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sábado, 27 febrero, 2021

Venezolanos desalojados de viviendas en Perú y Colombia prefieren quedarse antes que regresar

La Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana, reveló que 39% de los entrevistados afirmó haber sido desalojado y más de 90% de estos hogares tenían tres o más personas en la misma vivienda al momento de ser desalojados

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Caracas.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recomendó incluir a los refugiados y migrantes venezolanos en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana.

Se trata de una de las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela presentadas en la Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada entre octubre y noviembre de 2020, y que se presenta ahora.

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La encuesta arrojó además que los refugiados y migrantes venezolanos prefieren permanecer en las localidades en las que habitan, principalmente en las ciudades en las que han estado en riesgo de desalojo e incluso en las que fueron desalojados. Es decir, solo 7% consideran retornar a Venezuela y solo 8,1% tiene intención de regresar a su país ante el riesgo de desalojo o con el desalojo ya ocurrido, refiere el documento.

“En términos generales sienten que regresar a Venezuela pone en riesgo la integridad personal de sus familias e imposibilita tener medios adecuados de vida. Mayoritariamente, aunque estén en condiciones precarias, prefieren permanecer en la localidad antes que regresar a su país”, añade el texto.

La encuesta reveló que 39% de los entrevistados afirmó haber sido desalojado en pandemia y más de 90% de estos hogares tenían tres o más personas en la misma vivienda al momento de ser desalojados. Asimismo, 38% de los encuestados han estado en riesgo de desalojo y cerca de 88% del total de los hogares que han estado en riesgo de desalojo están conformados por tres o más personas. Además, 11% de todos los desalojos acabaron en indigencia.

Reconocer el derecho a una vivienda adecuada

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Asimismo, la Cidh llamó a adecuar los marcos legales internos, que incluyan y reconozcan los derechos de la población refugiada y migrante a tener acceso a una vivienda adecuada. Para ello, el documento señala que los gobiernos deben promover la regularización del estatus migratorio de estas personas, “y en todo caso, la oferta de vivienda y alojamientos temporales no debería estar limitada por su situación migratoria”.

“En el caso de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que son arrendatarios y están en riesgo de desalojo, se debería considerar su acceso a líneas temporales de subsidios para el pago de arriendo y/o de servicios públicos, como medidas para evitar los desalojos, y que no queden en situación de calle o en una situación que los haga más vulnerables o los ponga en una situación de riesgo en los lugares donde habitan”, subraya el informe.

Precaria situación de habitabilidad

El estudio determinó que 50% de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela son viviendas con una habitación y 18% son alojamientos que no tienen habitaciones, lo que contrasta con el número de personas que conforman los hogares: cerca de 85% de los hogares tienen más de tres personas y el 32% de los hogares encuestados tienen cinco o más.

El informe arroja también que 44% de los hogares tiene un solo baño, que debe ser compartido. En Colombia y Ecuador, el porcentaje de personas viviendo en la misma vivienda o alojamiento con cuatro o más miembros es cerca de 75%. En Perú y Brasil esa cifra es un poco más de 50%.

De los contratos y la notificación de desalojos

Sobre los contratos de alquiler, el estudio concluyó que la entrada irregular a los países de destino por parte de los refugiados y migrantes venezolanos “está asociada a contratos más precarios, e incluso a la imposibilidad de suscribirlos, debido a la falta de documentos o a requisitos que las personas no pueden acreditar”.

Colombia es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados, con 69,50%; la siguen Brasil con 59%; Ecuador con 58,4% y Perú con 55,7%. “Así, en cuanto a la relación entre país de acogida y probabilidad de recibir una notificación, Colombia y Brasil son los países donde más hay probabilidad de que los encuestados hayan recibido una notificación previa al desalojo; por el contrario, Perú es el país de la región donde es más probable no recibir una notificación previa al desalojo”, destaca el documento.

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La Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela fue desarrollada por el Sector Regional de Protección de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Sus conclusiones están basadas en 1.800 entrevistas realizadas entre octubre y noviembre de 2020 a migrantes y refugiados venezolanos que viven en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana.

Con información de EFE

Lee la Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela aquí

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