Familia denuncia maltrato y negligencia a venezolano migrante en cárcel de Ecuador

El venezolano Frank Rondón fue encarcelado luego de ser acusado de incumplir la cuarentena por el COVID-19 en Ecuador. Iba desde Colombia hasta Perú con su mochila a cuestas, al encuentro de unos amigos que prometieron darle trabajo. Nunca alcanzó su destino final. El joven de 23 años salió severamente disminuido física y mentalmente después de permanecer 68 días preso. Su tío señala maltrato y la actuación negligente de algunas autoridades ecuatorianas

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Frank perdió la lucidez después de 68 días en la cárcel de Machala. Foto cortesía Pedro Izzo

Caracas. “Mi sobrino fue maltratado” en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, señala Pedro Izzo sobre Frank Rondón Rojas, quien intenta reponerse de los golpes que lastimaron su cuerpo y le robaron la lucidez, después de permanecer 68 días en la cárcel ubicada al sur de Ecuador, a donde fue a parar el 19 de marzo señalado de violar la cuarentena por el COVID-19.

“Mi mayor preocupación sigue siendo saber por qué él salió en ese estado; qué pasó allá dentro”, insiste en señalar Pedro a El Pitazo. El 28 de febrero Frank dirigía sus pasos hacia Chiclayo, en Perú. Iba desde Colombia con su mochila a cuestas, al encuentro de unos amigos que prometieron darle trabajo. Se proponía ganar dinero para enviarlo a Venezuela. A los 23 años es padre de una niña a la que no quiere que nada le falte.

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Pero el joven venezolano, oriundo de San Juan de los Morros, nunca alcanzó su destino final. “Frank dice ahora incoherencias. A veces está perdido y prácticamente se comporta como un niño de cinco años. No sé qué le pasó allá dentro”, cuenta su hermana Roanly, quien a duras penas lo reconoció cuando se reencontraron el martes 26 de mayo mediante una videollamada, un día después de recibir la libertad.

Salió también de la cárcel de Machala con la espalda lesionada con cicatrices en su piel que evidencian daño corporal. Pero la ausencia de una evaluación forense les ha impedido esclarecer lo que allí sucedió. “Una abogada de la Defensoría Pública nos argumentó que no se autorizó una evaluación médico forense debido a restricciones por la pandemia; ella considera que hay un vacío”, indica Pedro. “¿Un vacío? ¡Un injustificable vacío!”, respondió entonces a la abogada.

“No quiero pensar que el maltrato a mi sobrino sea un caso más de xenofobia. Hoy siguen las interrogantes. Las autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Machala (que de Rehabilitación no tiene nada), deben responder por los maltratos que sufrió Frank”, subraya.

En busca de Frank

Pedro Izzo indica que la familia estuvo más de un mes intentando dar con el paradero de Frank. Incluso, llegaron a temer un secuestro. Pero fue el 9 de mayo cuando supieron dónde estaba. ¿Cómo? A través del familiar de otro detenido. “No sé qué dolió más, si saber que estaba preso en Machala o saber que había perdido la lucidez mental y había sido golpeado”, expresa Pedro.

Recuerda que en seguida buscó el número del caso de Frank, que consiguió gracias a un abogado de Quito. De inmediato, escribió un correo a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de El Oro, de la que Machala es capital, en el que expuso la situación en que se encontraba su sobrino.

Solo entonces el organismo de derechos humanos notificó del caso a la Defensoría Pública. “Debo agradecer la atención de los representantes de ambas Defensorías, pero aún tengo ese sabor amargo de no saber por qué mi sobrino salió en esa condición; por qué la Defensoría Pública de Machala no fue informada en su momento, sino cuando yo les participé”, destaca Pedro.

Más preguntas que respuestas

En realidad, Pedro tiene mucho que preguntar y no poco que buscar. “Las autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Machala aseguran que mi sobrino se autoinfligía golpes. Presumimos que pudo ser por un estado de abstinencia al consumo de drogas; pero también estamos seguros que fue maltratado”, explica.

De ser cierta la versión de que Frank se hacía daño de manera intencionada, ¿cómo es posible que nos enteramos casi mes y medio después de su reclusión? ¿Por qué no permitieron que aportara algún número para ponerse en contacto con sus familiares o algún abogado? ¿Acaso esperaban que se recuperara de los golpes?, se pregunta el tío.

Frank se dirigía a Perú para trabajar y enviar dinero a su familia en Venezuela. Foto cortesía Roanly Rondón

Aún más: por qué no hay un examen forense que determine el origen de las lesiones sufridas y les permita comprender lo que le sucedió. A estas alturas, señala Pedro, al menos ellos no lo tienen. Son elementos del caso que le resultan tan inverosímiles como sospechosos.

Lo que nadie pone en duda en Ecuador es el agudo hacinamiento en cada uno de los pabellones y celdas del Centro de Rehabilitación Social de Machala, así como señalamientos de “golpes con la mano o con objetos y patadas” a las personas privadas de libertad por parte de los agentes de seguridad penitenciaria, según indica el informe de la visita realizada a esta cárcel por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en mayo de 2018.

De la ayuda a la negligencia

La mañana del lunes 25 de mayo Frank Rondón Rojas obtuvo la libertad plena, luego de celebrarse el juicio. El juez no encontró argumentos probatorios para considerar delito. Sin embargo, no le entregaron la boleta de excarcelación, comenta su tío.

El joven venezolano encontró alojamiento temporal en la casa taller de un hermano cristiano en Machala, quien también le ha proporcionado medicinas. “Es un gesto que la familia de Frank agradecemos enormemente”, subraya.

Pedro Izzo sigue a la espera de una respuesta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Cruz Roja Ecuatoriana para que Frank pueda recibir la atención médica y la protección necesaria. También requiere ayuda de las autoridades venezolanaspara traerlo de vuelta a Venezuela.

“Esta es una situación que en buena parte debería atender la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), porque es un caso en el que hallamos cuatro vulnerabilidades: como migrante, situación de calle, problemas por consumo y negligencia como parte del acompañamiento al debido proceso”, refiere Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador.

Consultado el jueves 28 de mayo, Acnur indicó a El Pitazo que el caso de Frank está siendo evaluado por la Agencia y sus socios. “Estamos pendientes para ver las mejores alternativas de asistencia”, explicó un representante en Ecuador.

El lunes 1 de junio fue evaluado por un médico psiquiatra, gracias a las gestiones realizadas por HIAS Ecuador. ¿El diagnóstico? Esquizofrenia. Del Servicio jesuita recibió alimentos y kits de higiene para Frank.

“Tal vez hay miles de casos como el de mi sobrino que son sepultados por el silencio. Quizá los familiares no se atreven o no confían en los mecanismos para denunciar estos maltratos. Pero no hay peor enemigo que el miedo. Hoy exigimos justicia”, enfatizó Pedro Izzo.

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