La incertidumbre la consume. La invade la frustración al ver cómo se desvanecen sus planes. Había soñado con un futuro muy diferente. A pesar de todo, intenta mantener viva la esperanza.
“La falta de información sobre mi futuro me causa una gran angustia. No sé si en los próximos 90 días recibiré noticias sobre mi reasentamiento o si se me asignará un nuevo país. Mientras tanto, debo continuar con mis actividades habituales. Es una situación compleja que me provoca sentimientos encontrados”, responde Claudia (*), nacida en la capital del estado Bolívar, desde la ciudad de Quito, a El Pitazo.
Tras superar con éxito cinco rigurosas evaluaciones del Programa Movilidad Segura, la venezolana, quien ya contaba con el estatus de refugiada en Ecuador desde 2020, fue seleccionada para ser reasentada en Estados Unidos.
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Fueron más de un año de evaluaciones y entrevistas. El 23 de diciembre de 2024 le informaron que su ciudad de destino sería Highland Park, en New Jersey. Desde entonces, no ha recibido más actualizaciones de la iniciativa, que operaba con apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El anuncio de detener las actividades del Programa Movilidad Segura es parte de una ofensiva ejecutiva sin precedentes del presidente Donald Trump, diseñada para transformar radicalmente el sistema migratorio estadounidense en sus primeros días de mandato.
Claudia aspiraba a unirse a los 13.000 venezolanos que habían llegado a Estados Unidos como refugiados a través del plan iniciado por la administración Biden en junio de 2023, según cálculos del Programa de Asistencia Internacional para Refugiados (IRAP).
Como parte de la etapa final, había completado satisfactoriamente una entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), incluyendo una orientación cultural que le brindó información detallada sobre su nuevo país, sus costumbres y desafíos.
«Aunque te recomiendan que no lo hagas, vendí mis cosas anticipadamente, porque sabía que no sería fácil vender todo de un día para otro. Ahora estoy con lo justo para vivir, solo esperaba que llegara el día de partir», expresa.
Doblemente amenazada
La bolivarense de 48 años, que hizo su vida en Caracas, ya había hecho las maletas.
«Apenas se abrió la plataforma de Movilidad Segura en noviembre, ya me había inscrito”, recuerda. Fue de las primeras en presentar la solicitud para el proceso de reasentamiento. Razones no le faltaban: como residente de Quito, había sido víctima del creciente problema de inseguridad en la ciudad, en particular de la extorsión y el cobro de vacunas.
El hostal que administraba —y en el que vivía—se convirtió en blanco de extorsionadores, quienes exigían el pago de 500 dólares semanales.
“La situación se agravó cuando comencé a recibir panfletos extorsivos de un grupo delictivo al que llamaban ‘Los Lobos’. Me exigían el pago semanal de 500 dólares. ¡Una locura!”, afirma.
Ante esta amenaza, la venezolana intentó denunciar los hechos, pero le advirtieron sobre las graves consecuencias que podría enfrentar, ya que este grupo tenía una fuerte influencia en la zona y desafiaba la autoridad policial.
La experiencia vivida la obligó a replantearse su futuro en la capital de Ecuador. Tras las amenazas recibidas, se vio forzada a buscar un nuevo hogar en el norte de Quito.
Actualmente, trabaja en la tienda de una amiga vendiendo piezas de joyería y objetos de plata, una tradición ancestral quiteña.
«Los últimos meses han sido muy desafiantes debido a los constantes ataques de pánico y ansiedad. Ha sido terrible. Ahorita ando eufórica, con un optimismo de que esto puede cambiar en algún momento, pero a veces me entristezco al final del día”, indica.
Claudia llegó a Ecuador en 2019. Sostiene que se vió obligada a huir de Venezuela para escapar de la persecución política. Más tarde, arribó su esposo.
“Él fue víctima de detención arbitraria y tortura en Venezuela. A pesar de ser civil, fue juzgado como militar. Logró obtener la libertad por motivos de salud. Pero su calvario no terminó ahí, pues volvió a ser perseguido, obligándolo a vivir en la clandestinidad. Con gran esfuerzo, pudo salir del país y venir a Ecuador”, afirma.
Las secuelas de la tortura, combinadas con las dificultades para aclimatarse a la altitud de Quito, deterioraron significativamente su salud.
“Ignorábamos que mi esposo tenía una enfermedad subyacente. Al hacerse obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para acceder a lugares públicos, decidimos vacunarnos. Sin embargo, tras recibir la primera dosis de Pfizer, mi esposo experimentó complicaciones médicas severas. Fue inducido a un coma. Con 50 años, no lo superó. Murió acá”, narra.
La venezolana también recogió en un libro la historia de torturas, malos tratos y fallos judiciales que sufrió otro miembro de su familia: su tío, funcionario de un organismo policial del Estado. Lo que le sucedió marcó a toda su familia, asegura.
Ecuador concedió la condición de refugiada a Claudia. Lo acredita la visa de protección internacional que recibió en 2020. Esto significa que su vida o su libertad corren peligro en Venezuela. Sin embargo, tampoco la tiene fácil en este país de acogida.
La fecha de viaje era el único detalle pendiente para concretar el reasentamiento como refugiada en Estados Unidos, que prometía un futuro más seguro para la venezolana.
“Si bien mantengo una mente abierta a lo que el futuro me depare, en este momento intento concentrarme en el aquí y ahora (…) Ya deshice las maletas. Ahora vuelvo a empezar desde cero”, sostiene la bolivarense.
(*) La entrevistada solicitó cambiar su nombre por razones de seguridad.
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