Caracas.- La presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), Patricia Rojas, sostiene que la solución a la migración irregular no consiste en expulsar a los venezolanos, sino en abordar las causas que los hicieron salir de su país de origen.
«El problema de la migración venezolana forzada se detiene cuando tengamos un cambio efectivo en Venezuela que impacte en la calidad de vida. Que impacte en la promoción, defensa y ejercicio de derechos», dijo Rojas a El Pitazo.
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La presidenta de la ONG enfatizó en que la migración irregular impacta negativamente en diversas áreas. «Desde Asovenchile siempre hemos dicho, y somos conscientes, de que el problema de la migración irregular perjudica a todos los actores: las personas que ingresan por pasos no habilitados, las comunidades de acogida y, por supuesto, a la comunidad en general, al país en general».
Aunque elogia algunas medidas tomadas por el Gobierno chileno, como el proceso de empadronamiento biométrico y la implementación de políticas de protección a los niños migrantes, Rojas asegura que no es suficiente para atender la llegada de migrantes forzosos.
«Hay que seguir avanzando en el reconocimiento de la institución del refugio. El refugio es un derecho humano, está establecido (…) Si no terminamos de entender que el movimiento de personas venezolanas responde a una crisis humanitaria muy compleja y multidimensional, no vamos a poder avanzar en una política migratoria, ni en Chile ni en la región, capaz de hacerse cargo de estos desafíos y de aprovechar de una manera más inteligente todo lo que representa la migración», expone la presidenta de Asovenchile.
Un enfoque desactualizado
Patricia Rojas expone que la legislación migratoria chilena se enfoca principalmente en abordar a una migración de personas con un mayor nivel de recursos, educación y planificación.
«Nosotros lo dijimos, en su momento, que la nueva ley de inmigraciones era necesaria, pero que se quedaba corta, porque no está enfocada en el corto y el mediano plazos, sino que trataba problemas que existían en Chile hace cuatro o cinco años», dijo Rojas.
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Sostiene además que la ley no se hace cargo de las personas que no tienen acceso a documentación ni medios de vida dignos en Venezuela, lo que las empuja a exponerse a rutas extremas como la selva del Darién o el altiplano chileno.
«El problema real de la movilización que tenemos en la región no se trata de una migración económica, sino de un destierro desde Venezuela, que fuerza a las personas a irse a otros países», dijo.
En octubre de 2023, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, aseguró que el Gobierno de Venezuela se comprometió a dar todos los documentos y salvoconductos necesarios para acelerar las expulsiones judiciales y aquellas que son de carácter administrativo en los tiempos estipulados.
Según la ley, las personas que poseen orden de expulsión solo pueden permanecer retenidas durante cinco días.
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