediatamente después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador de la jornada del 28 de julio a Nicolás Maduro, pero sin ningún tipo de prueba, sin publicación de las actas electorales que ratificaran lo que fue simplemente un anuncio de victoria nominal.
Desde su arresto, la salud de la detenida ha empeorado considerablemente debido a la falta de tratamiento y atención médica adecuada. Su familia y organizaciones de derechos humanos exigen su liberación para que reciba atención médica urgente.
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Desde los primeros días de detención se solicitó que fuera evaluada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), organización que hasta hace menos de 15 días corroboró finalmente su delicado estado de salud y urgió la hospitalización inmediata, según informó el hijo de Barrios, Diego Sierralta, en un video difundido en redes sociales este 3 de noviembre.
Pese a la recomendación médica, el informe aún no ha llegado al Tribunal Cuarto de Terrorismo en Caracas, a cargo del juez Edward Briceño, quien debe aprobar la recomendaciones que allí aparecen. «Son 53 días de la detención de mi mamá… Mi mamá se está muriendo allí», imploró Sierralta a las autoridades.
Diego Sierralta: «Su dolor es insorportable»
Yenny Barrios, quien fue sometida a una cirugía laparoscópica el 13 de agosto para confirmar a través de una biopsia su cáncer, comenzó a experimentar serias complicaciones tras su detención. El 22 de octubre fue trasladada desde el Centro de Detención Pata ‘e Palo a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto por un cuadro de dolor intenso en su pierna derecha, lo que le originaba riesgo de trombosis, pero ese mismo día la devolvieron a su centro de detención.
Según relató el hijo, el tratamiento para el dolor con medicamentos orales ya no le alivia el malestar a Barrios, y necesita inyecciones de betametasona o tramadol, aunque el uso prolongado de estos medicamentos ha comenzado a afectar su función renal.
«Una arteria en su pierna está comprometida y el dolor es insoportable», explicó Sierralta, quien destacó, en una entrevista a El Pitazo el 23 de octubre, que su madre ya enfrenta un cuadro de insuficiencia renal leve sumado a los efectos del cáncer.
Detención irregular
El arresto de Barrios se produjo en condiciones irregulares. Según una fuente cercana a la familia, tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), llegaron a su hogar el 9 de septiembre sin orden de allanamiento, cuando ella se encontraba sola y en reposo postoperatorio.
La detención fue ordenada por el Juzgado Especial Cuarto de Primera Instancia en Función de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, tras los actos de vandalismo en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Torres el 30 de julio, a pesar de que Barrios no se encontraba en el lugar y permanecía en reposo en su hogar, asegura la fuente.
Después de su arresto, fue llevada al Hospital Dr. Pastor Oropeza, de Carora, donde se verificó que había sido operada recientemente. Luego fue trasladada a la Estación Policial Municipal Torres y, finalmente, al Centro de Detención Pata ‘e Palo en Barquisimeto, donde permanece desde el 14 de septiembre.
Condiciones de reclusión
La situación de Barrios se agrava por las condiciones de reclusión en Pata ‘e Palo, donde comparte una celda de 4×2 metros con 18 mujeres. En su estado, los primeros días tuvo que dormir en el suelo debido a la falta de espacio. Durante los primeros días de su detención no se le permitió recibir atención para su herida quirúrgica, pero tras conversaciones con el director de la cárcel, sí lo permitieron.
La defensa solicitó su liberación condicional para recibir tratamiento oncológico, pero el proceso se ha retrasado, primero por la visita de Senamecf y ahora porque el informe de esta institución no ha llegado a Caracas para ser presentado ante el juez Edward Briceño. “En cualquier país, con su condición de salud, debería estar bajo arresto domiciliario mientras concluye el proceso», comentó sobre el caso a El Pitazo un abogado experto en derechos humanos.
Yenny Barrios necesita tratamiento de quimioterapia lo antes posible, pero sigue encerrada en una celda insalubre, sin pruebas públicas que la vinculen con los hechos que se le imputan. Su familia exige al menos que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario para que pueda atender su delicado estado de salud.
En Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal hasta el 23 de septiembre de 2024, un total de 1.867 venezolanos han sido encarcelados por protestar o emitir opiniones contrarias al Gobierno. Entre ellos, 230 son mujeres, muchas como Yenny Barrios, a quienes también les han impuesto defensa pública y permanecen encarceladas bajo condiciones inadecuadas.
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