Caracas.- Para marzo de 2022 se contabilizaron 2.398 migrantes venezolanos presos en cárceles de Colombia. Los mismos padecen hacinamiento en los centros de reclusión, desinformación sobre sus derechos y discriminación, revela Pesquisa javeriana, una investigación de distintos medios colombianos bajo el título Migrantes y prisioneros
del abandono.
El principal problema de los centros de detención en Colombia es el cupo. A finales de marzo de 2021, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que en Colombia habían 97.080 privados de libertad, entre ellos 2.859 extranjeros de los cuales 2.398 son de Venezuela; lo que constituye al 2.9 % de la ocupación total de los centros de detención en Colombia.
Sin embargo, el hacinamiento no es el único problema al que se deben enfrentar los presos de nacionalidad venezolana, quienes deben sobrevivir con el desconocimiento del sistema penal colombiano, la falta de una red de apoyo familiar y la xenofobia; factores que dificultan las garantías de su proceso judicial.
Sin visita ni hogar
Otro obstáculo que enfrentan los migrantes bajo detención, es la comunicación con sus familiares desde el momento en el que son detenidos. En la encuesta realizada por Pesquisa Javeriana, 20 de las 36 personas del Centro Especial de Reclusión (CER) afirmaron que no han podido recibir visitas sin complicaciones.
Parir en Colombia: una odisea de trabas y desinformación para las migrantes venezolanas
La investigación señala que algunos abogados recomiendan a sus representados venezolanos aceptar los cargos, incluso cuando ellos aseguran ser inocentes, solo para que el proceso judicial culmine con rapidez; sin importar de qué modo los cargos puedan afectar su proceso migratorio en Colombia. “Solo nos dicen que por ser extranjeros tenemos que aceptar cargos si verdaderamente lo hicimos. Y uno sin saber nada de lo que hace dice: bueno, dígame qué hago y yo lo hago”, expresó Claudimar Mora, una venezolana consultada para la investigación.
A esto se le suman las dificultades que tienen los privados de la libertad venezolanos a acceder a otro tipo de formas de reclusión diferentes a la intramural, pues al ser migrantes y no tener un lugar de vivienda establecido, no pueden solicitar una prisión domiciliaria.
“Yo sé que es difícil recibir una visita, pero más difícil es no recibirla. Uno sufre más que todo por ellos, porque uno sabe que ellos se sienten mal, que no saben de uno, se preocupan mamá y papá, que uno está enfermo, que se deprime, toda esa cuestión. Eso es lo que a uno verdaderamente lo entristece en este lugar: la familia”, confiesa Claudimar Mora.
Venezolanos Lgbtiq+ en prisión
Según cifras del Inpec para 2021, de 1.995 venezolanos presos en Colombia, 33 se reconocían como población diversa. Sin embargo, estos datos no refleja toda la realidad debido a que muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con actos discriminatorios.
La comunidad Lgbtq+ suele ser la que recibe menor atención y tratos dignos dentro de los centros de reclusión. El estudio señala que quienes se identifican como parte de esta comunidad constantemente reciben insultos por parte de funcionarios y otros reclusos debido a su orientación, además, en el caso de las mujeres trans, es común que no les dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina.
Pese a esto, el Inpec ha buscado ayudar a los migrantes pertenecientes a la comunidad Lgbtq+ al darles kits de aseo personal cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes.
“Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. Por otro lado, la embajada de Venezuela en Bogotá -que debería garantizar una vigilancia de sus ciudadanos privados de la libertad- solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dijo la venezolana Aicia Bustos.
Maternidad en prisión
Hasta marzo de 2022 había 2.859 internos extranjeros; de ellos 2.389 eran venezolanos y venezolanas (el 84%): 332 eran mujeres, el 14 % de la población total. La mayoría de ellas, al igual que las colombianas, fueron condenadas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, o por hurtos.
La investigación dice que las mujeres extranjeras en cárceles son mucho más excluidas. No tienen cerca a sus familias, sus gobiernos las abandonan y no reciben ayuda. Además, cuando se les otorga libertad condicional, se enfrentan a problemas de documentación como poseer el pasaporte vencido y la falta de un permiso de trabajo.
