Hermano de Darío Estrada, preso político con Asperger: «No es ningún paramilitar»

Darío Estrada Estrada, oriundo de Barquisimeto, fue acusado en cadena nacional de planear asaltos contra unidades militares en la supuesta Operacion Boicot AN que se ejecutaría durante la juramentación de diputados el 5 de enero de 2021

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Simón Estrada, hermano mayor de Darío Estrada , pidió la liberación inmediata del preso político con síndrome de Asperger vinculado en la supuesta Operación Boicot contra la AN. Aseguró que su familiar no tiene acceso a atención médica y que ha pasado días sin poder comer | Foto: Liz Gascón

Barquisimeto.- Darío Estrada está detenido desde el 24 de diciembre de 2020 por la supuesta operación boicot que se ejecutaría en la instalación de la Asamblea Nacional (AN) el 5 de enero de 2021. Una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) lo sacó de su apartamento en la urbanización Club Hípico Las Trinitarias de Barquisimeto, sin presentar orden judicial, mientras estaba de reposo por COVID-19, de acuerdo con testigos.

Una semana antes de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, anunció que frustraron un «ataque terrorista» con varios objetivos civiles y militares, incluyendo la central hidroeléctrica Guri y la refinería Amuay, tras la captura de cinco presuntos implicados en Lara, Sucre y Caracas

Estrada, quien tiene síndrome de Asperger y es oriundo de Barquisimeto, fue presentado en cadena nacional como un paramilitar apodado “Merienda Negra” que recibió adiestramiento en Ríohacha, Colombia, en 2018.  Carmen Meléndez lo acusó de planear asaltos contra unidades militares en la denominada Operación Boicot AN. Pero la familia de Estrada niega su vinculación con este plan.

«Mi hermano no es ningún paramilitar entrenado en Colombia. La única prueba que tiene la Fiscalía es un grupo de WhatsApp donde supuestamente se planeaba el atentado. A él lo agregaron y nunca hizo algún comentario. Es una farsa total», relató Simón Estrada el 2 de noviembre.

Estrada tenía dos semanas aislado en tratamiento para el COVID-19 al momento de la aprehensión. Pese a su estado de salud, fue trasladado a Caracas, ciudad donde permanece recluido en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por el cargo de terrorismo.

«El Estado venezolano no le ha dado la posibilidad a Darío Estrada de estar en Lara para que su familia se ocupe de su salud y alimentación sabiendo que él tiene síndrome de Asperger. Por su condición cognitiva, su situación puede agravarse», denunció el abogado Henderson Maldonado, integrante de la organización de derechos humanos Movimiento Vinontinto.

Detenido en las protestas de 2017

Estrada tiene casi once meses detenido a más de 350 kilómetros de distancia de su casa. Su familia debe hacerse cargo de su alimentación porque continúa en un centro de detención preventiva. Su madre y hermano mayor contrataron a alguien en Caracas para asegurar sus comidas; ambos tienen dificultad para viajar o quedarse en la capital. 

«Nosotros le pagamos a una persona allá para que le preparen la comida, pero a veces no puede llevársela y pasa días sin comer. Sabemos que Darío está vivo porque esa persona lo ha visto», agregó su hermano.

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Movimiento Vinontinto solicitó la liberación de Darío Estrada, Javier Tarazona y más de 330 políticos en las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de Lara y otros estados | Foto: Liz Gascón

El juicio del larense comenzó hace una semana. Su familia acudió a la Defensoría del Pueblo del estado Lara, el 2 de noviembre, para solicitar su liberación inmediata. Movimiento Vinontinto reiteró que en el caso de Estrada y el resto de los presos políticos venezolanos, el Ministerio Público no cuenta con elementos de convicción para imputarlos.

En 2017, Estrada estuvo siete días preso junto a su madre en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) por su participación en las protestas contra Nicolás Maduro registradas en Club Hípico Las Trinitarias, una zona residencial de la capital de Lara reprimida por funcionarios de seguridad y colectivos durante las manifestaciones.

Condenados sin estar en el juicio

En Lara hay otros cinco presos políticos sentenciados a más de 20 años de cárcel por terrorismo sin estar presentes en el juicio, alertó la ONG Movimiento Vinontinto. Fueron detenidos en noviembre de 2019,  por la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la PNB, tras una jornada de protestas contra Nicolás en Barquisimeto y Quíbor. 

«Pedimos a los tribunales revisar estas decisiones. La persona debe estar presente al momento de su condena», dijo Maldonado.
Movimiento Vinontinto, con el respaldo de unas 50 organizaciones, consignó un petitorio por la liberación de los más de 330 presos políticos que hay en Venezuela en las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de Lara, Yaracuy, Táchira y Distrito Capital, el 2 de noviembre,  a propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kham, al país.

Víctimas continúan desprotegidas

La denominada revolución del sistema judicial y penitenciaria, implementada desde junio de este año, no ha ofrecido protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reiteró el portavoz de Movimiento Vinontinto.

«La reforma del Código Orgánico Procesal Penal trajo pequeños cambios en la parte procesal, pero en la protección de las víctimas no tiene ningún cerco. Los presos políticos siguen en centros de detención que son temporales y que no reúnen las condiciones mínimas de reclusión», agregó Maldonado.

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