Venezolana exige a Ecuador que cumpla decreto para obtener visa humanitaria

Debido a un decreto presidencial emitido por la pandemia de COVID-19, una migrante venezolana resultó afectada durante la tramitación de su visa por razones humanitarias, al no recibir el 100% del aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess)

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La visa fue negada por causas de fuerza mayor. Foto cortesía El Telégrafo

Caracas.- A través de redes sociales, se dio a conocer el caso de una venezolana en Ecuador a la que se le negó la visa por razones humanitarias pese que presenta una condición de salud agravada por el COVID-19.

Según un video publicado por Chamos Ecuador, la venezolana acudió a su cita en la plataforma gubernamental sur en Quitumbe, Quito, con todos los requisitos necesarios para que se llevara a cabo el proceso.

«Un funcionario revisó la carpeta con los documentos y nos dijo que nos iba a dar una carta en la que se exponía que no cumplía con todos los requisitos. Esto por no trabajar de forma licita, teniendo incluso constancia de trabajo y contrato certificado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess)«.

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Debido a la pandemia de COVID-19, durante el mandato de Lenin Moreno, se estableció una medida que le permite a los empleadores a reducir las jornadas laborales a la mitad y por ende, también los salarios, hasta un máximo del 50%.

El aporte salarial de la venezolana, emitido por el Iess, demuestra que ha recibido la mitad de su salario, razón por la que se procedió a negar su visa humanitaria. «Por no tener el aporte completo del Iess por esta medida, nos rechazaron la solicitud de la visa», dijo una familiar de la venezolana.

«Si esto es un decreto presidencial vigente, deberían tomar en cuenta dicho decreto y ser flexibles en esa parte. No depende de nosotros porque incluso tenemos el aporte del Iess, pero la medida humanitaria afecta el porcentaje».

Las leyes de Ecuador establecen que para otorgar cualquier tipo de visa, el solicitante debe demostrar tener un ingreso mensual mayor al salario mínimo, con el cual asegura que puede mantenerse en el país.

Debido a que actualmente no existe un reglamento de leyes, no hay un protocolo establecido para manejar este tipo de casos. En consecuencia, los funcionarios se rigen por lo establecido en la ley, en lugar de lo dictado en el decreto presidencial.

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