Caracas.- José Ramos, un repartidor venezolano que llegó a Chile en abril de 2019, comenzó a trabajar como delivery para sostener a su familia y logró comprarse una moto que le permitió mejorar sus ingresos. Sin embargo, su vida cambió el día en que fue atropellado mientras trabajaba en La Florida.
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Según narra Ramos a Crónicas de Chile, al ser atropellado sufrió una grave lesión en la mano izquierda y al llegar al hospital no recibió la atención adecuada debido a su situación económica. “Ese día fui al hospital y no me quisieron atender ni prestar la ayuda que necesitaba porque no tenía cómo cubrir los gastos, según el hospital y los carabineros”, denunció.
A pesar de que existía la posibilidad de salvar su mano, afirma que el personal de salud le exigió 30 millones de pesos para realizar el procedimiento necesario. Al no poder costearlo, fue sedado y, al despertar, descubrió que le habían amputado cuatro dedos de su mano izquierda. “No sé qué había pasado, pero ahí empezó la pesadilla”, dijo.
Más allá de la tragedia médica, Ramos también enfrentó obstáculos en su intento de buscar justicia. Relata que la funcionaria de Carabineros que tomó su declaración no investigó ni tomó acciones para detener al conductor que lo atropelló. “Me trataron como delincuente, como si hubiera hecho algo malo, cuando yo solo estaba denunciando a la persona que me atropelló”.
Según su testimonio, la funcionaria desestimó su versión de los hechos, y prácticamente lo responsabilizó por el accidente basándose en un video. Desesperado por obtener respuestas, intentó contratar abogados, pero en varias ocasiones fue ignorado.
A pesar de haber pagado a un profesional para que lo representara, este no mostró mayor interés en el caso. “Hasta hoy nadie me ha prestado atención. He pagado abogados y me ignoran. Les escribo a otros por Instagram y también me ignoran. La gente cree que este caso ya está perdido”, expresó con frustración.
Una lucha constante por sobrevivir
A pesar del dolor físico y emocional, el venezolano no tuvo tiempo de recuperarse. Apenas unos días después de la amputación, tuvo que regresar a trabajar para poder sostener a su hijo que para ese momento tenía 11 meses de nacido. “Salí a trabajar en una bicicleta que tenía en la casa, todavía con los puntos en la mano, porque no podía dejar de generar ingresos”, relató.
Debido a la mala praxis médica, la herida tardó meses en cerrar y el dolor persiste hasta hoy. Actualmente, el venezolano sigue trabajando como repartidor con las aplicaciones de delivery puesto que aprendió a conducir la moto sin tener sus cuatro dedos. “Ahora tenemos una seguridad. Si nos atropellan, al menos la empresa se hace responsable, pero en aquel momento no teníamos nada”, comentó.
Un nuevo intento por hacer justicia
Después de años de silencio y puertas cerradas, Ramos encontró apoyo legal a finales de diciembre de 2024 en el despacho TC Abogados. Tras conocer su historia, el abogado Braulio Jatar decidió asumir el caso y llevarlo a mediación ante el Consejo de Seguridad del Estado.
Este jueves, se llevó a cabo la primera audiencia de mediación con la participación de un representante del hospital de La Florida. Jatar designó a la abogada chilena Fabiola Rodríguez, especialista en salud pública, para liderar el proceso legal.
“Se ha llamado a una segunda reunión de mediación el próximo 2 de abril y Kike (apodo de José Ramos) está siendo atendido en razón de las condiciones deplorables en las que se le trató en un caso de emergencia del que fuera víctima”, informó el abogado.
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