El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos suspendió a última hora del martes 19 de marzo la entrada en vigor de la ley migratoria de Texas —que permite la detención y expulsión de migrantes sospechosos de ingresar irregularmente al estado— después de que el Tribunal Supremo levantó su restricción.
El tribunal federal, presidido por el juez Samuel Alito, bloqueó la legislación, conocida como SB4, poco después de que el Supremo la puso en marcha, hasta que esta misma corte se pronunció, lo que solo requirió varias horas.
Un panel de tres jueces decidió disolver una decisión anterior que permitía la implementación tras la decisión del Supremo, y, finalmente, bloquear esa ley estatal que convertía en un crimen cruzar irregularmente desde México hasta Texas.
Culmina así, por el momento, una serie de idas y venidas entre el Supremo y este tribunal federal con sede en Nueva Orleans. Tras extender la suspensión a la ley, el Supremo decidió hoy levantarla y dejar en manos del Quinto Circuito la decisión sobre la entrada en vigor.
Ese tribunal anunció que este miércoles escuchará argumentos sobre la ley, con lo que el futuro de esta criticada legislación sigue en el aire.
El gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes critican la ley por inconstitucional. El Gobierno de México también la rechazó duramente.
La ley, una de las medidas antiinmigración más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país y tendrán la facultad discrecional de mandarlo a México en vez de arrestarlo.
Inicialmente, la medida, promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones y obtuvo respaldo, por lo que demandantes acudieron al Supremo para evitar que la ley entrara en vigencia.
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