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viernes, 23 abril, 2021

Venezolana en México: «No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela»

Venezolanos solicitantes de asilo que buscan protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias en su país han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

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Caracas.- Venezolanos y migrantes de otras nacionalidades solicitantes de asilo que forman parte del programa «Quédate en México» han sido víctimas de actos de violencia y extorsión durante su espera para ingresar a territorio estadounidense, registra Human Rights Watch.

Las extorsiones se presentan por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos, quienes en al menos 16 ocasiones sacaron a los solicitantes de asilo de autobuses o de filas en el aeropuerto y los amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno.

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Los entrevistados por la ONG señalaron que temían denunciar los delitos a las autoridades, y que a menudo no podían obtener los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela.

Buscaban protección y salieron extorsionados

«No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela«, expresó una venezolana solicitante de asilo. El programa «Quédate en México» impulsado durante el gobierno de Donald Trump, envió a 71.000 solicitantes de asilo de diversas nacionalidades a México para que desde allí esperaran que sus solicitudes fueran procesadas.

“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Según el informe de HRW, todos los venezolanos entrevistados indicaron haber huido de persecución política, tortura o acoso. Algunos mencionaron haber sufrido abusos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos, así como por grupos armados partidarios del gobierno; otros formaron parte de grupos políticos opositores, hicieron reclamos por servicios públicos, participaron en manifestaciones o fueron trabajadores del sector público y se negaron a participar en manifestaciones en pro del gobierno.

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Jonathan contó a HRW que en abril de 2019 estuvo detenido por tres días tras haber participado en una manifestación en apoyo al opositor Leopoldo López. El venezolano fue golpearon y lo obligaron a dormir de pie para luego ser acusado de terrorismo, asociación para delinquir y uso de bombas incendiarias.

Durante meses se presentaban funcionarios de seguridad en los alrededores de su casa y tomaban fotografías mientras esperaba su juicio. Decidió vender sus pertenencias con lo que logró reunir 3.500 dólares que le sirvieron para huir de Venezuela con su esposa y sus dos hijos, de 3 y 13 años. En marzo de 2020, los enviaron a esperar a México tras haber solicitado asilo en EE.UU.

En espera de un futuro en EE.UU.

Mayra, abogada de derechos humanos y activista de un partido opositor, contó que en 2019 ayudó a organizar marchas para que el gobierno permitiera el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

La venezolana contó que comenzó a recibir mensajes amenazantes de funcionarios y desconocidos. Posteriormente, agentes allanaron su casa, la detuvieron violentamente, le vendaron los ojos y la arrastraron hasta una camioneta, donde perdió el conocimiento tres veces mientras la golpeaban y le aplicaban descargas eléctricas durante seis horas.

Abandonó el país poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ha estado esperando en el marco de Quédate en México desde septiembre de 2019.

El pasado 19 de febrero se dio comienzo al Protocolo para Protección de Migrantes (PPM) con el fin de darle oportunidad a los migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en México, presentar sus casos ante una corte migratoria estadounidense.

Lea el informe completo de Human Rights Watch aquí.

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