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jueves, 28 marzo, 2024

Familiares de asesinados por las Faes en El Tocuyo presentaron denuncia en el MP

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Barquisimeto.- Los padres de Cristian Alejandro Ramos, Anderson Torres Cortez y José Alfredo Torres Cortez interpusieron una denuncia en el Ministerio Público, el jueves 14 de febrero, para que se abra una investigación sobre el operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que cobró la vida de los tres jóvenes el pasado 25 de enero, en el caserío El Bosque de El Tocuyo. 

En la Fiscalía Superior del estado Lara, los familiares solicitaron medidas cautelares de protección para las víctimas y testigos de la masacre que, indican, fue dirigida por dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) apodados «el Bomba» y «el Nariz». Asimismo, pidieron la reconstrucción de los hechos y la exhumación de los cadáveres, porque las actas de defunción no reflejan las verdaderas causas de muerte.

En la minuta policial de las Faes, acusan a Cristian (17), Anderson (17) y José Alfredo (24) de causar destrozos en la residencia de la alcaldesa del municipio Morán y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gisela Rodríguez, durante las manifestaciones opositoras del 23 de enero. La versión que es desmentida por allegados.

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Judith Cortez, mamá de José Alfredo y Anderson, dijo que los Cicpc que guiaron a las Faes hasta su vivienda la amenazaron con asesinar a todos sus hijos en enero de 2017, cuando perdió al mayor de sus seis varones en un caso manejado como un enfrentamiento con la policía científica. 

«Ya perdí a tres de mis hijos. No sé por qué se ensañaron contra ellos. Salgo a la calle con miedo», lamentó Cortez.

Cristóbal Ramos, el padre de Cristian, dijo que no aceptará que la muerte de su hijo quede impune. «Estaba empezando a vivir. Como en este país no hay justicia, no hay nada, yo iba a mandarlo a Perú donde está una de sus hermanas», recordó Ramos.

Manipularon los hechos

«Esos muchachos no estaban involucrados en protestas ni eran delincuentes. Así tuvieran expedientes judiciales tendrían que respetarles la vida. No se enfrentaron con armas, los torturaron y mataron», reiteró un tío de Cristian al condenar las declaraciones de las autoridades regionales que presentaron el operativo como el desmantelamiento de una banda dedicada al robo y tráfico de drogas.

En la denuncia consignada al MP exigen que la alcaldesa Gisela Rodríguez rinda testimonio sobre la actuación de los funcionarios policiales, porque la comisión habría salido de su residencia.

«No dudo en señalar que una de las autorías intelectuales está en la alcaldesa Gisela Rodríguez que pretende comprar el silencio de la comunidad en base a dádivas. Cuidado si esta responsabilidad alcanza a funcionarios de mayor nivel porque no creo que en una alcaldesa pueda estar depositándose tanta fuerza como para enviar a un comando tan letal», declaró el diputado a la Asamblea Nacional y representante del Frente Amplio capítulo Lara, Guillermo Palacios.

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Palacios mencionó que hay irregularidades en las actas de defunción, entierro y autopsias para mantener la versión del enfrentamiento y librar a los funcionarios de las acusaciones de los testigos presenciales que alegan se trató de una ejecución extrajudicial.

«Cambiaron la escena del crimen. Indican que el hecho se produjo a las 4:30 de la mañana, cuando fue a partir de las 2:30 de la tarde aproximadamente. En el patio de la casa (de la familia Torres Cortez) se observa cómo forjaron las condiciones para que pareciera que estaban disparando a los propios funcionarios», agregó Guillermo.

El diputado anunció que la comisión de política interior de la AN también realizará una investigación del caso.

Represión política

El representante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Nelson Fréitez, considera que las Faes son el nuevo brazo de la represión política.

«Aquí se estrenaron con el allanamiento masivo a más de 45 viviendas en la urbanización Sucre, el 10 de enero, y cinco ajusticiamientos en Carora y El Tocuyo después del 23 de enero. Este organismo es producto del saldo letal que dejaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) que empezaron en junio del año 2015 y por las críticas a nivel nacional e internacional que hicieron organizaciones como Provea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que eliminarlos», manifestó Freitez.

«Si las OLP eran operativos antiinsurreccionales por el hambre y la indignación de la gente, las Faes vienen a continuar esa estela de masacres. Son un peligro y hay que hacer un muro de contención y de denuncia». alertó.

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Las Faes se instalaron en el estado Lara en el segundo semestre de 2018. La Red de Derechos Humanos sostiene que ese grupo ha cometido 106 ejecuciones extrajudiciales entre agosto de 2018 y febrero de 2019.

«Estamos viviendo en un Estado que no respeta los derechos humanos y el ajusticiamiento de estos tres muchachos es la prueba contundente de la tiranía que asola a Venezuela», agregó el doctor Jorge Rosell.

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