En Lara aumentan casos de COVID-19 relacionados con foco del Mercado Las Pulgas

En el municipio Torres subió a 10 el número de casos de COVID-19. Tres médicos se contagiaron luego de atender a un paciente positivo en la ciudad de Carora

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Según expertos las restricciones aplicadas en Lara la tercera semana de junio no responden a las necesidades de la población | Foto: cortesía Andreina Ramos

Barquisimeto.- De los 88 casos de COVID-19 confirmados por el gobierno en el estado Lara, hasta el 23 de junio, 12 guardan relación con el foco del Mercado Las Pulgas del estado Zulia en los municipios Torres (10), Iribarren (1) y Jiménez (1). La mayoría de los casos corresponden a comerciantes del estado Lara que frecuentaron mercados municipales de Maracaibo entre finales de mayo y mediados de junio y contagiaron a sus familiares.

En Carora, capital de Torres, el alcalde Edgar Carrasco reportó, el 23 de junio, que tres médicos de una clínica privada dieron positivo en las pruebas PCR después de atender a un paciente con coronavirus que viajó al Zulia recientemente, publicó el Diario El Informante. Estos últimos casos no fueron anunciados por las autoridades locales en el reporte del 23 de junio, aunque los resultados de las pruebas llegaron un día antes.

La Dirección de Salud del estado Lara inició un despliegue de emergencia en más de 50 comunidades del municipio Torres. En el pesquisaje del 22 de junio hicieron 256 pruebas diagnósticas, según datos de la gobernación.

El aumento de casos de transmisión comunitaria vinculados con el foco del Mercado Las Pulgas puso a Lara en la lista de entidades bajo medidas especiales de confinamiento. Las nuevas restricciones aplican para los municipios Iribarren y Torres, donde se concentran más de la mitad de los contagios del estado.

Iribarren, además del municipio Torres, tiene el acceso vehicular clausurado por el aumento de casos de COVID-19. Foto: cortesía Andreina Ramos

Medidas son de control político y no sanitario

El 22 de junio entró en vigencia la radicalización de la cuarentena en dos de los nueve municipios que consiste en la prohibición de libre tránsito, venta de combustible y actividades comerciales de 3:00 pm a 6:00 pm y el cierre de autopistas.

El horario de funcionamiento de estaciones de servicio extendido por 24 horas hace apenas una semana quedó suspendido y el despacho de combustible subsidiado está reservado solo para vehículos de uso oficial y personal de sectores prioritarios con salvoconducto.

“Tenemos barreras de contención en Iribarren, Torres y el eje carretero Lara-Zulia. Solo están exceptuados los sectores prioritarios: salud, alimentación, agroindustria, servicios básicos y cuerpos de seguridad”, declaró en cadena regional la secretaria de gobierno del estado Lara, Carolina García, este 23 de junio.

Para los sociólogos Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela capítulo Lara y Nelson Fréitez, coordinador de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, estas medidas son improvisadas y paralizan aún más los servicios vitales en tiempos de pandemia y emergencia humanitaria.

“La gente sabe poco o nada de cómo tramitar un salvoconducto y cuáles son los sectores prioritarios. Un ciudadano desinformado es un ciudadano vulnerable frente a medidas bastante severas. Si vamos a tener políticas de confinamiento deben responder a lógicas sanitarias para proteger la vida y la salud de las personas”, explicó Sánchez.

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A la par, señaló que dejar incomunicados municipios tan cercanos como Iribarren y Palavecino compromete hasta un traslado de emergencia a los principales hospitales del estado que se ubican en Barquisimeto. Aunque los casos de salud forman parte de los grupos exceptuados, el colapso vial que se genera en las alcabalas puede retrasar la movilización.

“Los servicios públicos se siguen deteriorando aceleradamente y es una de las razones por las cuales las personas deben salir en la cuarentena para gestionar agua o gas doméstico. Las directrices de Naciones Unidas sobre la pandemia dicen que no deben hacer uso desproporcionado de la fuerza. Lo que sí se debe hacer es garantizar los servicios públicos y cubrir sus necesidades”, agregó Fréitez.

Ambos calificaron de contradictoria la radicalización de la cuarentena tras las medidas de flexibilización y el caos que se desencadenó en las estaciones de servicio durante al menos dos semanas.

“Después de cien días de cuarentena se aprecia un cierto relajamiento de la población en cuanto a las formas de autoprotección y eso puede deberse a la falta de confianza y de credibilidad”, alertó Fréitez.

Según la Red de Derechos Humanos del estado Lara, la población tiene 70% del tiempo diario confiscado por las restricciones de circulación.

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