Barquisimeto.- Tras la represión oficial a las protestas del 30 de abril y el 1° de mayo en Barquisimeto y Cabudare, estado Lara, dictaron privativa de libertad a 52 personas que están en condiciones de hacinamiento en tres destacamentos de la Guardia Nacional.
El abogado Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal capítulo Lara, advirtió que los procesos judiciales carecen de elementos de convicción y en 90% de las actas policiales no queda claro dónde, cuándo y qué hacían los aprehendidos al momento de la detención.
“La acusación se hizo de forma genérica: todos cometieron el mismo delito, en el mismo lugar y a la misma hora. Vamos a interponer todo lo necesario para probar la inocencia de estas personas”, dijo.
Según Cantillo, sigue vigente la “fórmula perfecta” instaurada en el sistema judicial en 2014 con cargos por instigación intimidación y resistencia; ahora le suman uso de adolescente para delinquir con el único objetivo de dictar privativa de libertad.
“Entonces nace un nuevo interés o una nueva estadística para dar un mensaje a toda la sociedad y se convierte en un preso político automáticamente. Eso es delicado, pasó en Ruanda”, agregó.
Señaló que los detenidos, a su juicio, son utilizados como rehenes. En la lista hay ocho estudiantes universitarios, cuatro adolescentes, seis trabajadores de Venezolana de Cementos (Vencemos) y un supervisor de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Los menores de edad están en un centro de detención con presos comunes y no en un lugar de permanencia, como lo establece la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente (Lopna). Los adolescentes de 15 y 16 años esperan que se consignen las solicitudes de los fiadores para volver a sus casas.
Redadas violan la ley
Para el coordinador del Foro Penal se evidencia una “amalgama de irregularidades” en las detenciones registradas durante las protestas y podrían tratarse de redadas.
“Las redadas no deben aplicarse, porque confunden al sistema judicial. Para esa razón se crea y se formaliza el Código Orgánico Procesal Penal actual para que se individualice e investigue. El delito debe ser flagrante”, prosiguió.
En la mayoría de los casos, explicó que los ciudadanos no estaban involucrados en hechos delictivos como en el incendio del edificio del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren, el 1° de mayo. Los arrestos fueron entre tres y dos horas antes de los sucesos.
Justicia politizada
Cantillo también se pronunció por la liberación inmediata de seis de los siete colectivos armados capturados el 1° de mayo por la Policía de Lara, luego de robar en el centro de Barquisimeto y disparar al oficial Hernán Serrano. Solo uno, Hair Mendoza, fue presentado en tribunales y no le dictaron privativa de libertad sino régimen de presentación cada una o dos semanas.
“¿Es más delito manifestar que usar un arma y disparar? Pareciera que estas seis personas cometieron un delito menor que 23 personas, cuyo único delito era estar en la calle” (el mismo día).
Reiteró que hay personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica cuando fueron emboscados por funcionarios de seguridad y otras que solo estaban a escasas cuadras.
“Tenemos a la señora Hilda de Mendoza y su hijo Ronald. Iban llegando a casa de un familiar. A dos jóvenes que estaban en la bomba para echarle gasolina a la moto y aire a los cauchos fueron detenidos. Y está el caso de otro joven que lo agarraron cuando iba a comprar maíz pilado”, contó.
Hacinados y en containers
Al menos 20 de los 52 detenidos el 30 de abril y 1° de mayo están recluidos en containers en los destacamentos 121 y 123 y Desur, sin acceso a ventilación o iluminación natural. El resto pasa sus días en condiciones de hacinamiento.
Mery Dugarte, madre de Eleazar Vivas, estudiante de Turismo en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello, denunció que su hijo está en uno de los containers.
El estudiante fue golpeado y arrestado por la Guardia Nacional a la 1:30 pm. Lo acusan de la quema del Cpnnai, junto con sus amigos Adrián Bastidas y Moisés Pineda. “No tenían ni una piedra en la mano”, expresó la madre.
Dugarte contó entre lágrimas que es el sostén de su hogar y sus días se pasan entre el destacamento y tribunales.
Familiares de Hilda de Mendoza y su hijo Ronald hablaron con dolor acerca de sus seres queridos, confinados a un container y a una celda.
“Ellos no son delincuentes (…) Me da impotencia ver a mi familia tras las rejas”, añadió Hilda de Mendoza.
Pérez insistió en que sus seres queridos no participaron en más protestas y solo salieron a la farmacia. “Y si fueran manifestantes tampoco es un delito”, insistió.
100 días presa
Marilin Figueroa es la mamá de Aidysmar, una joven de 20 años detenida por la Guardia Nacional al oeste de Barquisimeto, el 27 de enero, cuando visitaba a sus primos en un evento deportivo.
Cumplió 100 días presa, tiene una pierna lesionada y siguen sin otorgarle la libertad o una medida menos gravosa, explicó el representante de Foro Penal.
“A mi hija le están dañando su juventud. Cada vez que me ve se pone a llorar y me dice, mamá, sácame de aquí. Ella es inocente”, dijo.
El día de su arresto se reportaron protestas en las inmediaciones del Comando Regional número 4 de la Guardia Nacional.
12 heridos
En el más reciente balance presentado por el Foro Penal hay 12 heridos en las manifestaciones en Barquisimeto y Cabudare, el 30 de abril y 4 de mayo. En el registro se encuentra el reportero gráfico Julio Colmenárez, lesionado cuando cubría la represión de la Fuerza de Acciones Especiales en la avenida Libertador con calle 54 de Barquisimeto, el 30 de abril.
Trascendió que una funcionaria le disparó a Colmenárez a corta distancia y le dijo: “Aquí no queremos a los medios”. El reportero sufrió una fractura en la mano izquierda y tiene cinco perdigones alojados en los dos brazos.
“Los periodistas son valientes, se mantienen todavía mostrando la realidad. ¿Qué estaba haciendo el fotógrafo que le dispararon en la mano? Tener su cámara. Ya la Fiscalía debió citarlo, entrevistarlo. La unidad de delitos especiales debió hablar con él y no ha pasado”, precisó Cantillo.
Cantillo desmintió reportes de un niño de 10 años golpeado por la Guardia Nacional en la avenida Los Leones, el 4 de mayo, como circuló en redes sociales.
“El doctor Alonso García es el que aparece en la imagen y niega esta situación. No participó. No operó ni tiene cortesía en las clínicas mencionadas”, sostuvo.
Llamó a la población a hacerse eco de información verificada porque puede haber campañas basadas en falsas acusaciones para que, en un contexto de censura y bloqueos, las denuncias que circulan en redes sociales y medios independientes parezcan poco creíbles.
“Estamos señalando a periodistas y médicos. Es preocupante que sea el futuro blanco con los precedentes de detenciones y juicios”, resaltó.
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