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jueves, 28 marzo, 2024

Autoridades de Zulia demandan a funeraria por autorizar un velorio

Los funcionarios de la coordinación de Seguridad Ciudadana en el municipio Colón indican que los dueños de la funeraria El Milagro autorizaron un velorio en Santa Bárbara de Zulia, en desacato al decreto de alarma nacional para evitar la propagación del coronavirus

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Santa Bárbara de Zulia.- La funeraria El Milagro, en el municipio Colón, enfrenta un proceso penal desde este jueves, 25 de junio, luego de autorizar un velorio en el poblado de Santa Bárbara de Zulia, lo que según la policía de esa zona califica como una violación al decreto de alarma nacional que prohíbe la aglomeración de civiles en salas velatorias y domicilios en medio de la pandemia del coronavirus.

La información aportada a El Pitazo por la coordinación general de Seguridad Ciudadana detalla que los dueños de la funeraria firmaron un contrato comercial con los familiares de un fallecido y permitieron que el cuerpo permaneciera en la vivienda.

El Pitazo conoció que el velatorio se consumó en el sector La Carmela en la parroquia Santa Bárbara. «Allí acudieron familiares y vecinos», mencionó un agente policial.

Una vez enterados los funcionarios de inteligencia de dicha coordinación y del Cuerpo de Policía Bolivariana del municipio Colón (Policolón) procedieron a retener la furgoneta y al conductor que labora para la empresa de servicios fúnebres, a la altura del punto de control instalado en la cabecera del puente sobre el caño La Maroma, en la vía Santa Bárbara-El Vigía.

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«De acuerdo al negocio establecido con el cliente, la funeraria entregó el cuerpo en la casa de los deudos, propiciando las condiciones para permitir el velorio y comprometiéndose (dentro del acuerdo comercial suscrito) en hacer el traslado al cementerio al día siguiente, situación causante de violación al decreto de ley», cita el texto del comunicado de la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal.

El caso está en manos de funcionarios de la Fiscalía municipal segunda del Ministerio Público, cuya instancia judicial evalúa si procede el caso desde el punto de vista penal o administrativo en contra de los propietarios de la empresa funeraria, de acuerdo a lo establecido en las restricciones del decreto nacional emitido desde el mes de marzo de este año que prohíbe la aglomeración de personas a raíz de los casos de coronavirus en Venezuela.

«Seguimos haciendo seguimiento a las funerarias de la localidad del Sur del Lago para garantizar el fiel cumplimiento a las normas contempladas por decreto del estado de alarma para cortar la cadena de contagio del COVID-19 en la zona», advierte el texto enviado por el despacho que encabeza Reinaldo Sánchez.

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