¿Cómo viven los venezolanos en Colombia?
Por otro lado, poder mantener comunicación con sus hijos es oro reto, puesto que no se les otorga la prisión domiciliaria debido a que sus hijos no e encuentran en Colombia y tampoco se les otorga una extradición. Su única opción es realizar llamadas telefónicas, las cuales tienen un costo de 600 pesos colombianos por minuto hacia Venezuela (0.15 dólares por minuto).
Tutela para menores venezolanos
La acción de tutela de Colombia se ha enfocado en que se cumplan los derechos fundamentales, no solo de sus nacionales, sino de los menores migrantes venezolanos que buscan acceder al sistema educativo y de salud del país vecino. En el estudio se mencionan cuatro casos de vulneración de derechos hacia menores venezolanos en 2021, que posteriormente pudieron optar a educación y atención médica al recibir el amparo de la tutela colombiana.
Dos de los casos expuestos abordan las trabas para acceder al sistema de salud debido a la falta de documentación de los menores de edad venezolanos. Sin embargo, en ambos casos la Corte Constitucional de Colombia estableció que la salud tiene un carácter de derecho fundamental y que los casos deben ser tomado como casos de derechos humanos.
El tercer caso es sobre una menor venezolana, hija de migrantes irregulares, que no pudo ser registrada como nacional colombiana debido a que no contaban con los recursos económicos para realizar el trámite. Ante la situación, se ordenó el cumplimiento de sus derechos a la nacionalidad y la personalidad jurídica, por lo que el trámite administrativo quedó a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para determinar la eventual condición de persona apátrida; adicionalmente se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindar asistencia y orientación durante el proceso.
El último caso expuesto corresponde a la vulneración del derecho a la educación de una menor venezolana tras negar su inscripción al colegio por no contar con afiliación al sistema de salud ni con los certificados de los estudios realizados por aquella en su país. La Corte Constitucional ordenó la permanencia de la menor en el ciclo educativo y la convalidación de sus estudios anteriores mediante la aplicación de pruebas.
Naciones wayú
Se debe destacar que en el caso de los wayú, no existen las distinciones entre un ciudadano colombiano y venezolano, puesto que se consideran todos parte de un mismo pueblo pese a ser una comunidad indígena que habita en la Guajira de Colombia y la de Venezuela.
Retornados colombianos enfrentan las mismas barreras que los migrantes venezolanos
“Nosotros no podemos distinguirnos entre colombianos y venezolanos; somos wayuu, pero para efectos de relacionarlos con una sociedad mayoritaria, tenemos que adoptar una ciudadanía colombiana o venezolana para poder ejercerla en los respectivos países”, dice Juan José Cantillo, wayuu y magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el informe.
Los wayú tienen su propia forma de administración y aplicación de justicia, pero según cifras del Inpec en Colombia hay 538 indígenas de diferentes comunidades privados de la libertad bajo la justicia ordinaria.
Sin acceso a la regularización ni atención consular
Tras salir de prisión, los migrantes venezolanos se enfrentan a la dificultad de obtener su regularización migratoria en Colombia. Pese a la existencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una de las condiciones para optar por él es no poseer antecedentes penales.
Algunos migrantes son regresados a su país natal, en una medida de expulsión. Otros regresan por su voluntad, pues al salir de la cárcel, dicen que en Colombia ven más dificultades para prosperar que en Venezuela.
A su vez, algunos reclusos desconocen que poseen el derecho a utilizar los servicios consulares para comunicarse con su país y sus familiares; y quienes si poseian el conocimiento, aseguraron que no se han podido comunicar con sus familiares a través de estos servicios.
El gobierno de Iván Duque reconoce oficialmente a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Esto hace que la actual embajada de Venezuela en Colombia tenga algunas limitaciones. “No tiene poder, es decir, él – Juan Guaidó – nombró embajadores pero no significa que haya construido una estructura de gobierno en el exterior con el nombramiento de cónsules que realmente puedan cumplir con todas las funciones consulares, hacen cosas muy importantes, pero no tienen los recursos para poder hacer lo que le compete a un consulado”, señala Martha Marquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
Lee la investigación completa aquí.