Movimiento Vinotinto contabiliza 2.113 docentes con salarios suspendidos en ocho estados del país

Entre julio de 2016 y mayo de 2019, el Movimiento Vinotinto contabilizó 5.913 casos de empleados públicos despedidos, desmejorados o encarcelados por participar en protestas políticas o exigir reivindicaciones salariales

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Docentes sin paga
Sindicatos, gremios y empleados públicos se reunieron en el Colegio de Médicos del estado Lara para conocer los mecanismos de protección que ofrece la Asamblea Nacional. Foto: Liz Gascón

Barquisimeto.- Durante el I Encuentro de Trabajadores Víctimas de Persecución Política, realizado este jueves, 6 de junio, en Barquisimeto, sindicatos, gremios, organizaciones no gubernamentales y el Bloque Parlamentario del estado Lara discutieron el contenido de la Ley de Garantías para Empleados Públicos y abrieron un censo para conocer el total de retaliaciones en instituciones del Estado.

“La Asamblea Nacional ha presentado una herramienta que consideramos una conquista de la clase trabajadora venezolana, que desde el año 2001 es perseguida y alienada por el Ejecutivo nacional”, declaró el coordinador de la ONG Movimiento Vinotinto, abogado Manuel Virgüez.

El activista indicó que entre julio de 2016 y mayo de 2019 registraron 5.913 casos de despidos, desmejoras y detenciones a empleados públicos por su participación en protestas políticas y laborales. En el período de Nicolás Maduro, explicó, se consolidó un patrón de violaciones en instituciones del Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías.


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“En ocho estados donde el Observatorio del Derecho al Trabajo tiene presencia, contabilizamos 2.113 docentes a los que se les ha suspendido el salario, y esta es una nueva táctica de persecución. Es decir, ya no hay despido y no se ejerce directamente el encarcelamiento. Es un mecanismo retaliativo en contra de los docentes de educación básica, media y diversificada que se han sumado al paro”, detalló.

Igualmente, señaló que tan solo en el estado Lara contabilizaron 57 casos de persecución política en organismos públicos en 2018 y la cifra va en aumento.

Ivss y Corpoelec encabezan violaciones

En el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) y Corpoelec Lara se concentra el mayor número de violaciones a los derechos de los trabajadores. El abogado citó dos ejemplos: la jubilación forzosa de la enfermera Aloima Medina, del hospital Pastor Oropeza, y las amenazas de portavoces del Psuv al secretario general del Sindicato de Trabajadores Eléctricos del estado Lara, Oswaldo Méndez.

Medina camina ocho kilómetros al día para salir a trabajar. Tiene 30 años de servicio y le niegan el ingreso al hospital por dirigir las protestas y marchas del personal que exige mejoras salariales.

“El 3 de mayo me informaron que había sido beneficiada con la jubilación, pero no la acepté porque nunca la solicité. Hay colegas que la han pedido desde hace dos meses, tienen los años de servicio, la edad y la tramitan, pero no se las otorgan. Tratan de sacarme porque me opongo a los atropellos, el hostigamiento y alzo la voz por las irregularidades. A partir de un video de protesta que me grabaron ese día, me contactó el presidente encargado, Juan Guaidó, y me entrevisté con él para contarle cuál es la lucha que libramos los trabajadores de la salud”, declaró la enfermera.

33 detenciones en seis meses

Según cifras de Movimiento Vinotinto, entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, 33 sindicalistas y empleados públicos han sido detenidos en Venezuela por participar en protestas políticas o exigir reivindicaciones salariales.

En la lista incluyen a los seis trabajadores del departamento de mantenimiento mecánico de Venezolana de Cementos (Vencemos) filial Lara, detenidos arbitrariamente el 1 de mayo en Barquisimeto. Están en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional en condiciones de hacinamiento, con signos de depresión y pérdida de peso.

Falsos positivos en centros de salud

Para el abogado Manuel Virgüez, la apertura de la División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública en la policía científica solo oficializa la persecución contra el personal de centros asistenciales con déficit de suministros médicos o su distribución limitada.

“En el sector salud se están formando falsos positivos contra médicos residentes y enfermeros por la presunta extracción de suministros médicos de las instituciones. Nos han llegado casos de trabajadores que dicen que los van a expulsar, botar; incluso hay una joven acusada penalmente por sacar suministros médicos. Pero hay instituciones que no tienen un manual de funcionamiento, razón por la cual los empleados no saben cómo adquirir los insumos del depósito central para la atención de los pacientes. Les asignan un número limitado de jeringas, solo por citar un ejemplo, y guardan suministros en sus koalas por previsión”, explicó.

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