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martes, 26 enero, 2021

Human Rights Watch: En los estados Arauca y Apure los guerrilleros son la Policía

En un informe publicado por Human Rights Watch se demuestra el control social de los grupos armados en el límite entre el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure

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“En el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure, los guerrilleros son la Policía”, así resume Human Rights Watch la situación de seguridad en esta zona fronteriza de Colombia y Venezuela. En medio de asesinatos y torturas por parte de los grupos armados, reclutamiento de menores y secuestros, el informe revela, además, un crimen que suele ser invisible: el trabajo forzado.

La ONG entrevistó a más de 100 personas y llegó a la conclusión de que los «grupos armados no estatales» controlan «de forma violenta la vida cotidiana de la población» en esa zona. «Imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera», asegura el informe.

«Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados”, agrega el documento de la organización, quienes se trasladaron en 2019 hasta la frontera de Colombia y Venezuela para recopilar la información.

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En Arauca, donde no llegó la paz después de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno colombiano, operan al menos dos grupos armados. De un lado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha tenido una presencia continua desde hace medio siglo; y del otro, un grupo de disidencias de la guerrilla de las Farc, que tomó fuerza después de 2016. Ambos se encuentran también en el Estado de Apure, en Venezuela, según HRW. De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.

Los trabajos forzados son una de las expresiones del control social de estos grupos en la zona. De acuerdo con los testimonios que recabó la organización, los guerrilleros imponen su ley en discusiones maritales o de vecinos, y como castigo, obligan a los habitantes a hacer trabajos no remunerados en sus campamentos. Uno de los entrevistados contó que fue obligado a trabajar durante varios meses a cambio de evitar ser asesinado. Aseguró que junto a él otros dos civiles fueron sometidos al mismo trato. En al menos dos casos, las víctimas fueron trasladadas a Venezuela y retenidas allí.

La práctica del traslado al país vecino se repite también en casos de secuestro, según ha documentado Human Rights Watch, donde los grupos operan con más libertad. “En numerosas oportunidades han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones” que tienen en el país vecino.

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“En vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales han actuado en connivencia con los grupos armados en al menos algunos casos, según numerosas fuentes que entrevistamos”, agrega el documento presentado el miércoles, 22 de enero, al presidente de Colombia, Iván Duque.

Con información de El País

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