Después de casi tres años, Héctor aguarda todavía el día en que Chile le reconozca la condición de refugiado. En cambio, Karmarys y Yuri ya gozan de la protección de sus derechos en Brasil. En boca de todos este sábado 20 de junio, cuando se conmemora el Día Internacional del Refugiado, apenas 896.069 migrantes forzosos venezolanos han ejercido su derecho a solicitar refugio en los países de acogida, de los más de 5 millones que se desparraman por el mundo. Y a tan solo 93.291 se les ha concedido ese status. ¿Por qué? Porque prefieren mantener a los venezolanos como migrantes, recalca Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab. «Eso significa que los Estados receptores asumen menos responsabilidades, y eso es lo que está trayendo problemas”

Héctor Peña no tuvo más remedio que huir a Chile para buscar protección. Cuenta que fue víctima de una persecución política: su vivienda en San Cristóbal fue atacada en varias ocasiones a finales de 2017 por los llamados colectivos armados, hasta convertirse en el sitio más inseguro para vivir. Ese fue uno entre varios hechos.

Héctor era dirigente universitario en Táchira, afiliado a Primero Justicia, al igual que su esposa. A Chile llegaron en marzo de 2018, sin tener claridad suficiente sobre cuál tipo de estatus solicitar. Finalmente solicitaron refugio. Luego de casi tres años, todavía aguardan el día que el Departamento de Extranjería y Migración les reconozca la condición de refugiados, la que además les concede el permiso de residencia definitiva.

–Ya vamos para la cuarta renovación de la visa, por ocho meses más —señala el ingeniero ambiental de 29 años.

Pero esto no ha hecho mella en sus ganas de afincarse en Chile y considerarlo su país de adopción. “Espero recuperar el futuro que nos arrebataron en Venezuela, vivir en libertad, trabajar y tener aquí nuestro propio hogar”, dice Héctor, y recuerda un mundo de trámites y oficinas.

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“Debes acudir a dos entrevistas y presentar pruebas que fundamenten tu caso. Entiendo que es un asunto delicado, pero debería existir más transparencia y claridad en el proceso, como los tiempos de espera, citas, etcétera”, señala.

Entre 2010 y 2019 Chile recibió 16.352 solicitudes de refugio, según cifras del Departamento de Extranjería y Migración, de las cuales 665 fueron aprobadas, 20 de ellas durante 2019. Los venezolanos se convirtieron en el tercer grupo de solicitantes de refugio, con 21,5%, detrás de los colombianos (44,2%) y los cubanos (29%). Pero el número de solicitudes reconocidas a las personas procedentes de Venezuela debe ser tan insignificante que ni siquiera entran con nombre propio en las estadísticas chilenas. Tampoco en el registro de la Plataforma conjunta del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ¿Acaso están en el impreciso renglón denominado Otros, que concentra 14% de las solicitudes aprobadas? Quizá, pero es difícil saberlo.


CHILE ES EL TERCER PAÍS RECEPTOR DE VENEZOLANOS MIGRANTES EN EL MUNDO, 455.494 RESIDENTES


En cualquier caso, como solicitante de refugio en Chile, Héctor no puede sacar la licencia de conducir, ni acceder a un crédito inmobiliario, ni tramitar una tarjeta de crédito, ni acceder a mejores ofertas de trabajo, por ejemplo. Con todo, encontró empleo y consigue enviar dinero a sus seres queridos en Venezuela. Trabajó inicialmente en el sector de la construcción en Valparaíso, “de domingo a domingo”, para luego irse a Santiago de Chile, donde se desempeña en su profesión desde hace un año y medio.

Sin embargo, afirma que camina las dormidas calles de la capital chilena con temor, pero no precisamente a contraer el COVID-19. “Es una inestabilidad muy fuerte, y siempre se corre el riesgo de que te despidan del trabajo. Afortunadamente, hay empresas que han contratado a inmigrantes en condición de solicitantes de refugio, en especial venezolanos, que ponemos nuestro mayor empeño, y eso les gusta a los chilenos. Eso nos ha abierto las puertas en muchas partes”, sostiene Héctor.

Chile es el tercer país receptor de migrantes forzosos y refugiados venezolanos en el mundo. En su territorio residen 455.494 personas, lo que convierte a los venezolanos en la primera comunidad extranjera en la nación austral, según cifras de Acnur y la OIM.

¡Pidan refugio!

—¡Pidan refugio! ¡Pidan refugio! Los papeles salen más rápido y pueden comenzar a trabajar—, les decían en una de las largas filas que se formaron en la oficina de la Policía Federal de Boa Vista, capital del estado de Roraima, en Brasil, a donde debieron presentarse Karmarys Suniaga y su esposo aquel 1º de febrero de 2018 para regularizar su situación migratoria.

Dicho y hecho: la madre venezolana de 26 años recuerda que en menos de una semana, consiguieron ser reconocidos como refugiados por el Gobierno brasileño. Con el protocolo de refugiado temporal en mano, un documento válido por un año y renovable por el mismo período, además de la cartera de trabajo y una suerte de RIF, salieron a la calle a ganarse la vida.

