Amedrentan a médicos larenses que han denunciado fallas en el sistema sanitario

Red de Derechos Humanos en Lara pide el cese de la persecución a médicos que denuncian la crisis sanitaria

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La crisis sanitaria afecta principalmente a quienes padecen enfermedades crónicas y personas hospitalizadas / Foto: Keren Torres

Barquisimeto.- Daniel Yépez, médico del municipio Morán, en el estado Lara, hizo un vídeo donde denunció las carencias de insumos y medicinas en el Hospital Egidio Montesinos de El Tocuyo, situación que les impide ofrecer una atención de calidad a los pacientes que asisten a este centro de salud.

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En en vídeo se muestra cómo espera un paciente con pie diabético acostado en los sillones de espera, porque no hay ni gasas para hacerle la cura respectiva. Por estas imágenes, a Yépez, junto a su esposa, Marianyoli Angulo, también médico y adscrita al hospital, fueron detenidos e interrogados por varias horas en la sede de la policía científica.

Aunque los liberaron, la persecución y amedrentamiento dentro de la institución de salud y fuera de ella ha continuado por parte de las autoridades sanitarias, tanto municipales como regionales.

A esta situación se le suman los casos de médicos que han sido despedidos o están presos por denunciar la crisis sanitaria dentro del sistema público de salud, como sucedió con el especialista en hematología oncológica, que se encuentra privado de libertad en Maracay sin pruebas que sustenten su detención, según han denunciado los galenos y abogados que llevan la causa.

Estas irregularidades impulsaron a los miembros de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, a emitir un comunicado en rechazo a “las campañas sistemáticas de acoso, persecución y despido del personal médico y paramédico” que hablan sin temor sobre las “condiciones tan precarias de atención, que terminan por propiciar el agravamiento y muerte de pacientes”.

Luzmila Leal, miembro de la Red y representante de Médicos Unidos de Venezuela, en su capítulo Lara, rechazó el atropello en contra de los trabajadores de la salud y alertó sobre la creación de una División de Delitos contra la Salud Pública en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Esto es muy grave, en medio de toda la crisis es necesario denunciar las fallas. La policía se está prestando para investigar denuncias falsas y como sabemos, en Venezuela no existe estado de derecho, lo que imposibilita a médicos como el doctor Marulanda salir libre”, expresó Luzmila Leal.

Sin servicios básicos

En la Declaración Pública de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, integrada por 17 organizaciones, estiman que la crisis sanitaria empeoró después del 7 de marzo, cuando inició el primer apagón nacional. A la falta de insumos, medicamentos y personal médico especializado, ahora se observa con más fuerza el déficit de agua, luz y gas.

“Esto pone a las unidades de atención y tratamiento en situación de mínima operatividad. Todo ello genera un acelerado agravamiento de las enfermedades y muertes del voluminoso grupo de pacientes crónicos de cáncer, VIH, patologías renales, parkinson, diabetes, hipertensión y todos los cuadros de trastornos mentales”, se lee en el comunicado.

Explican que han sostenido reuniones con las autoridades sanitarias regionales, pero ninguna de las promesas que han hecho se han cumplido.

En cuanto a la contaminación por la bacteria serratia marcensens en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, del estado Lara, explican que no ha sido eliminada en su totalidad y las denuncias de muertes de niños por esta causa no han sido investigadas, a pesar de las denuncias que ha realizado la ONG Mapani en el Ministerio Público.

“Mapani demandó al Estado en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, además de denunciarlo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. La Red se hace plenamente solidaria con tal denuncia y la suscribe en todos sus términos”, enfatizan en el comunicado.

Los defensores de derechos humanos exigen además el ingreso definitivo y masivo de ayuda humanitaria, con una distribución transparente y equitativa para todos los pacientes con enfermedades crónicas, hospitalizados y a quienes están en peligro de morir.

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