Con un discurso demonizador que permitió la propagación rápida de rumores y noticias falsas sobre los migrantes, el republicano Donald Trump se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos.
En su segundo mandato, Trump ha jurado adelantar la mayor ola de deportaciones de inmigrantes que carecen de un estatus legal de residencia en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿es posible expulsar a 11,3 millones de personas no autorizadas a estar en ese país?
“Empecemos con un millón de personas”, señaló durante la campaña electoral el senador por el estado de Ohio y próximo vicepresidente de EE. UU., JD Vance.
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El magnate neoyorquino aseguró que su plan comenzará con los migrantes venezolanos irregulares, a quienes acusó, durante su campaña, de cometer crímenes y arruinar Estados Unidos.
De acuerdo con las leyes estadounidenses, un inmigrante no autorizado es aquel que cruza la frontera sin autorización o se queda más tiempo del permitido por su visado; son llamados también inmigrantes irregulares o extranjeros ilegales.
Especialistas advierten de que, para adelantar deportaciones a gran escala de estos inmigrantes, el gobierno de Donald Trump debe lidiar con obstáculos de naturaleza legal y cotidiana.
Se refieren, por ejemplo, a que pueden surgir demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, investigaciones o cualquier tipo de conflicto que involucre al sistema judicial, ya que los inmigrantes que están en Estados Unidos sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Esto significa que la administración de Trump debe aumentar antes la capacidad y los recursos de los tribunales encargados de resolver los casos de inmigración, hoy sobrecargados de pendientes. Asimismo, la iniciativa necesita una cantidad muy grande de dinero, tiempo y otros recursos para ejecutarse.
El director de políticas en el Consejo de Inmigración de EE. UU., Aaron Reichlin-Melnick, explicó a la BBC que el proceso de deportación de migrantes es largo y complicado: “La identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio”.
Después, los detenidos se verán obligados a permanecer en un centro de detención o en un programa alternativo de detención, en espera de comparecer ante un juez de inmigración. El siguiente paso es la cooperación diplomática del país de origen del inmigrante que será deportado, para que sea recibido.
“En cada uno de esos pasos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, asegura Reichlin-Melnick al medio británico.
Costo económico de las deportaciones masivas
A esto se agrega el costo para la economía estadounidense de adelantar deportaciones masivas de una población que está mayoritariamente en edad de trabajar: 2 tercios tiene entre 25 y 54 años, revela la investigación El Impacto Económico de la Deportación Masiva en Ciudadanos e Inmigrantes Autorizados, de Robert Lynch y Michael Ettlinger. La mayoría de ellos llevan viviendo en Estados Unidos de 10 a 15 años.
Profesor de Economía en la Universidad de Washington, Robert Lynch estima que las deportaciones a gran escala de inmigrantes causarían una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2,6 % y 6 %. En su investigación señala que en los niveles de 2023 eso equivale a una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.
Además, de los 11,3 millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos, unos 8 millones están empleados, lo que supone alrededor del 5 % de la población activa estadounidense. Es decir, son personas que gastan millones de dólares cada año en alimentos, ropa, vivienda, atención médica, entretenimiento y otros bienes y servicios.
De esta manera, “lo que sucederá es que las ventas de las empresas estadounidenses caerán en miles de millones de dólares. Las empresas recortarán lo que producen, despedirán trabajadores, reducirán los salarios y la economía de Estados Unidos se contraerá”, proyecta Lynch, citado por el medio El País.
Los inmigrantes indocumentados, asimismo, aportan a las arcas públicas unos 100.000 millones de dólares al año en impuestos, que sirven para sostener la Seguridad Social y programas como el Medicare. Se estima, además, que por cada persona expulsada el gobierno de Trump debe gastar entre 13.000 y 18.000 dólares.
La decisión puede tener también repercusiones políticas. «Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses (…) Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado», explica el experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson, a la BBC.
Así es que una sombra de duda planea sobre la promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar adelante deportaciones a gran escala de migrantes apenas poner un pie en la Casa Blanca, al menos a corto plazo.
Con información de la BBC y El País
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