La necesidad de buscar opciones para garantizar la sobrevivencia familiar obligó a la pareja a abandonar el estado Bolívar y trasladarse definitivamente a Boa Vista en febrero de 2018.

“Era imposible mantenernos con el salario que ganaba mi esposo como trabajador de Sidor. Desde 2016 él iba y venía de Boa Vista, donde consiguió un trabajo, pero llegó un momento en el que no pudo seguir, porque o nos enviaba dinero o se quedaba sin pasaje. Entonces, decidimos irnos todos a Brasil”, apunta Karmarys.

En Boa Vista se asentaron junto con sus dos hijos. El mayor, de siete años, cursa segundo grado. La niña tiene tres y todavía no va a la escuela. Los venezolanos ahora levantan un nuevo hogar en un terreno comprado con el dinero que ganaron inicialmente con trabajos aquí y allá. Ubicado en un flanco comercial de la ciudad, la pareja planea sumar a la propiedad unas habitaciones para alquilar y, a pocos metros, en un futuro no muy distante, una peluquería.

Ella se quedó sin empleo debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, pero él sigue trabajando como chofer en la empresa Techint, que construye una hidroeléctrica en Boa Vista.

Karmarys Suniaga y su familia, ahora refugiados venezolanos, gozan de los mismos derechos laborales que los brasileños, así como acceso a la educación y a la salud pública. Y podrán, luego de 15 años de estancia en Brasil, optar a la nacionalidad.

Refugio al calor de la polémica política

Fue en febrero de 2019 cuando Yuri Cabrera, gracias a las gestiones de Acnur, consiguió ser reconocido como refugiado en Brasil. Su caso estuvo precedido por una intensa polémica política: el hombre de 59 años, entonces asesor del alcalde de Santa Elena de Uairén, era uno de los choferes que iban a conducir uno de los camiones con ayuda humanitaria hasta el territorio venezolano. Era una nueva pulseada política entre el gobernante Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Pero aquel 23 de febrero Yuri solo alcanzó a llegar hasta la línea fronteriza. Se vio forzado a volver a Pacaraima, ciudad fronteriza en el estado de Roraima, ante la imposibilidad de regresar a Santa Elena Uairén por el imprevisto cierre de la frontera decretado por Maduro y el choque entre partidarios de Guaidó y militares que cerraban el paso fronterizo.

Contra su querer, se acogió a la condición de refugiado por sugerencia de funcionarios de Acnur, bajo el supuesto de la persecución política. “En un día resolvimos los trámites y me entregaron el protocolo de refugiado temporal”, subraya.

Al cabo de dos días, Yuri fue trasladado hasta un refugio en Boa Vista para resguardar su integridad física. Aquello lo dejó de piedra: debió pasar las noches durante cuatro meses en un galpón con otros 600 venezolanos.

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—No estaba en mis planes pasar por esa situación. Si mi historia era dura, la historia de mis compatriotas en ese refugio era más dura que la mía. Pero dentro de la desesperanza siempre se abre una esperanza, pues en mis momentos más difíciles siempre se presentaba una posibilidad, independientemente de que se concretara o no” —afirma, y recuerda que al inicio de esta experiencia estuvo una semana con la misma ropa interior. Pudo cambiarse gracias a una mano amiga.

De vuelta en Pacaraima, trabaja en un supermercado, “haciendo de todo”, después de haber intentado en vano restablecerse en otros estados brasileños mediante la política de “interiorización” implementada por el Gobierno. Ahora mismo se propone ahorrar algo de dinero para irse más al sur. “No creo que en el corto plazo pueda regresar a Venezuela”, dice Cabrera, ya con su solicitud de refugio aprobada de forma definitiva.

Brasil es el quinto país receptor de migración forzosa y refugiados venezolanos de la región, con 253.495 personas en su territorio, de los cuales 129.988 son solicitantes de refugio. 37.467 de esas solicitudes han sido aprobadas, la tasa más alta de concesión de los países de acogida en el mundo.

Que cada quien se defienda como pueda

En el mapa de las migraciones forzosas que dibuja el más reciente informe de Acnur, Venezuela se sitúa en el segundo puesto en el ranking de países expulsores de población del planeta.

En otras palabras: en los últimos seis años, el número de personas obligadas a huir por un deterioro de sus condiciones de vida que amenaza su subsistencia, saltó de 695.551 (2015) a 5.082.170 (5 de junio de 2020).

Aún peor: de esta población venezolana migrante, apenas 896.069 personas, según cifras de Acnur, han solicitado el estatus de refugiado en los países receptores, de las cuales solo 93.291 han sido aprobadas.

De acuerdo con la definición ampliada de refugiado ofrecida por la Declaración de Cartagena de 1984, la población venezolana migrante puede ser considerada para el reconocimiento del estatus de refugiado, pues no salió de su país de forma voluntaria por placer o mero interés económico, sino forzada por circunstancias que pusieron en riesgo su libertad, integridad y hasta su vida misma.

Es decir, la salida de población venezolana responde a los motivos de persecución contemplados en esa Declaración, que ha sido además incorporada dentro de la normativa interna de 15 países de la región, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Bolivia.

