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martes, 20 octubre, 2020

Gabriel Gallo: «Gobierno amedrenta a miembros del Consejo de Defensa Nacional Jurídica»

Comisión de efectivos del Sebin-Yaracuy allanó el inmueble del dirigente político de Voluntad Popular el lunes 12 de octubre

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San Felipe.- Gabriel Gallo, coordinador regional de Voluntad Popular y miembro del Consejo Nacional de Defensa Jurídica por la Asamblea Nacional, catalogó de inaceptable el procedimiento de allanamiento efectuado este 12 de octubre por efectivos del Sebin-Yaracuy en su residencia.

Gallo señaló que la persecución obedece a la ‘cacería de brujas’ que ejerce el Gobierno nacional contra los representantes del consejo legítimamente constituido en 2015.

Según el dirigente político, la orden de allanamiento a su vivienda, ubicada en la urbanización Villa de la Rioja, fue girada por una fiscal con competencia nacional del área metropolitana.

En su cuenta de Twitter @GabrielGalloG expresa: «Funcionarios del Sebin allanan mi residencia en Yaracuy, es un hecho público que me encuentro fuera del país. Actúan de forma cobarde. @julioleonyara tiene rato intentando culparme en cualquier acto delictivo, no tienen escrúpulos ni con la familia, ya conocen la historia».

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Persecución sistemática

Gabriel Gallo comentó, este 13 de octubre, a El Pitazo, vía WhatsApp, que desde hace años funcionarios gubernamentales le mantienen una persecución sistemática.

Detalló que en 2007 a su familia le expropiaron el fundo Tibana, que hoy por hoy está improductivo, igual que el fundo Ramal, ubicado en el municipio Manuel Monge, expropiado en 2011.

La persecución continuó en 2016, cuando el abogado internacionalista aspiraba a la Gobernación del estado Yaracuy y compitió con el actual mandatario regional.

En 2019, una comisión de Poliyaracuy detiene a su madre por presuntamente estar involucrada en actos de alteración del orden público durante las protestas del 23 de enero. Gallo expresó que en ese mismo año, el Consejo Legislativo del estado Yaracuy gira la orden de interpelarlo sobre sus bienes por presuntos hechos de corrupción.

«Nunca he sido funcionario público y el Consejo Legislativo del estado Yaracuy no tiene competencia para interpelarme porque son bienes privados», dijo.

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