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lunes, 17 mayo, 2021

Dictaron privativa de libertad para los once jóvenes detenidos en Coro

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Coro.- Once jóvenes que permanecen detenidos desde el pasado 23 y 24 de enero en la ciudad de Coro fueron privados de libertad de acuerdo a la decisión del juzgado cuarto de control, a cargo del abogado Luis Marcano.

A uno de los detenidos en el sector La Velita la noche del 24 le fue otorgado arresto domiciliario dada su condición de déficit cognitivo y desnutrición. El resto permanecerá recluido en la sede de la Policía del estado Falcón (Polifalcón).

El primer grupo de detenidos fue apresado la tarde del 23 de enero por su presunta participación en el saqueo a la panadería «Santa María» en la capital falconiana. Serían 12 personas, entre ellos cuatro adolescentes que fueron puestos en libertad bajo medidas sustitutivas y de protección.

Las declaraciones de testigos y familiares dicen lo contrario. Las investigaciones preliminares de los abogados también contrastan con la versión oficial. Varios de los detenidos fueron capturados fuera del lugar de los hechos y sin elementos criminalísticos que los inculparan. Tras 13 días de audiencias diferidas, finalmente recibieron la privativa de libertad.

Euro Colina, abogado defensor, declaró desde el principio lo viciado del proceso. La apelación es el recurso que usarán para obtener la libertad de estos jóvenes. Foto: Adriana Pérez Gilson

No estaban saqueando

Engerbert Colina tiene 20 años y se encuentra entre la lista de los detenidos por el ataque a la panadería. El joven ni siquiera es de Coro. Es nativo de Cabure, capital del municipio Petit en la sierra de Falcón y vino a la ciudad por la oportunidad de trabajo en una camaronera. Acordó verse con su prima Aurimir Rojas quien acompañó a su primo al terminal para ver si había transporte.

Antes visitaron la casa de su abuelo donde almorzaron. Aurimir aprovecharía de arreglarse los aparatos dentales mientras su primo veía algo en una tienda. Otro amigo se juntó con ellos, Eduardo Franco de 20 años, técnico superior en Mercadeo, encargado de un negocio de repostería y quien le prestaría la tarjeta de débito a Aurimir para que hiciera el pago de la consulta odontológica.

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“Ellos estaban por el centro de la ciudad viendo en una zapatería cuando escucharon el alboroto y lanzaron una bomba lacrimógena, se asustaron e hicieron lo que haría cualquiera, se pusieron a correr y ahí fue que los detuvieron” cuenta Jaqueline Freites, madre de Aurimir, la única mujer detenida y quien por primera vez pasa por esta situación.

Jonier Lugo Partidas de 23 años, estudiante de Ingeniería Civil sí estaba en la marcha convocada para el 23 de enero junto a su primo Edgardo García Partidas, de 25 años. Asistieron acompañados de varios familiares, entre ellos la mamá de Edgardo, Maryolis Partidas.

“Nosotros fuimos a la concentración y luego que terminó ellos se movieron hasta la siguiente cuadra donde iban a esperar a otro primo y de ahí irían a buscar a una amiga” cuenta Maryolis. El primo llegó justo en el momento en que los dos jóvenes fueron arrestados.

“Los quieren acusar de algo que no hicieron, mi hijo solo llevaba un bolso de su prima en el que había una botella de agua, un polvo compacto y una bandera. Ellos son muchachos con valores, mi hijo no tiene necesidad de saquear porque tiene sus negocios. Esto que han hecho es una maldad, uno no duerme bien con esta angustia” confiesa Maryolis al borde de las lágrimas.

Once familias falconianas están consternadas por la severa sentencia que recibieron los jóvenes. Temen que sea una represalia policial. Foto: Jonathan Petit

Jonathan Jiménez, uno de los más jóvenes, tiene 19 años. Fue a la marcha con permiso y conocimiento de su madre, Rossana Romero. Ella afirma que su hijo ni siquiera bolso llevaba, pero está acusado de cargar uno con piedras, panes y hasta bombas molotov.

Por su parte, Ricky Ávila no tiene ni celular, según cuenta su padre, Jairo Ávila. Mucho menos un bolso con el que pretenden acusarlo de tener elementos que lo incriminan en el saqueo. Estaba ya alejado del sitio de la concentración y venía de la casa de su novia hasta la de su hermana cuando fue detenido. Es deportista, practica fútbol y béisbol y dentro de poco participaría en un campeonato en Cumarebo.

