Especialista llama a pasar de la emergencia a la integración de los venezolanos en países receptores

Sobre la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que los países son solidarios con Venezuela, pero no con los venezolanos. "Muchas declaraciones a favor de la democracia, pero se colocan mayores barreras para impedir el acceso de la población que requiere protección», subrayó

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Se destacaron propuestas por parte de organizaciones civiles y redes de iglesia. Foto cortesía DW

Caracas.- Organizaciones civiles y redes de iglesia destacaron durante reuniones preparatorias de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, celebrada este jueves 17 de junio, que la comunidad internacional debía pasar de atender la emergencia humanitaria y colaboración económica, a desarrollar políticas que permitan la integración de esta población en sus países receptores.

Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), dio a conocer a El Pitazo su perspectiva sobre los compromisos establecidos por la comunidad internacional durante la conferencia de donantes.

«Es equivalente a un tercio de lo que se comprometió en 2020, recaudaron 950 millones de dólares cuando hubo un compromiso de 2.800 millones de dolares (…) Hay un mensaje preocupante, porque estamos hablando de la crisis de migrantes y refugiados mas grande del hemisferio occidental, la segunda en el mundo y que podría convertirse en la primera en un futuro cercano; siendo posible que supere la situación de Siria. Estos fondos son muy insuficientes en estas circunstancias», expresó Bolívar.

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Se busca la integración

La investigadora destacó que organizaciones civiles y redes de iglesia aseguran que el apoyo hacia la comunidad migrante no debe enfocarse únicamente en los aportes económicos, si no en la creación de políticas que permitan la integración de los desplazados venezolanos en sus países receptores.

Por ejemplo, la Coalición por Venezuela presentó dos puntos que destacan la necesidad de pasar de la respuesta a la emergencia humanitaria a la construcción de políticas públicas de largo aliento.»Hubo varias propuestas para impulsar que no se vea solo la parte monetaria, si no el tema de las políticas publicas. Respuestas más integrales, duraderas y a largo plazo con un enfoque de derechos en diversas áreas», señaló Bolívar.

«Las políticas de largo aliento pasan principalmente por dos áreas: en primer lugar, regularización de la población a través de mecanismos flexibles y accesibles a todos; y en segundo lugar, políticas de integración (…) Ya han pasado casi seis años desde que se inició esta situación humanitaria y la salida voluminosa de venezolanos, por lo que hay que pasar de la emergencia a la consolidación».

La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab destacó que la Red de Organizaciones Jesuitas y la Red Clamor coincidieron en la necesidad de dar respuesta más integrales y duraderas en diferentes áreas expuestas en cuatro bloques:

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1. Dar impulso a la realidad migratoria ante el empeoramiento y precarización de la migración de personas provenientes de Venezuela.

2. Que exista un mayor esfuerzo político por parte de los estados en diversas áreas, no solo en asistencia de ayuda humanitaria para la gente que está fuera de Venezuela, si no para los caminantes y personas que siguen dentro del país.

3. Reconocer las vulnerabilidades durante el tránsito internacional y minimizar los riesgos asociados con la separación familiar, tomando en cuenta la coyuntura de que las personas atraviesan fronteras, pese a que estas se encuentren cerradas.

«Se cuestionó el cierre y militarización de fronteras. Los países son solidarios con Venezuela, pero no con los venezolanos. Muchas declaraciones a favor de la democracia, pero se colocan mayores barreras para impedir el acceso de la población que requiere protección», subrayó la investigadora.

4. Acceso a derechos como lo son la educación, seguros, salud y alimentación.

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