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miércoles, 23 septiembre, 2020

Los retornados: de la criminalización a la cuarentena insegura

El retorno es un derecho humano establecido en la Constitución venezolana y no puede ser penalizado, incluso si se ingresa por un paso no regulado, señaló Ligía Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, durante la presentación de los dos informes más recientes de esta institución sobre el regreso de los migrantes forzosos venezolanos

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Caracas. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – Ucab) presentó este miércoles, 19 de agosto, sus dos informes más recientes en los que se exponen las dificultades de los migrantes y refugiados venezolanos que retornan a su país natal en medio de la emergencia por el COVID-19.

«El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización» y «El espejismo del retorno» son los informes que exponen las razones por las que muchos migrantes venezolanos se han visto en la necesidad de retornar a su tierra natal y qué tipo de situaciones se encuentran expuestos una vez que llegan en plena crisis sanitaria.

Criminalización

La presentación contó con la participación de Ligia Bolívar, investigadora del CDH y coordinadora de Alerta Venezuela, quien expuso que el retorno es un derecho humano que se encuentra reflejado en la constitución venezolana, por lo que el acto de criminalización hacia los retornados no posee ninguna base jurídica.

El primer informe señala que a pesar de que Nicolás Maduro ofreció recibir con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos, estos se toparon con los llamados Puntos de Atención Social Integral (Pasi), en donde se toparon con las malas condiciones por las que tendrían que padecer los 15 días reglamentarios de aislamiento antes de continuar hacia sus respectivos estados.

A su vez, funcionarios del gobierno de Maduro los han señalado de ser «armas biológicas» enviadas por el gobierno de Colombia para contaminar a Venezuela con el virus del COVID-19.

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«Un retornado puede regresar incluso por un paso no regulado porque él no tiene que registrarse y si vemos las normas migratorias de Venezuela, la ley establece sanciones para los extranjeros, no para los nacionales. El nacional no puede ser penalizado por regresar a su propio país», explicó Bolívar.

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Según el fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, existen 23 personas detenidas por ingresar al país por pasos irregulares y estar relacionadas con el cobro por el paso por trochas.

«Dice que van a ser enviadas a El Dorado por ser ‘trocheros’, utilizando ese termino indistintamente para referirse a los que facilitan el paso a cambio de un cobro y a los que utilizan el paso para regresar a su país. No establece ningún tipo de diferencia en el uso de la palabra y vimos despectivamente cómo se utilizó el termino en relación a estas personas», expuso la investigadora.

El informe a su vez expone que en ningún momento se ha hecho referencia a los protocolos de bioseguridad para la detención y traslado de quienes están siendo detenidos, ni se ha presentado información sobre su estado de salud.

Experiencias de vulnerabilidad

Alexander Medina, representante de Radio Fe y Alegría, expuso el perfil de las personas que comenzaron a retornar a Venezuela desde comienzos de la pandemia.

«En primer lugar, empezaron a retornar aquellos que se quedaron sin trabajo o alguna actividad que les permitiera generar ingresos durante la cuarentena. A su vez, algunos países comenzaron a ser restrictivos con los procesos legales para los venezolanos, lo cual imposibilitaba su estadía legal», manifestó.

«El espejismo del retorno» se señalan las dificultades de obtener cifras precisas sobre la cantidad de personas que han regresado a Venezuela. Funcionarios venezolanos afirman que hasta el 19 de julio, unas 71 mil personas habían ingresado al país por los Pasi desde que se decretó el confinamiento en los países receptores. Por su parte, Migración Colombia anunció que más de 90 mil personas habían regresado a Venezuela hasta el 21 de julio.

«En el único Pasi formal que existe en la frontera de Apure con Arauca, hasta la última semana de julio, las autoridades habían registrado a más de 25.000 personas de manera personal y en los albergues solo hay capacidad para 7.000 personas», dijo.

«Desde el gobierno venezolana se les dijo que regresaran porque aquí se les iba a recibir no solo con los brazos abiertos, sino que también en donde se encontraban sufrían de xenofobia y eran hostigados. También se les ofrecía el reembolso de una cantidad no precisada de bonos y que podían recuperar sus puestos de trabajos, protección de seguridad ciudadana, asistencia en salud y educación gratuita. Nada de eso se cumplió y ya no se les está ofreciendo nada», indicó.

Medina expresó además que durante los tres primeros meses de pandemia el flujo del retorno se fue intensificando, pero que desde mediados de julio hasta el 15 de agosto se ha visto que el flujo de retornados ha bajado.

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Las personas que permanecen en los albergues pueden tener un mes o más en dicho lugar, sin asistencia médica, sin seguimiento, sin elementos de bioseguridad, sin información, con
pocos alimentos, sin ningún balance nutricional y sin posibilidad de exigir derechos porque son amenazados de ir a una celda, reseña el informe.

Algunos entrevistados afirmaron a la CDH de la Ucab que eventualmente reciben la visita de un médico que les entrega unas pastillas, sin explicar de qué se trata, que deben tomar; algunos dicen que se trata de cloroquinina.

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