Caracas. La ley bautizada por los republicanos con el nombre Laken Riley, una universitaria asesinada en un campus de Georgia en febrero de 2024 por el venezolano José Ibarra, condenado a cadena perpetua, sería la primera que apruebe el Congreso de Estados Unidos este 2025.
De ser aprobada esta semana, es muy probable también que se convierta en la primera ley de inmigración que firme Donald Trump en su segundo mandato, que comenzará el 20 de enero.
De acuerdo con sus críticos, el todavía proyecto de ley Laken Riley abre el camino para las detenciones indiscriminadas de inmigrantes indocumentados, que pueden acabar en la deportación.
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Sus defensores argumentan que los inmigrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad pública y que, al privarlos de libertad o amenazarlos con deportarlos por delitos menores, evitarán involucrarse en actividades ilegales.
¿Qué dice el proyecto de ley Laken Riley?
De hecho, bajo esta ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está obligado a detener a cualquier inmigrante indocumentado sospechoso de delitos no violentos como el robo, sin esperar a que sea declarado culpable o absuelto.
“En la práctica, esto significa que el proyecto de ley obligaría al Gobierno a detener a una madre indocumentada bajo la acusación de robar pañales en una tienda, sin ni siquiera concederle una audiencia de solicitud de fianza, durante todo el proceso de deportación”, señala el National Immigration Law Center (NILC), una organización dedicada a promover los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
En este caso, el proyecto de ley habla incluso de hurtos menores, es decir, robar un caramelo en una tienda o simplemente ser acusado de robarlo. “Hacer eso es una violación de las garantías procesales”, sostiene el profesor de Derecho de la Universidad George Mason, Ilya Somin, al medio digital NPR.
El también catedrático del Instituto Cato, un reconocido centro de pensamiento con sede en Washington D.C., considera que la ley Laken Riley podría conducir a un enorme despilfarro de recursos policiales en personas que suponen poca o ninguna amenaza para la seguridad pública y, previsiblemente, desvía esos recursos de la lucha contra la delincuencia real.
Proyecto de ley Laken Riley: conflicto con la primacía federal
Los que se oponen a la ley Laken Riley afirman también que alteraría el equilibrio de poder existente entre los estados y el Gobierno federal en materia de inmigración, que tradicionalmente ha sido considerada una prerrogativa de este.
“En lugar de la supremacía federal, los estados podrían tener el poder de cuestionar las decisiones tomadas en todos los niveles del Gobierno federal y, potencialmente, anular al propio presidente”, expone el miembro del Consejo Americano de Inmigración Aaron Reichlin-Melnick. Esta es una organización que aboga por políticas migratorias justas y humanas.
Se refiere a que esta ley permite a los estados demandar al Gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
En el otro extremo, Reichlin-Melnick señala que la ley Laken Riley otorga a los estados la autoridad para obligar al Gobierno federal a tomar medidas de política exterior, como imponer restricciones de visas a países que no acepten la deportación de sus propios nacionales.
«Debemos darles a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas cuando los inmigrantes ilegales violan la ley, para prevenir situaciones como la que le ocurrió a Laken Riley«, dijo el 8 de enero el recién elegido senador por Arizona, Rubén Gallego, uno de los demócratas que ha mostrado un férreo apoyo a la legislación.
Aaron Reichlin-Melnick argumenta en contra de esta idea. Sostiene que utilizar este caso trágico para justificar cambios radicales en las leyes o en el sistema de Gobierno estadounidense es inapropiado y podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.
“Al igual que los malos actos de Willie Horton hace décadas no fueron una justificación para sobrealimentar un sistema de encarcelamiento masivo (cometió un asesinato y una violación mientras estaba en libertad condicional), los atroces actos de José Ibarra no deberían ser una excusa para poner patas arriba nuestro sistema de Gobierno constitucional y dar poder a los estados individuales y a los jueces federales para dirigir la ley de inmigración”, dice.
Con información de NPR
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