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sábado, 28 mayo, 2022

Jueza otorga libertad bajo presentación a trabajadores del registro en el Sur del Lago

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Sur del Lago.- Durante la tarde del jueves 24 de enero, la jueza del tribunal segundo de control en el municipio Colón, Wendy Hernández, otorgó libertad bajo régimen de presentación a los 11 trabajadores del registro subalterno mercantil en el Sur del Lago de Maracaibo que fueron detenidos por la policía científica por presuntos hechos de corrupción.

Luego de la audiencia de presentación ante el ente adscrito al circuito judicial penal del estado Zulia, la defensa de los funcionarios públicos, incluido Luis Chacín, registrador subalterno, alegó “que no hubo pruebas, ni denuncias que sustentaran dicha aprehensión”.

Así lo contó a El Pitazo Uladislao Bracho, abogado defensor de nueve de los once trabajadores. Mencionó que en la actuación policial, los detectives no mostraron evidencias contundentes para detenerlos, pese a la orden de privativa de libertad que en su contra encomendó la Fiscalía décimosexta del Ministerio Público.

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“Solo transcripciones y los dichos de los funcionarios son lo único que se mostró en contra de nuestros defendidos. Les pretendían imputar los delitos de corrupción impropia y asociación para delinquir, cuando ellos no son una banda organizada sino que convergían en el registro porque era su lugar de trabajo”, refirió Bracho a El Pitazo.

La tarde del martes 22 de enero Carlos Luis Sánchez, inspector general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), recibió una denuncia anónima sobre presuntos cobros de documentos registrados y notariados por parte de hoy los señalados.

Por ese motivo, la dirección del organismo en Caracas emitió la orden de detención, que fue ejecutada por la policía científica contra quienes laboraban en las oficinas ubicadas en el tramo San Carlos de la Avenida Bolívar.

En las inmediaciones de los tribunales, en San Carlos de Zulia, familiares esperaban la decisión de la jueza Wendy Hernández | Foto: Edwin Urdaneta

Desde el mensajero hasta el abogado revisor, el registrador, la administradora, escribientes y demás personal de ese organismo estuvieron detenidos y la instancia permanece cerrada desde la actuación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Esa acción retrasa la elaboración de documentos de compra venta de bienes muebles e inmuebles que ameriten registro en los municipios Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Jesús María Semprum.

El Pitazo conoció que a los funcionarios se les brindó trato digno en la sede de la policía científica ubicada al lado del Área de Defensa Integral 114 Barí, donde opera el Ejército Nacional. Les permitieron comunicación con familiares, ingreso de alimentos y colchonetas para dormir en el recinto.

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Ilda de Ovalles, madre de Thais Ovalles, expresó indignación ante la detención de su hija. Se limitó a llorar por la forma en la que trataron a su descendiente, aunque no pudo emitir mayores datos de las actuaciones judiciales. En la sede de los tribunales reinó la consternación, el apremio, pero también la alegría al escuchar la orden de la jueza que lleva la causa.

Los señalados ahora deberán emprender la investigación en base a los alegatos esgrimidos por tres juristas defensores, en la cual se hará el descargo y cotejo de evidencias para desestimar la orden emanada de la Fiscalía y los señalamientos de la denuncia inicial, que supone el cobro de trámites y documentos a precios elevados, y cuyo producto habría ingresado a las cuentas de los trabajadores, según informó la jefatura de investigación del órgano detectivesco local.

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