El Senado de Estados Unidos aprobó por estrecho margen el proyecto de ley de recortes fiscales y de gastos del presidente Donald Trump, quien fijó como plazo el 4 de julio para promulgarla. La votación quedó 50 a 50, este 1 de julio, y el voto de desempate fue el del vicepresidente JD Vance.
El proyecto, llamado por Trump como Big Beautiful Bill, es una ley de conciliación presupuestaria que reformaría la política fiscal, de salud y energética, lo cual ha generado debates y controversias.
Uno de los cambios es que recorta los fondos para Medicaid (programa de seguro de salud público) y el programa de asistencia alimentaria SNAP.
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Un análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso encontró que 11.8 millones más de estadounidenses quedarían sin seguro de salud para 2034 si el proyecto de ley es promulgado, según una publicación de Telemundo.
Deportaciones masivas
En materia migratoria el proyecto contempla destinar 150.000.000.000 dólares para los esfuerzos de deportaciones masivas, lo que representa cuatro veces más del gasto actual que es de 10.000.000.000 al año, según publicó Telemundo.
De este monto se destinarán 46.500 millones de dólares en la construcción de 700 millas de muro fronterizo, 900 millas de barreras fluviales, 629 millas de barreras secundarias y 141 millas de barreras para vehículos y peatones.
La legislación incluye 45 mil millones para centros de detención de inmigrantes adultos y centros residenciales familiares para albergar a más de 100.000 personas diariamente, con la autoridad para detener a las unidades familiares en espera de sus decisiones de deportación. Se estima, además, aumentar la capacidad de migrantes detenidos de 41.000 camas a 100.000.
12.000 millones dólares serán para contratar a 18.000 agentes y empleados de centros de detención y 1.250 millones de dólares para atender los 3.500.000 casos estancados en las cortes migratorias y así agilizar las deportaciones.
Nuevas tarifas para las solicitudes
El proyecto establece una nueva y extensa estructura de aumento de tarifas para todos los procesos de inmigración.
Se impone una tarifa mínima de asilo de $1.000, además de una tarifa de $550 para solicitar la autorización de empleo y 500 para renovar o solicitar el Estatus de protección Temporal (TPS).
Además, la ley establece que las personas con permiso de entrada al país paguen al menos $1,000 más $550 para la autorización de trabajo.
Contempla también nuevas tarifas para las prórrogas concedidas en los procedimientos de los tribunales de inmigración y para las personas cuya deportación se ordenó en ausencia.
Una vez aprobado el texto por el senado, ahora queda la ratificación de la Cámara de Representantes.
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