De esta manera, gozarían de una estancia legal, en la que, de acuerdo con el llamado realizado por Acnur en marzo de 2018, deberían garantizarse estándares mínimos de:

a) Legalidad

b) Accesibilidad

c) Acceso a los derechos básicos como acceso a la atención médica, acceso a la educación, a la unidad familiar, a la libertad de circulación, acceso a albergue, y el derecho al trabajo, de manera igualitaria y no discriminatoria.

d) Garantías de no retorno a Venezuela.

Entonces, ¿por qué son tan pocas las solicitudes de refugio realizadas por la migración forzosa venezolana? ¿Por qué igualmente son bajas las tasas de concesión de esas solicitudes? ¿Por qué la mayoría de los estados de acogida parecen ignorar el derecho a solicitar refugio? Porque no les interesa asumir la responsabilidad que supone la población refugiada venezolana, señala Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

“Es un problema de voluntad política de los Gobiernos de los países receptores. Hemos visto dos casos, que son Brasil y, en menor medida, Paraguay, donde han aplicado la Declaración de Cartagena de forma masiva, y no caso por caso. ¿Por qué no lo están haciendo los demás países? Porque “prefieren mantener a los venezolanos como migrantes. Eso significa que los Estados asumen menos responsabilidades, y eso es lo que está trayendo problemas”, explica.

Bolívar considera que la mayoría de los países de acogida han convertido este trámite en un “procedimiento disuasivo”. En primer lugar, porque es restrictivo e impide a los solicitantes de refugio trabajar mientras dure el proceso, por ejemplo. En segundo lugar, porque la respuesta puede demorar hasta tres años. Y, por último, suele ser poco transparente.

¿La razones de estos desincentivos? Bolívar los atribuye principalmente a una inexistente tradición de recepción de población por parte de estos países de acogida.

“No estamos pidiendo que se les dé comida ni vivienda, pero sí que se les otorguen los medios que les permitan regularizar su situación e integrarse a las sociedades de acogida”, dice.

Estados sin programas ni información

Ligia Bolívar señala que los coletazos de la pandemia por el COVID-19 hacen más urgente la protección de la población migrante y refugiada venezolana, pues son más vulnerables que antes, al perder sus medios de subsistencia y no contar con otras redes de apoyo.

“Si tú eres ciudadana de Chile o Colombia y pierdes tu empleo, a lo mejor tienes un hermano o un tío que puede tenderte una mano, pero ese no es el caso de los migrantes y refugiados venezolanos. Ello están sin redes de protección propias y, por lo tanto, esas redes las tienen que proveer los Estados receptores, y no lo están haciendo”, explica.

Al poner sobre la mesa los resultados de un sondeo del Centro de DD. HH. de la Ucab sobre el alcance real de la respuesta de los Estados receptores de población migrante y refugiada venezolana en plena pandemia, Bolívar llama la atención sobre la poca cantidad de mecanismos de respuesta impulsados directamente por los Estados para hacer frente a las necesidades de la población migrante y refugiada en temas de alimentación, transferencias monetarias, vivienda y salud.

“Salvo en el área de la condición migratoria, en cuyo caso, por la naturaleza de esta materia, las decisiones corresponden exclusivamente al Estado, en el resto de las áreas los Estados, en el mejor de los casos, han dictado directrices e impulsado algunas iniciativas, pero dejando buena parte de la responsabilidad de ejecución en manos de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales están operando con fondos de la cooperación internacional”, refiere el estudio.

En gran parte de los países receptores de población venezolana migrante y refugiada, el debate se concentra también en los requisitos para su regularización y estancia. Para Bolívar, cada país receptor debe dotar a estas personas de esos documentos.

“Veamos el caso de los sirios, que están por delante de los venezolanos en el informe de Acnur sobre el desplazamiento forzado. Ellos no salen con una maleta bien hecha, donde llevan sus pasaportes al día, sus títulos profesionales o técnicos; tampoco llevan copias certificadas de las notas, porque no hay un Estado en capacidad de proveer eso. La diferencia con Venezuela es que aquí no están cayendo bombas. Pero tampoco los venezolanos tienen un Estado que provea esos documentos de manera confiable, porque el Estado está colapsado y se lo tragó la corrupción. Entonces, exigirles documentos a los venezolanos es absurdo y, en ese sentido, los están tratando como migrantes, y no como personas con necesidades de algún tipo de protección internacional”, expone.

Entonces, la socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab enfatiza en la necesidad de ver a los venezolanos como refugiados y no como migrantes.

“Al tratarlos como migrantes, puedes cerrarles la puerta en cualquier momento; en cambio, si los tratas como refugiados, no puedes hacerlo. Cuando a la puerta de tu casa toca una persona que está huyendo porque alguien la está persiguiendo con un cuchillo, tú le abres la puerta; después preguntas, pero le abres la puerta. Eso es lo que no quieren los Estados: asumir que detrás de esa persona hay otra con un cuchillo, que se llama Estado venezolano”, recalca Ligia Bolívar.

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