ONG repudian expulsión de venezolanos migrantes de Chile

La Asociación Venezolana en Chile señaló que, de acuerdo con las denuncias recibidas, a los venezolanos expulsados desde la ciudad de Iquique se les negó el derecho a recurrir a la justicia y, en muchos casos, incluso, la posibilidad de comunicarse con sus familias para informarles lo que les estaba ocurriendo. Otras tres organizaciones indicaron que la medida viola la nueva Ley de Migración

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Las ONG señalaron que al menos 30 venezolanos fueron detenidos antes de su expulsión. Foto cortesía Rodrigo Delgado

Caracas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) coincidieron en condenar la expulsión de 55 venezolanos por el gobierno de Sebastián Piñera el domingo 25 de abril, al señalar que viola los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, así como las disposiciones transitorias de la nueva Ley de Migración.

Desde la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) señalaron que, de acuerdo con las denuncias recibidas, a los venezolanos se les negó el derecho a recurrir a la justicia. «E incluso, en muchos casos, se da cuenta de situaciones en las que se les ha negado a las personas migrantes la posibilidad de comunicarse con sus familias u otros contactos cercanos para informarles lo que les está ocurriendo», destacó la ONG mediante un comunicado.

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La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Fasic Migración y Refugio – organización ecuménica dedicada a la defensa de los Derechos Humanos -, y el Servicios Jesuita a Migrantes (SJM) también condenaron la expulsión de los venezolanos, al considerar que se les vulneraron sus derechos, ya que se les confiscaron sus documentos.

«No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso», añadió el Servicio Jesuita a Migrantes.

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La expulsión – indicaron las ONG – sucedió después de la detención de al menos 30 venezolanos en distintas ciudades de Chile el viernes 23 abril, a quienes se les confiscaron sus documentos e impidió el acceso a abogados.

«Declaramos que la violencia, tanto física como psicológica, el descriterio, la vulneración y la injusticia no son ni deben ser nunca los métodos ni caminos para enfrentar los asuntos coyunturales de la sociedad, estos actos más bien tensionan y agudizan los conflictos sociales«, se lee en el texto.

Las cuatro ONG llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a cambiar lo que consideraron una actitud hostil y a respetar la vida y los derechos fundamentales de toda persona migrante.

«Afirmamos, hoy más que nunca, que migrar es un derecho y que ningún ser humano es ilegal, y reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la defensa de la vida íntegra y con los derechos fundamentales de todo ser humano, tal como lo representa nuestro espíritu cristiano», ratificaron mediante un comunicado.

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