CLAVES | Dos especialistas coinciden en que no hay sobreprecio en proyecto de la CAF

Los diputados Enrique Márquez y Oscar Ronderos aseguran que la propuesta la Ley de Endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento, por 350 millones de dólares, es transparente y es impropio considerar sobreprecio cuando se trata de estimaciones

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Foto: Referencial

Caracas.- Los diputados Enrique Márquez y Oscar Ronderos defienden la propuesta la Ley de Endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 350 millones de dólares. Afirman que el proceso de financiamiento es transparente y es impropio considerar sobreprecio cuando se trata de estimaciones.

De esta forma responden a los señalamientos de los especialistas en materia eléctrica, José Aguilar y Miguel Lara, quien alertaron que esta ley, que discutirá la Asamblea Nacional para la compra de unidades de Fast Power que permitirán la ejecución de proyectos eléctricos en Zulia, Caracas, Los Andes y Nueva Esparta, presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias por el orden de los 140 millones de dólares.

A continuación, presentamos las claves para entender esta compra:

La Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico estipula un acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela, la CAF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Este último será el ejecutor y administrador de los recursos financiados por la CAF al Estado venezolano, de acuerdo con el proyecto de ley revisado.

  • El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector eléctrico -un documento elaborado por técnicos de la CAF, Corpoelec y el Colegio de Ingenieros de Venezuela- estima la mayor inversión en Zulia por un monto de 231.500.000 dólares.
  • De esa cantidad, 194 millones de dólares (55 % del préstamo total) estarían destinados para la incorporación, en cinco meses, de 240 megavatios en ocho unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power, cuyas máquinas en el mercado internacional estarían por el orden de 108 millones de dólares en total, según cotizaciones de fabricantes como Siemens, General Electric y Mitsubishi. La estimación presupuestaria presenta «sobreprecio», según indicaron los especialistas consultados José Aguilar y Miguel Lara.

  • Enrique Márquez, diputado de la AN por Un Nuevo Tiempo -partido promotor de la ley-, aclaró que el proyecto está en una etapa de estimaciones presupuestarias. «Las estimaciones presupuestarias fueron hechas tanto por personal técnico de Corpoelec como por personal del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la CAF que tienen experiencia en el área. (…) Hablar de sobreprecio es impropio e inadecuado. Tenemos una estimación para garantizar la construcción del proyecto». Precisó que, además de la compra de las turbinas, en los 194 millones de dólares se incluye las obras civiles y el pago a una empresa externa -ganadora de una licitación que hará la Pnud- para que opere y dé mantenimiento a las turbinas por tres años. «La intención es que Corpoelec no maneje los equipos».

  • Oscar Ronderos, diputado de la AN por Acción Democrática, aseguró que el plan técnico presentado para recuperar el servicio eléctrico, que incluye la compra de unidades de Fast Power y la recuperación de megavatios en plantas de Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Miranda, es el mejor, porque es en el que coinciden técnicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de Corpoelec. Resalta que el proceso de financiamiento es transparente porque estará tutelado por el Pnud, que será el garante de la administración de los recursos y de la ejecución de los proyectos.

  • Daniel Rosas, especialista en contrataciones públicas del Iesa, explicó que no se puede considerar que hay sobreprecio en un proyecto de ley que no ha sido aprobado ni ejecutado, y que se basa en estimaciones presupuestarias. Sin embargo, aclaró que sí se puede indicar que hay una «sobreestimación de costos» si las estimaciones elaboradas están muy por encima de los precios reales que existen en el mercado. Agregó que esto no implicaría que en la ejecución haya una sobrefacturación del bien o del servicio, porque un presupuesto siempre se estima hasta un monto máximo.

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  • Jesús Urbina, miembro de Transparencia Venezuela, coincide en que los presupuestos son estimaciones de costo y que se habla de sobreprecio cuando ya se ha ejecutado el pago. Indicó que sí pudiera existir en los proyectos de endeudamiento un «sobredimensionamiento de la estimación del gasto». Advirtió que desde hace meses, organizaciones de la sociedad civil han propuesto a la presidencia interina que debe crear la figura de un contralor Ad Hoc que sirva para hacerle auditoría a los mecanismos que se aprueban en la AN para el ingreso de la cooperación internacional para atender la ayuda humanitaria y a la recuperación de capitales de la corrupción que están en el extranjero.

  • Miguel Lara, exgerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, considera «errado» proponer lo que hace Corpoelec en los últimos años: «Compras de equipos inconvenientes y similares a los que se han adquirido con anterioridad con resultados negativos, ya que funcionan transitoriamente y en corto tiempo se convierten en problema y la crisis continúa acentuándose». Aseguró que el país dispone cerca de 800 megavatios en unidades de respuesta rapída y que no están disponibles. «Estas unidades son reparable en menor tiempo y a costo mucho mas bajo», especificó.

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