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martes, 27 octubre, 2020

HRW: hacinamiento de retornados venezolanos propaga COVID-19

El informe elaborado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins insta a los ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos a abordar, durante el Proceso de Quito, la situación de los venezolanos retornados que se encuentran en los centros de aislamiento bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad

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La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes, 13 de octubre, que las autoridades venezolanas someten a cerca de 130.000 migrantes retornados a condiciones de hacinamiento y con poca higiene durante su aislamiento obligatorio para prevenir la propagación del COVID-19 en el país.

El informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins insta a los ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica a abordar la situación de los retornados venezolanos durante el próximo encuentro del Proceso de Quito, que se realizará este 19 de octubre.

Ambas instituciones detallaron las «condiciones insalubres y de hacinamiento» que se viven en los centros en los que los retornados forzosos deben cumplir 14 días de cuarentena obligatoria con poco acceso a alimentos, agua y atención médica.

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La doctora Kathleen Page, quien forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, expresó que “enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19”.

Según datos recabados en el informe, a algunos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A su vez, aseguraron que durante su estadía en dicho centros han sido víctimas de amenazas luego de protestas por las malas condiciones en las que se encuentran.

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HRW aseguró que el hacinamiento que se vive en los centros de cuarentena «hace que el distanciamiento social resulte imposible» y, en algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados «podría constituir trato degradante«, lo que está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.

Llamado al Proceso de Quito

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que el Proceso de Quito es una oportunidad para que sus participantes brinden apoyo para mejorar los tratos y condiciones a las que se encuentran expuestos lo venezolanos que deciden retornar a su país natal en medio de la pandemia por COVID-19.

En el Proceso de Quito forman parte 12 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.

Entre las recomendaciones por parte de HRW hacia los integrantes del Proceso de Quito, se encuentra realizar una solicitud al Secretario General de la ONU, António Guterres, para formalizar un programa de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, contando con expertos en salud pública que sean liderados por la Organización Panamericana de la Salud.

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A su vez, se busca que exhorten a las autoridades venezolanas a permitir el acceso de actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros.

Diversas organizaciones humanitarias internacionales asisten a los retornados para mejorar su estadía en los Puntos de Atención Social Integral (Pasi), sin embargo señalaron a HRW que su acceso a dichos centros es limitado y, por consiguiente, no pueden atender las necesidades de una gran cantidad de retornados. 

Trabajadores humanitarios manifestaron que a pesar de que en las últimas semanas se les ha permitido más acceso a los Pasi desde que comenzó la pandemia, aún no es suficiente para atender todas las necesidades de los venezolanos que se encuentran cumpliendo la cuarentena bajo condiciones deficientes.

Para el 1° de septiembre habían 271 centros de aislamiento en Venezuela, incluyendo cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas. Las condiciones varían significativamente según el lugar, pero en algunos centros son absolutamente deficientes, según informó HRW.

Con información de Human Rights Watch

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