La lista la completa Ervin Barrios, de 27 años, cantante, compositor y padre de familia. Fue apresado aproximadamente a cinco cuadras de la panadería que presuntamente había saqueado. Al igual que los demás, no tenía bolso ni elementos que lo incriminaran, pero igual fue apresado y montado en el camión.

Su madre, Carmen Galarraga se vino desde Caracas al enterarse de la detención de su hijo. “Él me dice que ni siquiera estaba ahí. Que venía caminado por el paseo La Alameda y venían dos motos por un lado y tres motos por el otro, un policía lo apunta con el arma y se quedó ahí, el policía no sé qué movimiento hizo y el empezó a correr y ahí fue que lo agarraron, lo subieron a la moto y de ahí al camión donde llevaron a los detenidos”.

Ninguno de los chicos tiene antecedentes. “Yo me siento mal, esto fue una burla, una audiencia tan larga para este desenlace, privativa de libertad para unos muchachos inocentes. Yo hago responsable a Rodríguez León de lo que le pase a esos muchachos” agrega Carmen.

Oswaldo Rodríguez León, secretario de seguridad ciudadana, dijo a los familiares la tarde del sábado 2 de febrero día que comenzó la audiencia que no se preocuparan. “Él nos dijo de frente, que ellos iban a salir en libertad porque no había nada. El Sipef -Servicio de Investigaciones Penales del estado Falcón- fue quien hundió a esos muchachos, le sembraron esas cosas” afirma Jaqueline, la mamá de Aurimir.

El Servicio de Inteligencia de la Policía del estado Falcón (Sipef), según información extraoficial, recibe órdenes directas de Rodríguez León y sería la unidad responsable de la detención de estos chicos.

Manuel Alejandro fue detenido la noche del 24 de enero en un altercado en el sector Las Velita. El joven de 20 años trabaja en la panadería socialista de la zona, es líder de su calle, miembro del Clap y estudiante universitario. Su madre, María Madriz, cuenta que había salido de su trabajo para acompañar a su novia a su casa. “El me dijo que iba pasando y le dice al policía que tenga cuidado que por ahí están lanzando piedras, pero fue a el a quien se llevaron. Mi hijo es un muchacho sano, trabajador, ayuda a los niños de por la casa con el deporte. ¿Por qué me le hacen esto”?

Fuera de derecho

Familiares reunidos con el abogado reciben instrucciones. El siguiente paso es buscar testigos que puedan corroborar la inocencia de los detenidos. Foto: Adriana Pérez Gilson

Como una monstruosidad judicial, fuera de derecho y totalmente indignante calificó el abogado Euro Colina la decisión del tribunal. Colina, miembro del Observatorio Penal Falconiano y director del Movimiento de Abogados forma parte del grupo de profesionales que asumieron la defensa ad honorem de estos detenidos.

“La medida nos sorprendió como defensa. Se decretó la medida más severa que tiene el proceso penal venezolano que es la privación judicial preventiva de libertad, es decir, en una cárcel. Al ciudadano con las patologías le fue dictado arresto domiciliario, no porque no fuera culpable según el juez, simplemente por su condición”.

Ya el Observatorio Penal había advertido sobre lo viciado del proceso tras 13 días de detención sin audiencia de presentación. Colina afirma que la defensa pidió la nulidad de los hechos por la violación al debido proceso, libertad sin restricciones, no considerar los delitos imputados por esta fuera de lugar. Todas fueron declaradas nulas. En los expedientes, reiteró, no hay testigos que señalen que los detenidos estaban en el lugar de los hechos y las detenciones ocurrieron en varios casos, a kilómetros del sitio.

“Rechazamos la medida, por considerarla indignante que no está en el hacedero jurídico la única carta que tenemos desde el visto procesal es la apelación para que un tribunal superior conozca y desestime esa decisión monstruosa”

Los jóvenes están privados de libertad. Los delitos que les imputan son: agavillamiento, hurto calificado, incitación a delinquir uso o porte de artefactos explosivos e incendiarios El juez tiene cinco días para publicar esta sentencia y ahí comienza el proceso de apelación. Mientras, las familias de estos diez falconianos se mantienen en vilo, a la espera de que la justicia, al menos la divina, se manifieste.

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